Se quedó con una donación al Samco y ahora purgará cuatro años de prisión

El ex presidente de la Comisión Ejecutiva del Samco de Sunchales fue condenado a cuatro año de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito de malversación de caudales públicos agravado cometido en 2016 en perjuicio de ese efector. Así lo resolvió el juez Alejandro Mognaschi en el marco de un juicio oral y público que finalizó el miércoles en los tribunales de la ciudad de Rafaela.

Hugo Ricardo Acuña, de 63 años, fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de malversación de caudales públicos agravado (peculado) y malversación de caudales públicos simple contra el Hospital Doctor Almicar Gorosito, ubicado en avenida Belgrano 302 de la ciudad de Sunchales, 280 kilómetros al norte de Rosario.

Si bien desde Fiscalía se habían solicitado cinco años de prisión de ejecuci ón efectiva, el juez Mognaschi resolvió condenar a Acuña a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Además, dispuso la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos públicos, una multa de 2.500 pesos, más accesorias legales y costas del proceso. La detención del condenado se producirá una vez quede firme la sentencia.

El fiscal que investigó los hechos es Martín Castellano, a cargo de la sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional Nº 5.

La investigación

El ilícito por el que se lo condenó fue cometido en 2016, cuando se desempeñaba como funcionario público del Samco. "El sábado 28 de noviembre de 2015, la vecinal de un barrio sunchalense organizó un evento cuya recaudación fue donada al Samco", explicó el fiscal. El condenado —en su carácter de presidente de la Comisión Ejecutiva del efector—, recibió la donación y no informó al Consejo de Administración ni a la Cooperadora acerca de lo acontecido, y tampoco lo depositó en el plazo previsto

"En febrero de 2016, en ocasión en que las directoras técnicas del hospital solicitaron información y explicación de lo sucedido con este dinero, Acuña explicó que parte de la suma donada fue destinada al pago de gastos de la cena organizada por la vecinal del barrio", detalló Castellano.

El dinero recibido permaneció en poder del imputado desde diciembre de 2015, y el 6 de abril de 2016 entregó parcialmente ese monto a la administradora del Samco, destinando una parte al pago de una deuda del hospital con un proveedor. El fiscal contó que "esa entrega parcial se produjo una vez que los hechos adquirieron repercusión pública".

Finalmente, el representante del MPA aseguró que "la conducta del imputado implicó —en su carácter de presidente de la Comisión Directiva del Samco— sustraer caudales cuya administración le había sido confiada por razón de su cargo". Tal conducta provocó un daño o entorpecimiento en la prestación de un mejor servicio de salud", concluyó.

Valoración de pruebas

Si bien no se conocen los argumentos de la sentencia, el fiscal entiende que "producto de la valoración de las pruebas producidas durante el debate, el juez arribó a la conclusión de que Acuña separó de la esfera de la administración del Samco fondos públicos —donados— que personalmente había recibido como presidente del ente, y le otorgó a parte de ese dinero un destino distinto al que estaba asignado".

También expresó que "quien asume de manera voluntaria y responsable la obligación de administrar, gestionar o manejar fondos públicos —en este caso un hospital público— debe observar una conducta sumamente transparente, prolija, ordenada y celosa sobre el origen, aplicación y rendición de esos fondos, más aún cuando se trata de fondos destinados a la salud pública". En tal sentido, agregó que "su conducta en el manejo irregular de fondos públicos de un Samco, incidió de manera directa y negativa en la salud de los usuarios de dichos servicios".

Por otra parte, Castellano sostuvo que "esos manejos no permitieron elevar el nivel y calidad de prestaciones propias del efector público". Y abundó: "Atañe al Estado la sanción de este tipo de acciones en virtud de la protección de la propia función pública al que estaban destinados".

Finalmente, aseguró que "la actividad de los funcionarios públicos, en general y en el caso particular de Acuña, debe ser examinada con mayor rigurosidad, no sólo porque del cumplimiento de sus obligaciones depende la satisfacción de intereses superiores, sino también por cuanto todo desvío o manejo irregular de fondos, quiebra la confianza pública hacia quien debe administrar fondos públicos y en general hacia el normal y regular funcionamiento de la administración pública".