Un proyecto de ley presentado esta semana propone abordar la problemática de los ciberdelitos, un fenómeno surgido casi en simultáneo con la aparición de las comunicaciones a través de Internet y que se incrementó en el período postpandemia. Se trata de dos iniciativas que el diputado, Oscar Martínez (Frente Renovador-PJ) presentó en la cámara Baja. Ambas buscan cambiar los marcos legales de la provincia ante la proliferación de ciberataques y modificar las leyes vigentes para enfrentar los desafíos que la tecnología plantea a la hora de perseguir e investigar delitos. Además, solicita que desde El Observatorio de Víctimas de Delitos se realicen audiencias públicas sobre esta problemática.
En los fundamentos de estos proyectos Martínez afirmó que “en la faz criminal, el ciberdelito es una variedad ilícita que se monta en la innovación y por lo tanto hay que construir nuevas definiciones y tipicidades y la realidad que vivimos hoy es alarmante. Cada vez más se usurpan o clonan cuentas e identidades y con ellas se llevan adelante fraudes, en general económicos, ya sea pidiendo dinero a los contactos de las víctimas, o utilizando su identidad para acceder a cuentas bancarias”.
“Muchos caen en la trampa de las estafas que se están dando a través de la red de Whatsapp, por dar un ejemplo. Y la realidad es que estas estafas se denuncian muy poco, y no hay un conocimiento profundo de las recomendaciones necesarias para no caer en este tipo de ciberdelitos. Un ejemplo reciente son los mensajes que otorgaban turnos para la cuarta dosis de la vacuna del COVID con un link para confirmar a través de un código de seis digitos que son el paso de verificación de Whatsapp para configurar la cuenta en otro dispositivo electrónico y luego mandar mensajes a la agenda de contactos”, detalló el legislador y precisó que “se está viendo mucho en los últimos meses los enlaces con anuncios que prometen regalos y promociones y que no son más que una trampa para vaciar cuentas bancarias y robar datos personales”.
Delitos gravísimos
Las redes sociales también implican riesgos cibernéticos puesto que se comparten datos o información personal que pueden dar pie a posibles delitos de otra índole. “Compartir información personal, cambiar contraseñas desde links enviados a correos electrónicos, hacer click en enlaces, no verificar las url a las que se acceden, son las principales causas de ciberdelitos. “Tengamos en cuenta además que a estos se suman otros delitos gravísimos que van más allá de lo económico, como el grooming, el ciberacoso y la distribución de pornografía infantil”, advierte Martínez en su presentación.
“Para poder luchar contra esto -continuó Martínez- proponemos que la provincia de Santa Fe tenga un Centro Provincial de Ciberprotección contra posibles ataques a la seguridad provincial. Participará en la prevención, la respuesta inmediata y la mitigación. Sus funciones principales serán centralizar, cooordinar, y ejecutar procesos, medidas e intervenciones preventivas y de mitigación frente a incidentes de seguridad, eventos o ataques en el ciberespacio que afecten a personas, infraestructuras críticas y tecnológicas o sistemas informáticos”.
En este sentido el documento menciona ejemplos concretos a nivel internacional. “En Lituania existe el Centro Nacional de Seguridad Cibernética que con menos habitantes que la provincia de Santa Fe -2,8 millones- y menos territorio -65.000 kilómetros cuadrados- pudieron reaccionar ante la vulneración de la transferencia nacional de datos seguros que afectaron a empresas e instituciones gubernamentales. Dinamarca, Alemania, Finlandia, Suecia y Polonia, por ejemplo, toman recaudos adicionales en materia de ciberseguridad. Incluso la ONU plantea la necesidad de revisar el tratado de Budapest para actualizar los convenios internacionales contra las modalidades de ciberdelitos que pretende ser tratado antes que termine el 2022”, agregó.
Allanamientos
En el caso del segundo proyecto presentado por el legislador, lo que se pretende es la modificación del artículo 167 del Código Procesal Penal de la provincia, en el cual se establecen las condiciones de las órdenes de registro de lugares o espacios físicos en los cuales se ha o podría haberse cometido un delito. Este artículo no prevé el registro de dispositivos informáticos. Por lo cual esta modificación agrega al artículo que, cuando en ocasión de la realización de un registro sean hallados dispositivos tecnológicos que pudieran contener evidencia digital podrán ser secuestrados por disposición del juez interviniente. En el proyecto de Ley también se pide modificar el artículo 171 que tiene que ver con el tratamiento de la evidencia digital. Para ello se admite expresamente la posibilidad de solicitar la conservación rápida de datos informáticos a proveedores de servicio, para que estos no sean alterados en el transcurso de la investigación.
Respecto de esta iniciativa Oscar Martínez, explicó que “la tecnología ha atravesado nuestras vidas, se ha hecho parte de nuestra cotidianeidad, y hoy el componente informático está presente en la comisión de todos los tipos delictivos, desafiando a quienes deben procurar la investigación y persecución de los mismos, a recabar y analizar evidencia digital. Nuestro Código Procesal Penal si bien tiene reglas relativas a medidas de prueba tales como el registro, el allanamiento, el secuestro, la requisa personal y la interceptación de comunicaciones, la aplicación de las mismas a la evidencia digital no es posible, pues el desafío que plantea el tratamiento de la misma requiere de medidas de prueba específicas, o la adaptación legal de las ya existentes”.
Asimismo manifestó que “desde el Observatorio de víctimas de delitos y sus familiares, llevaremos adelante audiencias públicas junto al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Joaquin Blanco, para convocar a representantes del Poder Judicial, del Ejecutivo y del Ministerio Público de la Acusación, a expertos y a víctimas de ciberdelitos y de ciberataques, replicando la experiencia exitosa de la metodología utilizada para el tratamiento de la Ley de Victimas de Delitos que ya tiene media sanción en Diputados y que aguarda el tratamiento por parte del Senado”.
