La Región

Sastre sigue sin respuestas ante la problemática de las fumigaciones

Se busca alejar las aplicaciones de agroquímicos de la ciudad, pero no se dictan medidas para preservar la salud y el ambiente.

Lunes 01 de Abril de 2019

A 12 meses de haber iniciado los reclamos para alejar las aplicaciones de agroquímicos de la ciudad, ni la familia de Zoe —la niña que se recupera de un cáncer linfático—, ni el resto de los vecinos de Sastre lograron que las autoridades actúen dictando medidas para preservar la salud y el ambiente.

La presentación de un amparo ambiental ante la Justicia tampoco logró destrabar el conflicto por el momento. El 20 de marzo se cumplió un año de la primera reunión entre los concejales y un grupo de vecinos preocupados por las fumigaciones con agrotóxicos que se realizan en los cultivos de soja y maíz de la zona periurbana de Sastre.

También pasaron cinco meses desde que los padres de Zoe pidieron a los mismos ediles la ampliación de la zona de exclusión para la aplicación de pesticidas a fin de asegurar un ambiente sin contaminación para su hija y las personas que viven en los límites de la zona urbana. Sin embargo y luego de un intento fallido para promulgar una ordenanza con un límite de 500 metros y tras lograr mediante un amparo interpuesto por los vecinos, que la Justicia establezca una medida cautelar para alejar las fumigaciones y que luego fue cancelada, tanto la familia de Zoe como todos los vecinos de la cabecera del departamento San Martín, todavía continúan siendo sometidos a fumigaciones aéreas y terrestres en zonas muy próximas al ejido urbano. En todo ese tiempo, la respuesta de las autoridades municipales fue la de convocar en varias oportunidades a funcionarios del Ministerio de la Producción para hablar de "buenas prácticas agrícolas".

También en marzo se cumplieron dos años de la realización del Campamento Sanitario en esta ciudad, cuyas conclusiones que se conocieron en septiembre del año pasado, al parecer fueron desestimadas por el municipio y los ediles aún cuando estos informes, emitidos por el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), revelaron las altas tasas de cáncer —que superan en casi un tercio a la media nacional— y de enfermedades endocrinológicas, que guardan estrecha relación con la exposición crónica a los agrotóxicos.

Mientras tanto, la indignación de los vecinos va en creciente aumento tanto en Sastre como en las cientos de localidades y ciudades ubicadas en la zona de mayor producción sojera de la provincia. De norte a sur de la bota santafesina, las denuncias de fumigaciones ilegales aledañas a escuelas, fuentes de agua, centros recreativos o barrios linderos a zonas rurales pueblan a diario las redes sociales. Estas denuncias hasta encuentran eco en personalidades descollantes del mundo del espectáculo como Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés quienes comparten la indignación en sus cuentas de Twitter o Instagram. Sin embargo, y más allá del impacto mediático de algunos casos, desde las organizaciones de vecinos alertan que "el poder político hace años que se las arregla para evitar sancionar una ley acorde al modelo productivo que asocia semillas transgénicas con la aplicación de agroquímicos altamente tóxicos y peligrosos tanto para la salud humana como para el medioambiente", tal cual lo afirman los integrantes del grupo de Autoconvocados de Sastre desde su página de Facebook.

En el ámbito nacional, son varias las organizaciones como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados o el Centro de Protección a la Naturaleza, por nombrar algunos, que sostienen "la necesidad de recategorizar algunos agroquímicos". Hay entidades como el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (Senasa) encargadas de catalogar este tipo de productos utilizados en la producción agrícola que desoyen las voces de alerta de la comunidad internacional respecto de los productos más utilizados en la Argentina como el controversial glifosato. Este herbicida, que se aplica masivamente y a razón de millones de litros anuales sobre los cultivos transgénicos, desde el año 2015 fue recatalogado por la Organización Mundial de la Salud como "probable cancerígeno", mientras que en la Argentina continúa siendo un producto de "banda verde" y considerado "que normalmente no representan riesgos para la salud".

Polémica y ciencia

La polémica que todo este asunto de los pesticidas y su peligrosidad desató en muchas poblaciones del interior, encuentra su correlato en el alarmante incremento de enfermedades relacionadas con la exposición crónica a bajas dosis de estos productos, más allá de lo que implican las intoxicaciones agudas (que se dan en forma más aislada y repercuten principalmente en las personas que trabajan en el sector agropecuario).

Existen cientos de publicaciones científicas del ámbito provincial, nacional e internacional que demuestran la toxicidad de estos químicos, en especial del glifosato y el 2,4 D.

Entre las enfermedades más frecuentes los estudios mencionan al cáncer, las malformaciones congénitas, el daño genético, la infertilidad, las disrupciones endócrinas, enfermedades neurodegenerativas, celiaquía y afecciones respiratorias y dermatológicas, entre otras. Por este motivo los vecinos denuncian que "las evidencias científicas parecen no sensibilizar a quienes toman las decisiones y la excusa de la importancia que para la economía significan los agrodólares nubla todo tipo de análisis o intento de poner freno o resguardar a la población de un sistema de producción comprobadamente tóxico".

Ante esta realidad, los habitantes de los pueblos fumigados en estos últimos años fueron constituyéndose en asambleas o grupos que exigen un cambio de mentalidad ante el peligro inminente.

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