Los detenidos por amenazas a locales que abrieron en el paro podrían ir a prisión

En caso de ser encontrados culpables por el cargo de amenazas coactivas deberían cumplir una condena de 2 a 4 años de cárcel, según reveló la fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad de Investigación y Juicio.

Miércoles 26 de Septiembre de 2018

Fueron imputados esta tarde los siete gastronómicos que fueron detenidos durante la jornada de ayer acusados de amenazas coactivas contra locales comerciales que decidieron abrir sus puertas mientras se desarrollaba el paro nacional impulsado por la CGT y las dos CTA. En caso de ser encontrados culpables, deberían cumplir con una pena de 2 a 4 años de prisión, según precisó la fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad de Investigación y Juicio.
Los seis delegados gastronómicos y el empleado fueron detenidos ayer a la mañana acusados de amenazar a los propietarios y a clientes que se encontraban consumiendo en los bares de 3 de Febrero al 400 y Alem al 1700 y los "obligaron a retirarse y a cerrar las puertas" en el marco del paro general. En las primeras horas de la noche recuperaron la libertad.
Durante la audiencia de hoy se ordenó que los siete acusados queden en libertad pero el juez José Luis Suárez les dictó una prohibición de acercamiento con los denunciantes, titulares de los bares de calles Alem y de 3 de Febrero.
Además, los imputados tendrán que ir a firmar semanalmente al Centro de Justicia Penal.
La fiscal Haurigot aseguró que "el material de evidencia es contundente".
"Siete personas descienden de una camioneta y expresan dichos intimidantes y amenazantes para que cierren el comercio", detalló la funcionaria judicial.
Haurigot también contó que de ser encontrados culpables los acusados tendrían una pena que va de los 2 a los 4 años de prisión. Sin embargo, como no tienen antecedentes penales, sería de cumplimiento condicional.
Los imputados no declararon y sus defensas atribuyeron lo ocurrido al derecho constitucional a la huelga. Para el Ministerio Público de la Acusación en cambio existió "una colisión de derechos de igual jerarquía constitucional, por el derecho de trabajar".

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