La Región

Procesan a una mujer, un matrimonio y un ex juez por una adopción ilegal

En el año 2000, la madre biológica entregó a la niña sin el consentimiento del padre, que nunca renunció a la búsqueda de la pequeña.

Jueves 01 de Marzo de 2018

Tras 17 años de que una bebé fuera entregada en Victoria, Entre Ríos, en una adopción ilegal a un matrimonio de Buenos Aires y sin el consentimiento del padre —quien luchó denodadamente para recuperarla—, un juez del tribunal criminal y correccional de Buenos Aires, Marcos Fernández, procesó a 10 personas por el delito de sustracción de un menor de 10 años. Entre la decena de procesados se encuentran la madre biológica, un ex juez, el matrimonio adoptante, dos funcionarios judiciales, un abogado, una perito psicóloga y dos intermediarios.

Leonardo Fornerón, oriundo de la localidad entrerriana del Rosario del Tala, fue padre en junio de 2000, cuando su ex pareja, D. E. E., dio a luz a una beba en Victoria, Entre Ríos. Fornerón casi no conoció a la pequeña porque en menos de 24 horas y sin su consentimiento, fue entregada por la madre biológica a un matrimonio de Buenos Aires integrado por B. y Z., con fines de adopción. El hombre comenzó un derrotero que lo llevó a la Justicia y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

Ahora el juez, además de procesar sin prisión preventiva a los acusados, les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir sumas de entre 500 mil y 2,2 millones de pesos. La menor siempre vivió con los padres adoptivos en Buenos Aires.

El delito de sustracción de un menor tiene prevista una pena de entre 5 y 15 años de prisión.

Los procesamientos

Además, el juez procesó a Raúl del Valle, quien hace 17 años, cuando nació la beba identificada como M., era juez en lo Civil y Comercial de Victoria; a los funcionarios judiciales Julio Guaita y Marcelo Balbi, que en junio de 2000 cumplían las funciones de defensores de pobres y menores; a la perito psicóloga Daniela Kairuz; al abogado Salvador Espona, que en su momento representó a los padres adoptivos B. y Z., y a dos hombres que hicieron las veces de intermediarios entre las partes.

En la lucha de Fornerón por recuperar a su hija hubo innumerables rechazos que llevaron a que la causa pasara a la Nación y hasta llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2012 le dio la razón al padre. La entidad advirtió sobre el caso que la Argentina había violado los derechos esenciales de vivir en familia para el padre y la hija y había negado el derecho de identidad.

También la comisión instó a la Justicia a restituir la tenencia y a pagarle una indemnización a Fornerón de 150 mil dólares y obligó a garantizar un proceso que culmine en la revinculación entre el padre biológico y la menor.

Del fiscal

Otro pronunciamiento que alentó las esperanzas del padre de la joven, quien en junio próximo cumple 18 años, fue el del fiscal Ignacio Mahiques, quien en un dictamen firmado en septiembre pasado solicitó la declaración indagatoria de los diez imputados: "La ilegítima entrega de XX (tal como se identifica a la menor M. en el expediente judicial), en la que asumieron un rol protagónico la madre biológica, el matrimonio integrado por B. y Z. (como se identifica a la pareja), y el defensor Guaita, constituye un rol neurálgico de la imputación, al que luego le va a seguir una extensa cadena de ilegalidades que, bajo ropajes formales, se opondría entre Fornerón y su hija".

Los diez acusados fueron indagados entre noviembre y enero pasados. Según se hizo público, en su reciente pronunciamiento, el juez Marcos Fernández señaló: "Tanto aquellos imputados que participaron en el primer tramo del delito, es decir, en la entrega de la menor (sustracción), como aquellos que, con sus aportes lograron que la menor continuase ilícitamente en poder del matrimonio adoptivo (retención), tenían pleno conocimiento y voluntad de apartar a la menor de la esfera de custodia del padre biológico".

Por último, resalta el fiscal que el hombre del matrimonio adoptivo contactó en una ocasión a Fornerón y le ofreció una "compensación" para que éste cesara en su reclamo. El juez consideró que ese accionar "le otorga descrédito al proceder genuino alegado por el matrimonio adoptivo".

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