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Liberan a policías detenidos por el escándalo del violador de Vera

Son los uniformados imputados en el resonante caso Díaz, de quienes se sospecha facilitaron el ingreso de la hija adolescente y víctima del detenido a su celda.

Jueves 15 de Octubre de 2015

Los cuatro policías imputados en el resonante caso Díaz recuperaron su libertad ayer, luego de la audiencia de medidas cautelares realizada en la Oficina de Gestión Judicial de la ciudad de Vera. La decisión la tomó el juez de la investigación penal preparatoria, Mauricio Martelossi, a pesar del pedido de la Fiscalía que ya adelantó que apelará la medida.
  Los cuatros policías fueron detenidos e imputados a raíz de lo ocurrido el 16 de septiembre en la alcaidía de Vera, oportunidad en la que se permitió el ingreso de una niña de 15 años, víctima de abuso sexual, a la celda en la que estaba alojado su padre, el victimario, para que éste la obligara a retirar la denuncia en su contra. El acusado es Manuel Díaz, un empleado judicial del Ministerio Público de la Defensa que fue detenido tras la denuncia de abusar sexualmente de su hija, en al menos dos oportunidades.
  Ese día, la abuela, la tía paterna y la hermana de la menor la llevaron mediante engaños ante su padre para que él la convenza de retirar la denuncia y le transmita cómo debía declarar ante la Justicia para aliviar su situación penal.
  Por el ingreso de la víctima a la Alcaidía fueron detenidos e imputados el entonces jefe de la Alcaidía de Vera, Guillermo Starcevich; el oficial de guardia Carlos Paniagua; el suboficial Juan Sánchez y el oficial Fabricio Visconti. Se los inculpó por los delitos de coacciones, compelimiento agravado por la edad de la víctima y por la cantidad de participantes e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Starcevich también fue imputado por el delito de cohecho. Ahora, no obstante haber rechazado la solicitud de prisión preventiva realizada por los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el juez ordenó que Starcevich, Paniagua, Sánchez y Visconti quedaran en libertad bajo restricciones.
  Así, se les impuso a los cuatro agentes policiales una prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima, además de una prohibición de comunicación entre ellos. Según se desprende de un comunicado oficial emitido en la tarde de ayer por el MPA, el juez entendió que el peligro procesal de entorpecimiento probatorio podía ser conjurado con medidas de menor impacto a la prisión preventiva y así lo resolvió.
  Además, los fiscales del MPA pidieron la citación a audiencia imputativa al jefe y subjefe de la comisaría 1ª de Vera, Claudio Fernández y Fernando Gómez, respectivamente, y al comisario Atilio Ceferino Visconti, quien presta funciones en esa dependencia.

Más imputados. Margarita Zárate y Liliana Díaz, madre y hermana de Díaz, fueron imputadas por los delitos de amenazas coactivas y de sustracción, retención u ocultamiento de una persona con el fin de obligarla a hacer algo contra su voluntad, triplemente agravado, en concurso real, y todo agravado por la intervención de un menor de 18 años. Por estos delitos, el juez Martelossi les impuso a ambas prisión domiciliaria con restricción de contactos con familiares por 60 días.

Amenazas. Luego de que los acontecimientos tomaran ribetes de escándalo por la naturaleza del delito, la liberación del acusado decidida por el juez Gonzalo Gon y la reiteración de la violación del victimario a su propia hija, el caso volvió a sorprender cuando Díaz orquestó un proceso para evitar el alcance de la Justicia.
  Con la anuencia de policías y familiares hizo llevar a la menor abusada a su celda y la amenazó con matarla si no retiraba la denuncia. Además, le entregó cigarrillos de marihuana y dinero en efectivo para que la joven dijera que eran producto de su adicción a las drogas y que su madre la explotaba sexualmente y la obligaba a prostituirse.
  Según relató después la madre de la menor, “le dijo también que si ella no le hacía caso, él conocía a gente muy poderosa que iba a matarla a ella, a su madre y que luego él se suicidaría” para no acarrear con las consecuencias penales.
  La secuencia duró poco más de 20 minutos, en los que la chica estuvo sola con el hombre hasta que, alertada por el juez penal de la causa, llegó a la Alcaidía la defensora civil que interviene en el caso. Retiró a la víctima y la llevó a su despacho, en los tribunales de Vera, donde asentó la denuncia.

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