PANDEMIA

Piden prioridad en la vacunación para las personas con discapacidades

La Cámara de Diputados tiene para su aprobación un proyecto, luego de la muerte de María Rosa Moreno, una referente de Rosario que luchó por esta causa

Sábado 01 de Mayo de 2021

La Cámara de Diputados de la provincia tiene para su aprobación un proyecto por el cual se pide al Ejecutivo que otorgue prioridad en la vacunación contra el coronavirus a personas con discapacidad. La iniciativa surge luego del fallecimiento de María Rosa Moreno, una de los principales referentes en la defensa de los derechos de ese colectivo, quien perdió la vida el 27 de abril luego de contagiarse de Covid-19.

María Rosa fue en vida una de las activistas sociales en Rosario en la defensa de los derechos de personas con discapacidad. Durante meses interpeló a las autoridades para que vacunaran a todos los jóvenes con patologías crónicas y severas como las que padece su hijo Gabriel. La mujer perdió la vida este martes como consecuencia de la misma enfermedad, sin ver plasmada su lucha.

Su historia de vida, y su propia muerte, llevaron a enfocar la mirada sobre estas minorías, que en muchos casos están severamente expuestas a los peligros de la enfermedad que hoy por hoy tiene en vilo a la Humanidad.

Tan así es que por ello la Resolución N° 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación, fechada el 19 de marzo del año pasado, establece en su artículo 3° a las personas que son consideradas grupos de riesgo, y entre ellas se encuentran aquellas “con certificado único de discapacidad”.

Algunas provincias, incluso, ya las sumaron a sus calendarios de inoculación, y ahora esperan que Santa Fe siga el mismo camino.

Inclusión “real”

“Es necesario que la igualdad deje de ser meramente discursiva, que los derechos consagrados en las normas se hagan realidad, que la inclusión de la discapacidad sea real”, consideró el diputado provincial Esteban Lenci, vecino de Villa Gobernador Gálvez, al ingresar en la Legislatura provincial el proyecto. Y pidió al gobierno provincial que “escuche este reclamo. En estos tiempos, es necesario que el Estado se vuelva más sensible y solidario y atienda primero a los más vulnerables”, ahondó.

En los fundamentos del proyecto se describe la crítica situación de las personas con discapacidad que no se encuentran entre las edades consideradas de riesgo pero que aun así deberían ser priorizadas por atravesar patologías que los vuelven mucho más vulnerables ante el virus.

Debido a la disponibilidad gradual de la dosis, el Plan de Vacunación establece un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar en cada una de las etapas establecidas. Para determinar el orden de la priorización y escalonamiento de la vacunación, el plan ha considerado un marco bioético fundado en los principios de igualdad y dignidad de derechos, equidad, beneficio social y reciprocidad.

Se contemplaron, asimismo, criterios establecidos en función del riesgo de desarrollar la enfermedad grave y complicaciones por Covid-19, la probabilidad de una mayor exposición al virus, la necesidad de mitigar el impacto de la enfermedad en la realización de actividades socioeconómicas y la posibilidad de incidir en la cadena de transmisión.

En este esquema de “priorización para definición de etapas según riesgo de enfermedad grave y por exposición / función estratégica”, se ha dispuesto en quinto orden de prioridad la categoría “Adultos 18 a 59 años de grupos en riesgo”. En este colectivo humano se encuentran las personas con discapacidad.

Desde la OMS

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud considera también que las personas con discapacidad se clasifican como poblaciones vulnerables durante situaciones de emergencia de salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, la Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

Ello importa que muchas personas con discapacidad no puedan observar el distanciamiento físico porque requieren asistencia personal o guía para realizar sus actividades diarias o dependen del contacto físico para explorar y navegar por su entorno.

Otros están expuestos porque no tienen acceso a información oportuna y comprensible en formatos accesibles sobre cómo protegerse contra el Covid-19. En este contexto, la Agencia Nacional de Discapacidad informó que “en un cruce realizado entre el Registro Nacional de Personas con Discapacidad el Sistema Integrado de Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, se observó que del total de personas confirmadas con Covid-19 en el país, 18.986 (un 2,9 por ciento) eran personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

De ellas, 1.334 habían fallecido (9,3 por ciento del total de personas fallecidas en todo el país), 13.331 se encontraban recuperadas y 4.321 se encontraban activas de las cuales 2.753 se hallaban en situación de internación.

El porcentaje de letalidad entre la población con discapacidad fue más alto comparado con el de la población total: 7 por ciento contra 2,2 por ciento.”

En otras provincias

Entre los fundamentos del proyecto, se explica que “ante los alarmantes números, algunas Provincias comenzaron a abordar esta realidad: en Neuquén, el 3 de marzo comenzó el proceso de vacunación a personas con discapacidad, estableciendo que pueden inscribirse las personas de entre 18 y 59 años, que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad.

En nuestra provincia, la ley provincial 13.852 establece en su artículo 12 que “las personas con discapacidad pueden acreditar plenamente (su condición) y exigir los derechos y garantías especiales que le corresponden con la sola presentación del Certificado Único de Discapacidad otorgado por las juntas evaluadoras de personas con discapacidad del gobierno de la provincia, el cual se expedirá conforme la normativa vigente, no pudiéndose requerir al interesado ningún otro tipo de examen o estudio complementario a fin de certificarla”. Esto importa que la Subsecretaria para la Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, cuenta con información acerca de la cantidad de personas con certificado único de discapacidad emitidos por las mencionadas juntas evaluadoras distribuidas a lo largo y a lo ancho del territorio de la Provincia de Santa Fe, cuyos datos son cargados en el sistema de Registro Nacional de Personas con Discapacidad dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad. “Es necesario que la igualdad deje de ser formal, que los derechos consagrados en las normas se hagan realidad, que la inclusión de la discapacidad sea real”, puntualiza el informe que ahora deberá debatir la Legislatura.

En esta nota

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario