“El ilegal accionar del intendente de Las Rosas, que mantuvo un conflicto por varias semanas con trabajadores municipales por descuentos de salarios derivó en el dictado de la Conciliación Obligatoria _como veníamos largamente solicitando_ por el plazo de 15 días hábiles. Inmediatamente conocida esta resolución los y las municipales en conflicto levantaron la medida de fuerza y retomaron sus tareas habituales. Esta es una nueva y reprochable acción contra los trabajadores, ya que el intendente Meyer no pagó los salarios que por efecto de la Conciliación dictada debía abonar", señala un comunicado emitido por la Federación Santafesina de Trabajadores Municipales (Festram).

En el mismo, se indica que “Meyer dice entender que no le corresponde abonar los salarios reclamados, con la clara intención de dilatar la situación le requirió a la autoridad ministerial que emita opinión sobre el deber de hacer efectivo el salario que oportunamente había descontado por medidas de fuerza provincial”.

“Violentando lo que fue el marco de la conciliación obligatoria, los funcionarios provinciales accedieron a esta petición pero también desconociendo claramente lo que dice el articulado específico de la Ley 10.468, en el artículo 15: “Desde el dictado de la resolución mediante la cual se someta el conflicto colectivo al trámite obligatorio de conciliación o del arbitraje, las partes deberán retrotraer la relación y situación laboral al estado en que se encontraba antes de la iniciación del conflicto”, agregan desde Festram.

De esta manera, “se levantó la medida de fuerza por un lado y por el otro se debían pagar los sueldos adeudados, pues precisamente los descuentos por los días de paro fueron el origen de la acción gremial”, manifiestan.

Por último, desde Festram se preguntan: “¿Qué es lo que no está claro? ¿Qué opinión queda por emitir? El intendente Javier Meyer desconoció nuevamente los compromisos asumidos, mientras el Ministerio de Trabajo y otras áreas del gobierno provincial son absolutamente funcionales a sus arbitrariedades. Los hechos demuestran que el Ministerio de Trabajo evade sus deberes institucionales permitiendo que un intendente vulnere el orden democrático y derechos constitucionales de los trabajadores. Estas autoridades son responsables de crear un contexto de alteración de la paz social”.