“Nos tienen de mentira en mentira. Yo siento vergüenza, porque esto no es vida. Vivimos todos apretados”, dijo con una enorme tristeza Hugo Orellano padre de una familia con seis hijos que viven desde 2008 en la sala de jardín de infantes de la Escuela Nº 245 Juan Bautista Azopardo, ubicada en camino a Monte Flores. Oficiaban de caseros del establecimiento educativo rural hasta que la provincia dejó sin efecto el contrato de comodato que tenían.
Desde entonces lo que debiera ser una sala de jardín para los chicos de esta escuela de Monte Flores es la vivienda donde habita una familia de 8 integrantes: Hugo y su esposa Marisa, con seis hijos que tienen entre 10 y 19 años. Todos es una misma sala, donde duermen y comen todos los días.
“Me dijeron que ya me iban a conseguir un terreno; y si me tiran los materiales la casita me la levanto yo, porque trabajo de albañil”, repasa pidiendo que esa eterna promesa se cumpla. La última vez que alguien de la Provincia los visitó para seguir su situación “fue hace menos de un mes, cuando llegó alguien de Desarrollo Social”.
“Pero me tienen de promesa en promesa. Si hasta Lifschitz vino el año pasado y le dijo a mi señora que nos iba a solucionar todo pero después no aparecieron más”, agregó Orellano.
“Vivimos apretados, esto no es vida y nos tienen de mentiras en mentiras. Yo siento vergüenza, mi señora tiene que estar hasta las doce y media encerrada, porque están las maestras, los chicos. Nos da vergüenza”, continuó apenado.
Orellano es albañil y trabaja haciendo changas. Su esposa trabaja “por hora” aunque ahora está sin trabajo.
Un matrimonio con seis hijos vive en la sala de jardín de infantes de la Escuela Nº 245 Juan Bautista Azopardo, ubicada en camino a Monte Flores. Hasta el año pasado eran los caseros.
La escuela se ubica sobre el camino de tierra que lleva a Villa Amelia. Hasta 2008 la familia vivía en una zona cercana a General Lagos en un lugar muy precario. La directora de ese entonces les ofreció la casa de la escuela para que vivan allí y oficien de caseros. Tal como recuerdan se acordó un contrato de comodato con el Ministerio de Educación (en 2008).
La familia propuso hacer reformas (en tiempo de receso) a la casa ubicada detrás de la escuela. Les dijeron que sí y mientras tanto los ubicaron primero en un salón de la escuela, y luego en la sala de jardín que estaba próxima a estrenarse. “Hasta la llave nos dieron”, había señalado la madre de familia, Marisa Ibañez, en una nota a este medio.
De acuerdo con ese relato, cuando terminaron de arreglar la casa desde el Ministerio de Educación de la provincia les dijeron que no podían volver. Y allí quedaron: la familia habitando en la sala de jardín que los chicos nunca estrenaron.
Más tarde la casa que era de los caseros fue ofrecida por el Ministerio a la portera escolar.
Cuando el caso se conoció públicamente, la directora de la Región VI de Educación, Marta Díaz, buscó deslindar responsabilidades en los hechos. "Si bien la directora de la escuela elevó el pedido al Ministerio para que se permita vivir a esta familia en esta escuela, eso nunca fue autorizado" dijo.
También había asegurado que "estaban buscando una vivienda para esta familia y que no sería sacada por la fuerza".