El Concejo Municipal de Casilda prorrogó por tres meses una ordenanza que fija severas multas contra quienes realicen reuniones sociales no autorizadas por el municipio en el actual contexto de la pandemia de Covid-19.
Por Gustavo Orellano
El Concejo Municipal de Casilda prorrogó por tres meses una ordenanza que fija severas multas contra quienes realicen reuniones sociales no autorizadas por el municipio en el actual contexto de la pandemia de Covid-19.
La medida apunta a mantener un instrumento que busca poner coto a las fiestas clandestinas, que si bien disminuyeron siguen existiendo. Así quedó al descubierto hace un par de semanas, cuando la policía desarticuló dos encuentros prohibidos en los que se congregaron numerosos jóvenes. A ello se suman otras intervenciones anteriores que también recalaron en la justicia ordinaria para que actúe en consecuencia.
Lo concreto es que en últimos meses todas las actuaciones fueron llevadas adelante en el marco de operativos policiales, lo que pone en evidencia que la norma sancionada en mayo por el Legislativo local y extendida ahora por 90 días aún no tuvo efectos prácticos.
Al Juzgado Municipal de Faltas no ingresó hasta la fecha ninguna constatación de infracción a la normativa en cuestión, que seguirá vigente hasta fines de noviembre.
La decisión abre el interrogante sobre qué sentido tiene mantenerla en pie cuando los datos de la realidad demuestran que las acciones para desactivar fiestas clandestinas en esta ciudad cabecera del departamento Caseros están siendo desarrolladas por la policía.
En tal sentido, el concejal radical y autor de la prorrogada norma, Mauricio Plancich, explicó a La Capital que “la idea es darle una herramienta al Ejecutivo para desalentar este tipo de reuniones que son un foco de contagio en este tiempo de pandemia que todavía no terminó”. Y sobre su aplicación sostuvo que “no depende del Concejo sino del gobierno municipal, que tiene potestad para eso aunque hasta el día de hoy no la haya hecho”.
Por su parte, el secretario municipal de Gobierno, Andrés Docnich, valoró el espíritu de la iniciativa al señalar que “es una herramienta más”, aunque admitió que “los operativos son derivados a la policía para que luego intervenga Fiscalía”.
La ordenanza prevé sanciones económicas que van desde los 3 mil a 20 mil Unidades Fijas (UF), cuyo valor por unidad equivale al precio de un litro de nafta súper, que en Casilda cuesta 99,70 pesos.
Ello significa que los infractores se verán obligados a pagar entre 299.100 y 1.994.000 pesos. La normativa establece destinar lo recaudado por las multas impuestas a organizadores o titulares de inmuebles donde se realicen este tipo de actividades prohibidas a efectores públicos de salud para el “combate contra el Covid-19”.
El dato positivo es que la situación epidemiológica en Casilda mejoró, aunque se sigue insistiendo con los cuidados preventivos a fin de evitar que se produzca un excesivo relajamiento social que termine alterando el panorama favorable. El último reporte dado a conocer la noche de este miércoles 1º de setiembre registró 6 nuevos casos positivos que elevaron a 5.894 el número de infectados desde que comenzó la pandemia y de los cuales ya se recuperaron 5.632 y murieron 158.