La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe presentó un proyecto de ley en la Legislatura con el objetivo de regular los servicios de seguridad privada. Celina Muguruza, una de las abogadas del organismo, contó que la normativa vigente es "obsoleta", ya que impide al Estado controlar la actividad y sancionar a las empresas que prestan ese servicio cuando hay infracciones.

La profesional detalló: "Santa Fe es una de las cuatro provincias que no cuenta todavía con una ley que regule estos servicios de seguridad privada, con lo cual el control sobre esta actividad por parte del Estado es bastante limitado. Tenemos una normativa, pero quedó totalmente obsoleta, es de 1991. Y además no le otorga al Estado facultades para ejercer un control efectivo sobre esta actividad".

"Básicamente, al santafesino lo beneficia que pueda saber quién es la persona y la empresa que está vigilando determinado entorno. Esta actividad siempre está regulada por el Estado porque resulta como muy asimilable a servicios de seguridad pública, que deben garantizar de manera uniforme los Estados. Hay organismos de control, generalmente dentro de los ministerios de seguridad, en nuestra provincia es la Dirección Provincial de Control de Agencias, que otorgan las habilitaciones para las empresas y los vigiladores, previo cumplimiento de determinados requisitos como antecedentes penales", explicó.

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El problema es que la legislación vigente impide al Estado sancionar o lo hace de forma bastante limitada. "Por lo cual, si tenemos gente que no está habilitada y el vecino no sabe quién es el que está vigilando; no sabe si cuenta con antecedentes penales, pasó por el control del Estado; no se tiene registro si esta persona cuenta con formación para la actividad. Y si el Estado constata esta infracción tampoco tiene capacidad para sancionar y para encauzar a que las empresas presten el servicio en condiciones de legalidad", dijo la abogada en diálogo con la emisora capitalina UNO 106.3.