Un fallo que condenó a prisión a tres personas en Comodoro Rivadavia ventiló un doloroso caso de trata de personas que tuvo como escenario la ciudad de Villa Constitución. Es que allí, una joven que había ido a vivir con sus pequeñas hijas al asentamiento conocido como Las Chapitas fue engañada por un vecino, quien la envió a la ciudad del sur argentino con la promesa de un trabajo, pero cuando estuvo en el lugar, fue retenida por la fuerza y obligada a trabajar sexualmente, todo bajo la amenaza de que matarían a sus hijas, que habían quedado en Villa, si se negaba.
La historia comenzó en 2015, cuando M. G. Ch., hoy de 31 años y madre de tres niñas, se mudó desde la ciudad de Santa Fe a Villa Constitución, donde ya se había asentado su madre junto a sus 11 hermanos. La muchacha se había separado de su esposo y optó por afincarse en Villa, donde recaló en el asentamiento conocido como Las Chapitas.
Pero allí, y tal como se ventiló posteriormente en el juicio de Comodoro Rivadavia, un vecino —el hoy condenado a prisión Héctor Amílcar Rivarola— le propuso ir a Comodoro a trabajar.
Una vez en el lugar, la mujer fue regenteada en un cabaret, donde tuvo que "trabajar bajo amenazas" que le realizaba Rivarola, quien tenía a sus tres hijas "bajo su custodia en Villa Constitución", y no dejaba de amenazarla con matarlas si ella no continuaba con su trabajo de alternadora en el prostíbulo donde había recaído.
Denuncia e investigación
La investigación comenzó con la denuncia de M. G. Ch. efectuada en la madrugada del 22 de abril de 2015 en la Comisaría de la Mujer de la Policía de la provincia del Chubut en la que refirió que con la ayuda de otra mujer había logrado escapar de un lugar "en el cuál se encontraba privada de su libertad y del que salía únicamente cuando la llevaban a trabajar a un local nocturno céntrico donde realizaba servicios de «copas» y «pases»", es decir donde era obligada a prostituirse.
Tal cual lo publicó el diario El Sur, de Villa Constitución, que realizó un pormenorizado informe del caso, en ese momento la mujer relató que hacía unos cinco meses se había separado de su pareja, con la que vivía en la ciudad de Santa Fe y se fue a vivir a Villa Constitución con su madre, donde se reencontró con un conocido de la familia —Rivarola—, quien residía al lado de la casa de su mamá, como se destaca en la causa judicial.
En un allanamiento que realizó posteriormente la Policía Federal, en noviembre de 2015, se constató que a comienzos de ese año Rivarola se domiciliaba en Las Chapitas, a unos 20 metros de la casa de Danisa Farías —la madre de M. G. Ch.— y que al igual que ella era de Santa Fe.
Rivarola, aprovechando la mala situación económica de la víctima, le dijo que "se viniera al sur con su mujer, que trabajando en Comodoro iba a poder levantar su casa en tres meses, pero nunca le dijo que vendría a ejercer la prostitución. Que ella aceptó viajar, le pagaron los pasajes por la empresa Tramat desde Villa Constitución hacia Comodoro". Así se ventila en la causa que se sustanció la ciudad patagónica, que culminó el viernes pasado con tres condenas a prisión. En ese expediente, aparece reiteradamente mencionada una banda conocida como "los santafesinos", dedicada a la trata de personas.
Destino final
M. G. CH. fue recibida por la presunta esposa de Rivarola y otra mujer, quienes la llevaron al cabaret "Bagatelle", propiedad de Segundo Eulogio Ferreira, alias "Chacho", de 73 años, y administrado por Miriam Noemí Aranda, sobre quienes cayó el peso de la ley.
"Esa misma noche la llevaron a trabajar a un local nocturno ubicado en el centro donde tenía que hacer «pases» en el lugar, copas o salidas con algunos clientes. Que ella primeramente se negó, se fueron del local siendo las seis, y cuando llegaron a la vivienda del pasaje recibió un llamado telefónico de parte de Rivarola, en la cual le manifestó que él se encontraba cerca de su familia, que no se hiciera la viva, que si no quería trabajar, lo hiciera igual porque él tenía a sus hijas y las iba a matar y luego la mataría a ella", dice el fallo.
Además, Rivarola "le enviaba fotos a teléfonos de otras chicas que estaban en la casa del pasaje Falucho —donde tenía retenida a M. G. Ch. y otras nueve mujeres—, fotografías en las que se podía ver a sus hijas más grandes apuntadas con armas de fuego y en otras con cuchillos en su cuello". La joven explicó a los investigadores que cuando ella salió de Santa Fe, Rivarola le dio un celular y la llamaba diariamente a las seis de la mañana y, a las 18, siempre para pedirle que le enviara dinero o para saber cuánto había recaudado.
Se fugó pero lo apresaron
A raíz de la denuncia de la joven se realizaron varios allanamientos en Comodoro Rivadavia y en Las Chapitas, pero Rivarola —quien además tiene una causa por comercialización de estupefacientes— vendió su precaria vivienda a una joven pareja y no fue hallado en Villa Constitución, aunque posteriormente fue apresado y alojado en la Unidad Nº 6 del Servicio Penitenciario Federal donde se encuentra detenido.
En la causa que se llevó a juicio también se detalla que una vez a salvo, M. G. Ch. pudo comunicarse desde Comodoro Rivadavia con su madre, a quien le había recriminado que ella tenía conocimiento y avalaba que ella hubiera sido explotada.
Finalmente, el caso fue llevado a juicio y terminaron condenados Rivarola y Ferreira a seis años de prisión efectiva como autores responsables del delito de trata de persona, con fines de explotación sexual, y a Aranda —administradora del cabaret— como partícipe secundaria, quien recibió una condena de tres años de prisión.
Los casos de trata en ese y otros burdeles de Comodoro Rivadavia tuvieron amplia repercusión en la ciudad patagónica, donde se sustanciaron varias causas, incluso con policías involucrados que fueron a juicio.
La actividad tuvo el repudio de la población, y no faltaron incluso quienes arremetieron contra el local denunciando los casos de explotación sexual a través de pintadas y otras manifestaciones.