En procura de la concreción de una oficina federal que atienda los casos de la zona, la diputada provincial Silvana Di Stefano ingresó un proyecto para realizar una audiencia pública de modalidad mixta; presencial y virtual, para exponer sobre la creación de un nuevo juzgado federal con sede en la ciudad de San Lorenzo y que tome los trámites procesales en el departamento San Lorenzo, Iriondo, Belgrano y Caseros. De ser aprobada la iniciativa, deberá realizarse durante el primer semestre de 2023.

Anteriormente, la legisladora se había reunido con Miguel Piedecasas, integrante del Concejo de la Magistratura, para interiorizarse sobre el estado del proyecto en la Nación. De dicho encuentro, también participaron funcionarios municipales y concejales de San Lorenzo e integrantes del Colegio de Abogados que coordinaron acciones conjuntas para lograr que se concrete la creación del juzgado.

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“La apertura del juzgado federal en San Lorenzo fue una promesa del actual presidente. Incluso lo mencionó en el primer acto al que asistió apenas asumido”, recordó la diputada que integra el bloque del precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro.

En 2020, Alberto Fernández, anunció la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría general, en la ciudad de San Lorenzo, orientada también a la investigación de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico.

La confirmación fue realizada por el mandatario durante el discurso que pronunció en el domingo 1 de marzo, ante la asamblea legislativa, dando apertura del 138º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

“Las problemáticas vinculadas a delitos federales crecieron y la región sigue dependiendo de los juzgados de Rosario que están saturados y que siguen trabajando como en la década del 90. Es necesario fortalecer el sistema creando nuevos juzgados que descompriman y permitan un trabajo más eficaz”, ahondó Di Stefano.

“Coincidimos en que esto debe ser impulsado por todas las fuerzas vivas de la región, empresarios, organizaciones civiles y funcionarios políticos de todos los colores y de todas las localidades. Es una necesidad de interés general y como tal, debemos hacer una convocatoria lo más amplia posible para lograr que se cumpla”, sumó la legisladora que reside en Roldán, localidad del departamento San Lorenzo.

El proyecto convoca a participar a representantes del poder judicial de la Nación; Consejo de la Magistratura Nacional; ministerios nacionales de Justicia y de Seguridad; ministerios de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad provincial; representantes del poder judicial de la provincia; Ministerio Publico de la Acusación (MPA) y fuerzas de seguridad federales y provinciales.

También se invitaría a participar a senadores nacionales por Santa Fe; diputados nacionales; senadores provinciales involucrados territorialmente; diputados provinciales; el Colegio de Abogados de Rosario y delegaciones involucradas; asociaciones de abogados; representantes de municipios y comunas de la región.

Otros actores que serían invitados son los foros de gobiernos locales; empresas y cámaras empresariales; asociaciones gremiales y sindicatos; ONGs interesadas; universidades públicas y privadas; especialistas en derecho, justicia y seguridad y todos aquellos actores con un interés legítimo en ser parte de dicha audiencia pública.