Las presuntas irregularidades administrativas en la comuna de Chovet generaron el desembarco de la provincia, que ordenó una auditoría jurídica y contable. La llegada de los funcionarios se produjo este miércoles.

El subecretario de Comunas de la provincia de Santa Fe, Carlos Kaufmann, aclaró que la toma de un crédito y la denuncia sobre el robo de unos cheques que no estarían asentados en las cuentas comunales son parte de la investigación, pero que la auditoría las excede. En la mira del Ministerio de Gestión Pública está, por ejemplo, la falta de funcionamiento de la comisión comunal, que además de no reunirse, tampoco respondió a los requerimientos hechos al respecto por esa cartera.

La comuna de Chovet, localidad ubicada a 140 kilómetros de Rosario, se vio involucrada a principios del año pasado en un escándalo por un préstamo que tomó la gestión encabezada por Sergio Busquet a un particular, lo que derivó en allanamientos a la Comuna.

Como lo publicó La Capital el 8 de junio de 2020, el tema llegó a la Justicia y el fiscal de Melincué, Marías Merlo, ordenó un procedimiento para buscar información sobre el préstamo, tomado en noviembre del año anterior.

La investigación se puso en marcha luego de que se detectara que el préstamo, que fue destinado a pagar sueldos, no habría sido aprobado por la comisión comunal ni informado a la provincia, ya que es ilegal realizar esa operación con el sector privado.

La intención del fiscal era obtener documentación que respaldara la toma de ese crédito personal cuando en realidad eso no debiera hacerse. “Por lo menos hay incumplimiento de deberes de funcionario público, en principio, aunque estamos en plena etapa investigativa”, dijo entonces el representante del MPA.

Para colmo, en marzo de 2020, la comuna fue víctima de un robo de cheques por 2 millones de pesos destinados a jornales, que no estarían asentados en los registros contables.

Sin funcionamiento

No obstante, Kaufmann aclaró que “las actuaciones de la provincia son administrativas. Sí, los cheques no asentados y la toma del crédito son parte de la investigación, pero esta auditoría parte de denuncias formuladas por un miembro de la minoría y un revisor de cuentas. En lo institucional, lo que más nos preocupa y nos lleva a la inspección es la falta de reuniones de comisión. Nosotros le corrimos traslado a la comuna por esta irregularidad institucional. La autoridad local solicitó un plazo para responder, y no lo cumplió, lo cual habilita al Ministerio a inspeccionar”, afirmó.

Concretamente, y respecto de estas anomalías, el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, dispuso “una inspección legal y contable en el ámbito de la comuna de Chovet, departamento General López, a los fines de constatar fehacientemente la existencia de irregularidades en los términos consagrados en la ley orgánica de comunas N° 2.439”. Concretamente, nombra los artículos relativos a la obligación de establecer reuniones y a los concerniente al depósito de los fondos.

En el artículo 2 de la resolución, la autoridad dispone que la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional designe a los responsables de llevar a cabo la inspección dispuesta, quienes a la finalización de la misma deberán elevar a las autoridades un informe correspondiente acompañando las medidas a adoptar de acuerdo a conclusiones a las que arriben”.

Régimen comunal

Las autoridades provinciales consideran que el tema está estrictamente vinculado con el régimen comunal de gobierno y en consecuencia la cuestión debió ser resuelta por la comisión comunal de Chovet, que es “independiente de todo otro poder en el ejercicio de sus funciones”, y a la que le corresponden “las facultades de intervención o control”. Esto último “sin perjuicio de que están sujetas a inspección por el Poder Ejecutivo”.

En este marco, la Dirección General de Asuntos Jurídicos entendió que correspondía la intervención de la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional, y por el cuerpo legal de aplicación para habilitar esta decisión. “Existen elementos indiciarios de una falta de normal funcionamiento del ente territorial, como así también de la no publicación de balances o estado de caja, todo lo cual hace que se concluya que no existen reparos de índole jurídica para que el ministro de Gestión Pública proceda en sentido que se le requiere en los presentes mediante el dictado del acto administrativo pertinente”, dice la resolución ministerial.

Último recurso

Kaufmann insistió con que “el crédito y los cheques son dos irregularidades administrativas más. No somos la Justicia para investigar determinadas faltas o delitos, pero sí podemos actuar frente al incumplimiento de la ley orgánica de comunas. Las autoridades locales tuvieron tiempo para contestar nuestros requerimientos, y no lo hicieron en tiempo y forma; incluso, tampoco apelaron la resolución que establece la inspección”.

En cuanto a las consecuencias que pueden tener las actuaciones si se detectan las irregularidades denunciadas, el funcionario aclaró que la provincia “siempre ha sido muy respetuosa de la decisión popular y de las autoridades surgidas de esa voluntad”.

Por lo tanto, una intervención a la comuna “es el último recurso, tanto que en 20 años sólo hubo una en toda la provincia, en Maciel. Pero esto es algo que siempre se trata de evitar”.