Rafaela aprobó polémica ordenanza impulsada por grupos antiaborto

El Concejo Municipal de Rafaela aprobó en una reñida votación —que se definió por el doble sufragio del presidente del cuerpo— una ordenanza que establece la creación de un "Centro de asistencia para la mujer embarazada y el niño por nacer", y que fue impulsada por grupos autodenominados "pro vida" y religiosos locales. El proyecto aprobado fue rechazado enfáticamente por organizaciones de mujeres y también cosechó la reprobación del Ministerio de Salud provincial.

La ordenanza establece "la creación de una oficina donde se articulen acciones para dar un acompañamiento, a aquellas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y protección integral para ella y al niño por nacer", define.

La Asamblea Feminista de Rafaela expresó su rechazo y aseguró que se trata de "un proyecto que atrasa 100 años", y manifestó que "si se lee con detenimiento la propuesta se puede observar la gravísima intención de utilizar las herramientas del Estado para persuadir a las mujeres que han sido violadas y no quieren llevar a término su embarazo, a que sí lo hagan, desconociendo e incumpliendo con el artículo 86 del Código Penal que prevé el aborto no punible por causales" previstas.

El Estado santafesino, a través de la ministra de Salud, Andrea Uboldi, fijó posición rechazando esta iniciativa y poniendo en duda su viabilidad. "Es una ordenanza municipal y todo lo que aprueban está a cargo de la Municipalidad en el armado de esa estructura que esté las 24 horas y garantice lo que se supone no estaría según ellos garantizado la provincia, lo cual es un error", indicó a LaCapital.

También criticó que "en el proyecto se habla de las «embarazadas vulnerables» y que no hay determinadas condiciones que la provincia sí ofrece, por eso hay una gran confusión y la intencionalidad de hacer un recorte de la realidad".

La ministra recordó que en Rafaela el Estado provincial mantendrá los protocolos vigentes. "La mujer tiene la posibilidad de ir a un centro provincial y debe ser asistida para evaluar y ser atendida, debe confirmarse si está embarazada, poder establecer las semanas de gestación y categorizar la situación. Y si hay una decisión de la mujer de interrumpir el embarazo y una causal de salud, el equipo profesional la va a acompañar", describió. Y añadió que "la mujer tendrá la libertad de ir a esta oficina pero tendrá también la libertad de ir a un centro provincial si no la convence".

Uboldi también advirtió que ahora "el Estado municipal tendrá que definir esta oficia y quién se va a hacer cargo si la mujer tiene una complicación por un aborto clandestino". Y destacó que "en el último Confederal de Salud —Cofesa, que integran los ministerios provinciales y la cartera nacional— se hizo un posicionamiento nacional destacando la importancia de Educación Sexual Integral, el acceso a la anticoncepción y la interrupción legal del embarazo dentro de los previstos legales. Esto de Rafaela colisiona incluso con la posición del Estado nacional".