La Región

Vicentín: acreedor pide la quiebra y la crisis arrastra a otra corredora

La empresa Gagliardo Agrícola Ganadera presentó un pedido ante la Justicia de Rosario. Ayer un correacopio entró en cesación de pagos.

Viernes 07 de Febrero de 2020

La crisis de Vicentín tuvo un giro clave ayer, cuando ingresó a los Tribunales de Rosario el primer pedido de quiebra contra la principal exportadora de harina y aceite del país.

    La presentación fue realizada por Gagliardo Agrícola Ganadera SA, que integra el grupo RJG al igual que Obring, un peso pesado de la región en la construcción pública y privada.

    Los directivos de la empresa evitaron hacer declaraciones hasta que haya una resolución del juzgado Civil y Comercial Nº 14, a cargo de Marcelo Quaglia, donde recayó el reclamo.

    En concreto, este pedido de quiebra acelera los tiempos de la crisis del gigante agroexportador, que el miércoles anunció que “no claudicará en el objetivo de concretar el plan de acción” que les presentó hace diez días a los productores y aseguró que “la propuesta realizada a los acreedores comerciales cosechó un gran número de adhesiones”. Incluso, responsabilizó a los acreedores que se presentaron a la Justicia de paralizar su producción.

“Las medidas cautelares interpuestas por unos pocos acreedores comerciales, activadas en el período de feria judicial, han imposibilitado la puesta en marcha de las plantas, pese a que había interesados de primera línea en fasones que lo hubiesen permitido”, indicó.

Efecto dominó

En este marco, el “stress financiero” de Vicentín generó un efecto dominó en la operatoria de comercialización de granos, tal como descontaban en el mercado. Por caso, ayer la corredora Guardati Torti, propietaria del acopio GYT Plus SA anunció que sufrió “un impacto de consideración” en sus finanzas que “torna muy difícil el cumplimiento de las obligaciones asumidas” (ver aparte).    

De este modo, el pedido de quiebra que ayer realizó Gagliardo a Vicentín hace tambalear el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con el que la compañía busca regularizar su deuda comercial de unos u$s 350 millones.

Esto representa sólo una parte de la deuda total, estimada en u$s 1.300 millones.

Las opciones en la Justicia

El abogado Federico Tjor, integrante del estudio Golber & Asociados, especialista en esta materia, explicó que la limitación de este tipo de acuerdos es precisamente el ingreso del pedido de quiebra.

    “Si eventualmente se dicta la quiebra el APE no va a tener más sentido porque el juzgado donde se va a tramitar va reunir toda la deuda y allí va a tener que llevarse todo el proceso de verificación de créditos, liquidación de los bienes”, agregó el especialista.

    Una posibilidad si se dicta la quiebra es que el proceso se convierta a pedido de la empresa en un concurso de acreedores.

    En este caso, señaló Tjor, “los efectos van a ser similares a los del APE: van a tener que conseguir mayorías y efectuar una propuesta. Si consiguen esas mayorías el acuerdo se va a hacer obligatorio para los que firmaron y para los que no lo hicieron; si no lo logran se le va a dictar la quiebra”.

    Por su lado, las medidas cautelares tramitadas en la justicia rosarina se caerían en el caso de que se homologue un APE, se abra un concurso preventivo se dicte la quiebra. De darse esta situación, remarcó Tjor, las empresas litigantes “deberían cobrar en el mismo modo que los acreedores de su condición, salvo que existiera algun tipo de garantia real como fuera una hipoteca, o una prenda o un warrant (un título de crédito)”.

    Con todo, se tratará de un proceso relativamente rápido. “No hay juicio ante quiebras, el deudor tiene cinco días para que manifieste lo que entienda a su derecho, y llegado el caso el juez resuelve”, indicó el profesional.

    Sin embargo, al mismo tiempo reconoció que la particularidad del caso podría generar “algún tipo de demora o particularidad al trámite”.

Futuro incierto

En este escenario, la continuidad de Vicentín aparece rodeada de interrogantes. Las plantas de San Lorenzo y Ricardone se encuentran paralizadas y los 2.000 empleados de la firma están suspendidos.

A fines de enero trascendió que Vicentín estaba negociando con la compañía europea Glencore para vender activos y así aliviar las finanzas de la exportadora.

    En diciembre, ya Vicentín vendió a Glencore parte de su participación en Renova, el emprendimiento que tienen en conjunto.

    No obstante, se calcula que una eventual transferencia de activos sólo sanearía una parte del pasivo de Vicentín, cuyo mayor acreedor es el Banco Nación, con el que acumuló deudas por 18.000 millones de pesos. Ese crédito, que representa según las nuevas autoridades del banco el 20% del patrimonio de la institución, motivó una denuncia judicial contra el titular del Nación durante el gobierno anterior, Javier González Fraga.

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