La Región

Piden informes sobre la rescisión del contrato de Arssa

La documentación requerida incluye expedientes y el dictamen de la Fiscalía de Estado, entre otros.

Domingo 11 de Febrero de 2018

El bloque de diputados del Frente Para la Victoria-PJ (Silvia Simoncini, Patricia Chialvo, Roberto Mirabella, Germán Bacarella y Héctor Cavallero) presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial informe "acerca de todo aquello que fue tenido en cuenta para la firma del decreto 90/18 que sacó el gobernador, Miguel Lifschitz, con fecha 1º de febrero, donde ratifica la rescisión absoluta sin culpas de parte de la provincia y la empresa Autopista Rosario-Santa Fe Sociedad Anónima (Arssa), del contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe".

La documentación requerida incluye expedientes administrativos, el dictamen de la Fiscalía de Estado, los informes técnicos elaborados por estudios privados y todo otro documento obrante en el expediente en cuestión sobre la rescisión que sirvió de base a la emisión del decreto que ratificó la extinción del contrato con Arssa.

En 2016 el gobierno había intentado rescindir el contrato por mutuo acuerdo. "Alertamos permanentemente de los incumplimientos del contrato por parte del consorcio de empresas que perjudicaba la provincia en 1.500 millones de pesos", recordó Simoncini. La cifra, explicó la legisladora, es tomada "en función de los informes que dieron la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, que no fueron tenidos en cuenta por el Ejecutivo".

Las dudas sobre la decisión del gobernador derivaron una advertencia de Fiscalía de Estado, en abril de 2017, sobre la falta de precisiones en las actuaciones para asegurar que la empresa quedaba exenta de responsabilidades. Fue allí cuando se dictó el decreto Nº 1017 y se encomendó al Ministerio de Infraestructura y Transporte a revisar todo el proceso en un lapso de 180 días.

"Pero en lugar de tomar las conclusiones de las casas de altos estudios, Lifschitz contrató a dos estudios privados para que elaboren dos informes, uno jurídico y el otro contable", repasó la diputada.

"Luego —prosiguió— Fiscalía de Estado utilizó estos estudios para dictaminar que se rescinde el contrato y nadie es responsable por la no ejecución de obras de mantenimiento, los incrementos en las tarifas de peaje, o el incumplimiento del contrato de concesión". Detalló que "a partir de esas actuaciones el gobernador decidió rescindir el contrato argumentando responsabilidades compartidas, por incumplimiento del concesionario y faltas de la provincia y que corresponde la rescisión de común acuerdo".

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