El cartel es elocuente. De los dos lados las frases son contundentes. Inolvidables. De un lado reza la leyenda “Unidad Penal de Coronda. A 46 años del último golpe cívico-militar: los crímenes de lesa humanidad no prescriben, por eso están siendo juzgados. Nunca más Terrorismo de Estado”. Del otro lado dice en el encabezado: “Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado” y describe los hechos que se vivieron entre 1974 y 1979. Fue puesto a la vista de todos ayer en la vereda de la Unidad 1 Dr. César Tabares para visibilizar a la cárcel corondina como Centro Clandestino de Detención en épocas de la Dictadura, e incluso en años previos.
En el repaso de lo que sucedió, se remarca el juicio del 11 de mayo de 2018, cuando el Tribunal Oral Federal constituido por María Ivón Vella, Luciano Homero Lauría y José María Escobar Cello, dictó la sentencia que condenó a los ex Comandantes Generales de Gendarmería Nacional que revistaron el cargo de directores de la cárcel de coronda entre 1977 y 1979: Juan Angel Domínguez a la pena de 17 años de prisión y a Adolfo Kushidonchi a 22 años.
En el mismo, a través de las audiencias orales y públicas que se desarrollaron desde el comienzo (el 14 de diciembre de 2017) transitaron más de 90 testigos, se juzgaron 39 casos de tormentos agravados y las muertes de Luis Alberto Hormaeche y Raúl Manuel San Martín, ocurridas en la Unidad 1.
En Reconquista
En tanto, el lunes se realizó la señalización de la Base Aérea Militar Reconquista, ubicada en el Km 783 de la ruta Nacional Nº 11 de esa ciudad del norte santafesino, en la que estuvo presente el Ministro de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla.
En abril de este año ya se había hecho un acto similar en Villa Constitución, precisamente en la planta de la empresa metalúrgica Acindar donde ocurrió “El Villazo”.
Desde Derechos Humanos de la Nación indicaron que “el caso Acindar permite comprender de qué manera funcionó la articulación empresarial-militar, en lo que fue el proceso represivo llevado a cabo por diversas fuerzas militares y de seguridad, durante el que fueron asesinadas 21 personas vinculadas con la empresa, de las cuales aún continúan desaparecidas 9, mientras que 66 fueron privadas de su libertad y luego liberadas”.
El ejemplo más extremo de esta colaboración es que la siderúrgica llegó a ceder un espacio de sus instalaciones para que sea utilizado como centro clandestino de detención por las fuerzas de seguridad, lo que fue denunciado por las víctimas a lo largo de décadas. Principalmente, este caso puso en evidencia también uno de los objetivos centrales de esa articulación: el disciplinamiento laboral y sindical y la reconfiguración de los derechos conquistados por los trabajadores.
