La firma IDM, ubicada en San Lorenzo, se ocupa de la recepción, neutralización y tratamiento de residuos industriales peligrosos para su disposición final. Su socio fundador, Enrique Lauría, falleció hace un tiempo y la empresa paralizó su actividad. A finales del 2025 un grupo inversor adquirió el paquete accionario y en ese marco se inició un conflicto con el supuesto representante del porcentaje minoritario, Jorge Aragón, que derivó en protestas, difusión de audios y la posterior judicialización en el fuero penal. El abogado de la firma, Gustavo Feldman, indicó que denunciarán a Aragón por extorsión.

Aragón se mantuvo frente a las puertas de la empresa en una casilla y desde allí habría hostigado a los nuevos dueños de la firma. Feldman detalló que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó una audiencia urgente para pedir la revocación de las medidas alternativas sobre Aragón y su inmediata prisión preventiva por haber desobedecido de forma sistemática las pautas de coerción impuestas por la Justicia.

Medidas cautelares

Según explicó Feldman, durante la audiencia penal celebrada el pasado jueves, el juez Eugenio Gazza ratificó y profundizó las medidas cautelares previas dictadas por el fuero laboral, que le impusieron a Aragón la estricta prohibición de acercamiento, el cese inmediato de todo acto de hostigamiento, la firma quincenal ante la Justicia y la prohibición expresa de filmar la planta o difundir publicaciones en redes sociales.

"Este hombre pretende un resarcimiento de un millón de dólares a partir de una tira de acciones que dice tener de socios minoritarios, pero esas acciones tienen un valor ínfimo, representan menos del 2 %. Evidentemente hay una actitud extorsiva", destacaron desde el estudio.

El abogado expresó que "el juez Gazza fue sumamente explícito y le explicó con docencia jurídica que el derecho a la protesta no puede ejercerse de cualquier forma porque se convierte en un proceder ilegítimo, ilegal y delictual. Sin embargo, desde el mismo jueves hasta el lunes hubo una recurrencia sistemática en la violación de esas pautas por parte de Aragón y de su hija. Ante este cuadro, el fiscal Nicosia pidió la audiencia para revocar la libertad condicional, lo que habilita la prisión preventiva para asegurar los fines del proceso e investigar el delito de desobediencia judicial (art. 239 del Código Penal)”, detalló para destacar que "las medidas de fuerza y escraches impulsados por Aragón carecen de todo sustento legal o societario".

Falso apoderado

Las constancias aportadas a la causa penal y laboral certifican que Aragón nunca figuró en el libro de accionistas ni fue titular de cuotas parte de IDM. Tampoco existen registros laborales ni de seguridad social que lo vinculen como exempleado de la firma tratadora de residuos industriales.

Feldman destacó que Aragón "afirma ser apoderado de un porcentaje minoritario, pero nadie en la Justicia civil, laboral o penal vio jamás un poder o procuración formal. Se autoproclama como tal para intentar validar por vías de hecho y mediante aprietes lo que no tiene ningún reclamo en sede judicial ordinaria. No persigue defender el medio ambiente ni fuentes laborales: persigue dinero a como dé lugar, en una tesitura que raya en la extorsión”.