Las empresas tabacaleras For Men, de Santa Fe, y Bronway de Rosario se encuentran en plena pelea judicial contra el Estado nacional para evitar el pago de un impuesto federal, pero una desorbitada presión sobre los jueces federales para que voten a su favor promete sacar del cauce la discusión.

En la reforma fiscal de 2017 el Congreso Nacional fijó la alícuota de impuestos internos a los cigarrillos en 70%, con la potestad del Poder Ejecutivo de subirla hasta 75%, pero además se incluyó un impuesto mínimo de $28 a los cigarrillos, que sube el precio de las marcas más baratas, que al día de hoy se venden a precios bajos.

En aquel momento Verónica Schoj, directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles de la cartera sanitaria nacional, destacaba: “Como pudimos evaluar, el solo aumento de la alícuota de 60 a 75% de los impuestos internos a los cigarrillos aplicado en mayo de 2016 fue importante pero no suficiente para garantizar un efecto sanitario sostenible. En la reforma actual, en cambio, aunque la alícuota de internos se fijó en 70%, se aplicaron varias medidas complementarias y potencialmente más efectivas y sostenibles en el tiempo, lo cual continuaremos evaluando para monitorear su efecto en la salud”.

Una de las cuestiones mas curiosas del planteo de For Men y Bronway es que ambas se crearon con posterioridad a la vigencia de la norma del 2017, es decir debiendo conocer el régimen impositivo vigente del negocio que iniciaban, pero reclaman judicialmente en los tribunales federales la aplicación del régimen previo y la inconstitucionalidad de la modificación. Muchos huelen en esto que el verdadero negocio nunca fue el tabaco sino justamente apalancarse en un negocio judicial para sostener la diferencia de precio con sus competidores.

Ese argumento y otros del mismo calibre hicieron que siete jueces federales de la provincia, en distintas instancias, ya rechazaran las medidas cautelares con las que las tabacaleras pretenden evitar el pago del impuesto mientras discuten el régimen de fondo, no obstante Bronway sigue con alguna chance de mantener la diferencia judicial con el resto del mercado.

El monto dejado de ingresar al estado en concepto de impuestos es multimillonario, y si las empresas o sus dueños no pudieran afrontarlo, cosa que parece muy factible, el daño del estado sería mayúsculo; por eso por estos días la Afip impulsa los embargos contra los titulares de dichas compañías (Ippolito y Savio) ante la evidencia que las tabacaleras no podrán pagarlo.

Pero lo asombroso es que los jueces que finalmente dirimen la contienda en el territorio provincial, es decir quienes integran las salas de apelaciones, han tenido que soportar por estos días distintas actividades intimidatorias que, casi todos, atribuyen a las empresas o sus titulares o estuvieron pergeñadas por sus asesores, únicos interesados en que la cuestión de las cautelares tenga un final a favor de las tabacaleras.

Ocurrió hace ya algunos días, en el marco del juramento de tres nuevos jueces federales en Rosario, las tabacaleras organizaron una movilización de sus empleados que reclamaron para sus empleadores el beneficio del no pago del impuesto. Pero la marcha estuvo lejos de limitarse a una expresión a favor de no pagar y cruzó una raya: ese día, los trabajadores arrojaron panfletos intimidatorios contra uno de los jueces y además autoridad de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Temporalmente las acciones fueron cercanas a la decisión que debían tomar Fernando Barbará y Silvina Andalaf Casiello para confirmar o no la resolución de un magistrado federal de Santa Fe que rechazaba la cautelar de For Men.

La insólita maniobra se repitió días después, cuando la jueza federal de primera instancia, Sylvia Aramberri, debía tomar la decisión de prorrogar o no la cautelar de Bronway.

Los hechos causaron y causan perplejidad y preocupación entre los integrantes del fuero, máxime cuando todos conocen que, si bien el apuntado circunstancial es el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, tal maniobra traduce un amedrentamiento que podría afectar a todos. Los ecos de aquel insólito episodio todavía se escuchan en los pasillos y oficinas de los distintos despachos de la Justicia Federal en la ciudad.