La Región

Tres años de prisión para la ex superiora de las Carmelitas

La condena para Luisa Toledo será efectiva, por privación de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas a las internas.

Sábado 06 de Julio de 2019

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay (Entre Ríos), condenó a tres años de prisión efectiva a la ex madre superiora del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Nogoyá, Luisa Esther Toledo, por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada.

La condena se supo durante la lectura, ayer, del adelanto de sentencia en el juicio que tiene como imputada a quien dirigía el convento de las Carmelitas Descalzas, acusada de ser "autora penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia y amenazas, y por su duración mayor a un mes".

El caso que conmocionó a la opinión pública se conoció por la denuncia judicial de dos ex carmelitas luego de la inacción de las autoridades de la Iglesia Católica de Paraná, principalmente el obispo Juan Alberto Puiggari. Tanto en la etapa investigativa como en el juicio oral y público contaron cómo fueron víctimas de tormentos, específicamente castigos corporales y encierros prolongados por parte de Toledo. En los alegatos de clausura la Fiscalía no sólo mantuvo la acusación, sino que solicitó que se la condenara a seis años y seis meses de prisión efectiva. Por su parte, la defensa reclamó la absolución para su asistida.

Más allá de lo que resolvió el tribunal —sentencia condenatoria o absolutoria— el dictamen deberá quedar firme en una instancia superior.

El primer voto estuvo a cargo del presidente del cuerpo, Darío Crespo, mientras que el segundo y el tercero fueron emitidos por Javier Cadenas y Alejandra Gómez.

"Sanación del daño"

Desde que se abrió la causa y el proceso administrativo en la Justicia ordinaria, las víctimas asumieron el compromiso de lograr una reparación personal por el sufrimiento padecido en el carmelo nogoyaense. No lo hicieron sólo por ellas, sino pensando en las monjas que atravesaron similares padecimientos.

Marcelo Albarenque, hermano de una de las denunciantes, dijo al diario UNO de Entre Ríos que esperan el veredicto con tranquilidad y alivio: "Hubo reparo y sanación del daño causado por haber sido escuchados por el tribunal, tanto ella como denunciante, y en segunda instancia, nosotros como testigos. Ese solo hecho es reparador y tranquilizador".

Albarenque expresó que la responsabilidad de definir una condena o la absolución de la acusada está en manos de los camaristas y aclaró que no se constituyeron como querellantes "porque no se tiene un ánimo de venganza o revanchismo con esto".

Como familiar lamentó la inacción de la Iglesia en todo este proceso: "Quienes debían hacer algo en esta situación, hasta hoy hicieron silencio y se han escondido detrás de abogados defensores, y de los mármoles de sus palacios", dijo.

"Quedó probado que las víctimas fueron privadas de su libertad, luego de manifestar sus intenciones de dejar el convento", señaló el juez Darío Crespo al leer el adelanto de sentencia este viernes.

Rigurosos castigos

Toledo fue acusada de obligarlas a "aplicarse y cumplir rigurosos castigos, y también las utilizaba como elementos de sus propias autocorrecciones", según los magistrados. Para los castigos, utilizó látigos encerados, disciplinas, tabiques de madera y piola y mordazas para la boca, cilicios, y coronas de alambre con púas.

Silvia Albarenque estuvo privada de su libertad por aproximadamente seis años hasta el 1º de abril de 2013, cuando "por razón de salud fue entregada a su hermana", mientras que Roxana Peña "por año y medio hasta el 28 de marzo de 2016 cuando pudo escapar" del convento. Ambas "hicieron saber en forma reiterada de diferentes maneras la decisión de dejar el convento, pero Toledo ignoró, desechó y destruyó los papeles donde demostraban sus intenciones y no les permitió abandonar el recinto" remarcaron los magistrados.

Los reclamos de libertad "eran amainados y aplacados, llevándolas a la convicción de que no tenían nunca posibilidad cierta de tener la libertad que reclamaban", señalaron. En su declaración, Peña dijo que "no las dejaba salir, las obligaba a golpearse con látigos, usar cilicios y mordazas, las encerraba por semanas a pan y agua, en un tratamiento inhumano e indigno constante".

Peña sufrió "una constante mortificación psicológica", y castigos por cada acto cotidiano como "romper un vaso, con siete días de encierro", por lo que consideró que lo que vivió "fue el mismo infierno". Por eso, teniendo en cuenta la edad y estado de salud de la religiosa, los jueces condenaron a 3 años de prisión efectiva que "cumplirá en la Unidad Penal 6 de Paraná, cuando la sentencia quede firme".

Mimetizados con el dolor

El fiscal Jorge Gamal Taleb calificó como "un gran fallo" aseguró que "la Justicia se mimetizó con el dolor de las víctimas y ese es el camino correcto para recuperar la credibilidad del Poder Judicial". Taleb solicitó seis años y seis meses de prisión, pero "si las víctimas comparten la decisión del Tribunal no interpondríamos ningún recurso" de apelación, informó en diálogo con la agencia Télam. Además, destacó que gracias al juicio "no continuaron y se suprimieron los castigos corporales, y otras personas que querían irse (del convento) pudieron hacerlo".

Taleb remarcó que "todas vivían lo mismo", y estima que "hay más víctimas" aunque "tienen votos de silencio y un lavado de cerebro de años".

La lectura de la sentencia se realizará el 29 de julio a las 8.45.

En una carta difundida a la prensa, Silvia Albarenque agradeció al Ministerio Publico Fiscal "por ser el motor de corrección y cambio de situaciones gravísimas e injusta". El Tribunal al "solo escucharnos nos liberó de un enorme peso y reparó parte del daño soportado", consideró. "Luego de intentar durante años por canales eclesiásticos, optamos por informar a la prensa lo sucedido, con el único objeto de evitar que otras chicas sufrieran vejaciones similares a las nuestras", agregó en el escrito.

Desterrada en el Chaco

La ahora condenada Luisa Esther Toledo, quien resultara apartada de su cargo por una resolución judicial en 2016, se encuentra desterrada actualmente en una casa religiosa de la provincia de Chaco. Recién en 2018, el Vaticano designó a las nuevas autoridades del carmelo: desde Roma se nombró priora a Itatí Miño.

La mujer, que supera largamente los 60 años, acusó diferentes problemas de salud desde que se habilitó el proceso judicial, incluso el comienzo del juicio se postergó por su deterioro físico.

Según se pudo establecer, Toledo padece de diabetes y de una grave patología, que la llevó a estar acompañada por una asistente en la primera audiencia del debate en Gualeguay. Después no volvió a concurrir a la sala, aunque hoy se espera su presencia en la lectura del adelanto de sentencia.

Más allá de cualquier especulación, en caso de dictarse una condena o de formularse un fallo absolutorio, se deberá aguardar que la sentencia adquiera firmeza.

El juez Crespo aclaró también que las conductas investigadas "en modo alguno implican denunciar a la Iglesia católica ni enfrentar la fe con la razón sino juzgar a quien aparece como única y exclusiva responsable de las conductas que tipifica el Código Penal".

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