Cuando el Banco Integrado Departamental (BID), con sede central en Venado Tuerto, quebró en 1996, miles de argentinos perdieron sus ahorros. El cierre de la entidad fue considerado por muchos como una de las "estafas más grandes" de la época. Treinta años después, el ciclo parece no cerrarse y algunos de los damnificados continúan recibiendo cobros ínfimos de la liquidación.

Bajo el gobierno de Carlos Menem y la conducción económica de Domingo Cavallo, la suspensión del BID fue anunciada en abril de 1995 por el entonces presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Roque Fernández. Hasta ese momento, estaba considerado entre las primeras diez entidades financieras del país por su volumen de negocios. Sin embargo, un año después quebró y miles de argentinos y santafesinos, sobre todo del sur provincial, perdieron sus ahorros.

El BID nació en Venado Tuerto el 30 de noviembre de 1978 y en poco tiempo construyó una estructura gigantesca. Llegó a contar con 135 sucursales distribuidas en distintas localidades del país, pero su presencia era particularmente fuerte en el interior productivo: pequeños y medianos empresarios, cooperativas, comunas, productores agropecuarios y miles de jubilados operaban cotidianamente con la entidad.

El 14 de abril de 1995 el BCRA anunció la suspensión de actividades del BID por 30 días. Un año más tarde, el 24 de abril de 1996, el juez venadense Marcos Ferrarotti decretó la quiebra definitiva. Al momento de su liquidación contaba con 21 mil ahorristas. La quiebra del banco involucró USD 1.000 millones de pesos/dólares, USD 400 millones de los ahorristas, muchos de ellos pequeños y medianos, así como entidades sociales y comunas del corazón productivo de la Argentina.

Treinta años después

Tras el cierre de la entidad, los cobros de la liquidación fueron llegando a cuentagotas. Muchos de los damnificados eran jubilados que no llegaron a ver la devolución de sus ahorros. Con el tiempo, otros tantos resultaron irrastreables el Ex BID, sobre todos aquellos que realizaron un cambio de domicilio.

En febrero del 2026 un usuario en redes sociales subió el comprobante que le enviaron a su tía al depositarle lo que sería la última cuota de la liquidación, treinta años después, por un valor de 300 mil pesos.

"Mis tíos tenían sus ahorros en el Banco Integrado Departamental que quebró en 1996. En 30 años les devolvieron monedas y ahora mí tía, de 89 años, se entera de otro cobro de la liquidación del BID. Después se preguntan porqué muchos siguen guardando sus ahorros bajo el colchón", escribió hace algunos meses Claudio Scabuzzo en X.

"El pago anterior fue hace como veinte años. Quien sabe si este no es el último. Con los años que pasaron debería serlo. Quedan migajas. Es como que el banco sigue presente pero sus clientes, la mayoría, ya no existen más", sostiene Scabuzzo en diálogo con La Capital.

Scabuzzo cuenta que esta última "ola de pagos" arrancó el año pasado. "La vez anterior mi tía tuvo que viajar a Venado Tuerto para recibir el cobro. Esta vez le hicieron una transferencia. Cambió un poco por la tecnología pero es triste".

Lo cierto es que como señala Scabuzzo, el banco perdió contacto con muchos exclientes. "Nosotros pudimos dejarles el correo electrónico de mi tía y un celular para que se comuniquen pero el banco perdió contacto con mucha gente", señala.

A lo largo de décadas hubo gente que falleció en el transcurso del proceso, que nunca cobró o que sólo lo hizo parcialmente y cuyos familiares o descendientes desistieron de seguir el reclamo a través de una sucesión por los altos costos de ese tipo de trámites.

“Fue la estafa más grande del Tequila”, reiteró en innumerables oportunidades Matilde Sermonetta, quien encabezó el reclamo público de los ahorristas durante décadas, en referencia a la crisis económica que comenzó en México y repercutió en toda Latinoamérica.

En el 2013 Sermoneta aseguró que a pesar de haberse tratado de una estafa masiva a más de 21 mil ahorristas, el tema no figura ni figuró en la agenda de debate político. "Nosotros tocamos todas las puertas de políticos e instituciones, fuimos a la Corte Suprema, hasta hablamos con Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, porque se trata de una cuestión pública, hay 21 mil argentinos afectados y en el interín mucha gente murió, se deprimió, y no cobró".

Fraude bancario

Tiempo después de la quiebra del banco, una comisión especial de Diputados se encargó de investigar hechos ilícitos relacionados con el lavado de dinero y elaboró un informe sobre el BID. Allí se constató que partir de 1993, los directores, accionistas y algunos funcionarios del banco llevaron a cabo principalmente préstamos irregulares a empresas vinculadas a la entidad financiera.

En julio de 1994 el BID entró en estado de cesación de pagos y casi diez meses más tarde, en abril de 1995, el Banco Central ordenó la suspensión de actividades. Sin embargo, antes de eso, entre la imposibilidad de pagar y la suspensión de sus actividades, la entidad venadense absorbió dos bancos cooperativos en quiebra: el Aciso y de la Ribera.

En diversos medios de comunicación trascendió que Eugenio Pendás, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, fue quien recomendó que el BID absorbiera a los dos bancos, respaldado por un documentado realizado por la calificadora de riesgo local Risk Analysis, perteneciente a su esposa y ahora excanciller de la gestión libertaria Diana Mondino, quien en aquel entonces le atribuyó una "triple B" al BID, o sea, una buena calidad crediticia.

El caso BID terminó convertido en una síntesis temprana de lo que años después explotaría a escala nacional. La convertibilidad logró sobrevivir a la crisis del Tequila, pero el sistema financiero argentino siguió acumulando tensiones hasta desembocar en la crisis de 2001: corrida bancaria, corralito, corralón y una ola de quiebras y fusiones que modificó para siempre el mapa financiero del país.

Roberto Cataldi y Miguel Angel Camilo Arduino, gerente general y presidente, respectivamente, del Banco Integrado Departamental (BID), junto a Omar Eduardo Re, Ángel Alberto Baiguera, José Luis Arrioti, Adelqui Ramón Cavallera, Gustavo David Machado y Luis Martínez Rial fueron procesados por administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública en 48 oportunidades y balance falso. Sin embargo, la historia judicial tampoco tuvo un cierre reparador para los damnificados. La causa penal vinculada a la quiebra terminó prescribiendo en 2009, sin condenas firmes contra los principales responsables señalados en las investigaciones y denuncias.