“Una sensación de alivio porque este grupo criminal se creía dueño de la vida y muerte de los rosarinos. La Justicia provincial tuvo un fallo ejemplar”, afirmó el entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tras la condena a Los Monos. Ahora, como gobernador, tiene una sensación similar frente al pedido de prisión perpetua a los once acusados de la llamada semana trágica.

Se trata del juicio que transita las iniciales audiencias preliminares por los asesinatos, mientras trabajaban, de dos taxistas, un colectivero y un playero, ocurridos entre el 5 y el 9 de marzo de 2024, como represalia al endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil.

Un plan macabro que dejó a la ciudad paralizada y terminó siendo el punto de inflexión para la gestión de Pullaro, porque después de ese momento límite encaminó el plan de seguridad. En la Casa Gris, por lo bajo, coinciden con esa expectativa de pena.

Política y ley

En términos políticos, una condena como la pedida por la fiscalía sería combustible para el gobierno provincial para refrescar dónde se estaba y dónde se está en términos de seguridad.

Incluso, lo llevaría a revalidar su plan de lucha del crimen y hasta aquellas decisiones clave en las horas más oscuras cuando todo era límite a cuatro meses de asumir y se preguntaban si cedían frente a la presión narco o mantenían el rumbo.

De aquello ya pasaron dos años. Frente a la segunda mitad de las gestiones ejecutivas, sea del presidente de la Nación o de los gobernadores, la sociedad tiende naturalmente a mostrar algún tipo de distancia. Ya la espuma baja del idilio inicial, las tolerancias se achican, se perdona menos, se naturalizan obligaciones y se cuestionan los deslices.

El ejemplo más claro, aunque abundan, es la crisis por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que estalló por la torpeza de satisfacer a su pareja. Parece algo simple pero termina en escándalo y hasta quitándole las chances de competir por la ciudad.

Por eso, además de ajustar los detalles más que nunca para no tener errores no forzados, los gobiernos en sus segundas mitades y ya pensando en el año electoral se enfocan en mantener los logros a la vista. Y una eventual sentencia ejemplar tras semejante hecho dramático sumaría en ese camino para el gobierno de Pullaro y su seguridad.

Por más que sea la Justicia la responsable de impartir justicia, frente a un fallo de trascendencia, los gobiernos toman parte. Ocurrió con la condena a Los Monos.

También se consolidaría, en algún punto, el trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el gobierno santafesino, que Pullaro promovió y hasta logró establecer esa coordinación en el diseño de la política de persecución penal en la nueva Constitución santafesina.

La Justicia

Toda esa secuencia vincular entre el gobierno provincial también tiene sus desapegos con una parte de la Justicia. El jueves y viernes pasados se dieron las XII Jornadas Institucionales de la Junta Federal de Cortes, encabezadas en la ciudad de Santa Fe por el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez.

La protagonista central de la primera jornada fue, nada menos, que la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, con una conferencia bajo el sugestivo título "Estándares del sistema interamericano para la protección de la independencia judicial".

Allí comentó, sin ningún tipo de nombre ni referencia sino en una radiografía general de América Latina, que "uno de los desafíos de la región para evitar injerencias externas tiene que ver con las remuneraciones y condiciones laborales", y que hasta hubo casos en la Corte Interamericana.

Vale recordar la discusión de años del sector judicial con el Ejecutivo por el enganche salarial, pero en este caso con algo de lectura puede vincularse a la reforma previsional, que introdujo cambios en el sistema jubilatorio con la creación de un aporte solidario que aumentaba según el nivel salarial para solventar la crisis de la Caja de Jubilaciones.

Luego la jurista amplió el alcance: “Hablamos de los procesos de selección, disciplinarios y remoción”. Ese fue uno de los temas que tuvo resistencias del sector judicial durante la reforma constitucional y se debatió intensamente.

Hasta citó a los “recursos humanos y técnicos” como garantes de independencia, lo que se puede asociar por más que hablase de manera general, con el pedido de nombramiento de magistrados frente a las vacantes en el sistema judicial de Santa Fe, que se encaminó y en el gobierno afirman que, en breve, se cubrirán los concursados. Hubo diálogo entre Corte y gobierno. Por el lado de los magistrados dicen que son parciales esos avances.

En conclusión, se está frente a un momento de cambios en Santa Fe donde el gobierno consolida su estrategia de persecución penal y seguridad para mostrar el sello de su gestión en la temprana previa electoral. Mientras la Justicia SE reacomoda buscando siempre preservar la independencia.