La Región

La Nación estatizó concesiones viales vencidas y volverá a adjudicarlas

Son corredores de distintos puntos del país cuya explotación ya terminó. El gremio del sector cuestionó con dureza la medida.

Jueves 26 de Septiembre de 2019

El gobierno nacional dispuso la estatización de varias concesiones viales debido a que los contratos se encontraban vencidos y mantendrá la administración hasta tanto se realicen nuevas adjudicaciones. Dos de esas carreteras, la 34 y la 19, atraviesan la provincia y forman parte del paquete.

Así lo dispuso a través del decreto 659/2019 publicado el martes en el Boletín Oficial, donde se dispone que la empresa estatal Corredores Viales Nacionales se va a hacer cargo de "la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario", en el marco del régimen establecido en la ley NP 17.520, y por un plazo que será de cinco años.

Se trata de tramos de las rutas nacionales 8, 9, 12, 16, 19, 34, 36, 105 y la A005.

Al mismo tiempo, la Dirección Nacional de Vialidad absorberá la administración de tramos de las rutas 3, 11, 18, 22, 38, 151, 188, 205, 226, 252 y la A009, por el mismo plazo y para "la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario, en el marco del régimen establecido en la Ley Nº 17.520".

A favor y en contra

La medida suscitó el rechazo dl Sindicato Trabajadores Viales y Afines (Stvyara). La organización sindical que conduce Graciela Aleñá aseveró que la determinación oficial "se entromete con las funciones de Vialidad Nacional", y es "una maniobra que avanza en la destrucción del organismo público y convalida la oportuna denuncia gremial ante la prórroga ilegal y arbitraria de las concesiones".

Aleñá sostuvo que el decreto pretende "proteger" a las autoridades del organismo y de la cartera de Transporte por "perjuicios al Estado por más de 30 mil millones de pesos. No es casualidad un decreto posterior a la denuncia penal del sindicato. Esos contratos, vencidos en abril de 2017 y prorrogados de forma arbitraria e ilegal, no están salvados. Es imposible legislar para atrás. Los hechos perjudicaron al Estado en más de 30 mil millones y en los montos recaudados por peaje", puntualizó. Y explicó que "el supuesto ahorro de 2.500 millones de pesos no fue tal, ya que continúa el cobro de peaje sin ofrecer caminos alternativos, y se ejecutarán obras con fondos públicos para que luego la concesionaria que gane la licitación cobre sin invertir".

La sindicalista afirmó que esa tarea puede ser realizada por Vialidad Nacional, siempre que "los fondos originales deducidos de combustible se destinen a la función original". Y desmintió que los 978 empleados que cumplen tareas en los cinco corredores vayan a sumarse a la planta del Estado, ya que tienen "una vinculación de derecho privado regida por la ley de contrato de trabajo 20.744, según el decreto 794/17".

No obstante, la decisión fue celebrada por el gremio de Trabajadores de Peaje (Sutpa Santa Fe). "Nos da tranquilidad por el hecho de que el Gobierno nacional decidió no licitar segunda y tercera etapa de los nuevos contratos del participación público privada (PPP) en vías que vayan terminando sus prorrogas de concesión", remarcó Cristian Pallé, secretario general del Sutpa santa Fe

"Tenemos garantías que el traspaso será normal, donde se respetaran las condiciones de trabajo y derechos laborales de los compañeros", agregó

Por lo pronto, en la provincia los traslados a Corredores Viales son ruta 34 y autovía 19 que va de Santo Tomé a Córdoba Capital donde hay unos 200 trabajadores y actualmente están bajo la concesión de la empresa privada Carreteras Centrales de Argentina

El boletín oficial detalla que más de 3.374 kilómetros en distintos tramos de rutas de 11 provincias pasarán al Estado nacional, que se hará cargo en forma transitoria de su operación y mantenimiento a través de la empresa Corredores Viales. La compañía estatal fue creada en octubre de 2017 para operar la autopista Riccheri cuando se decidió rescindir el contrato de concesión a la empresa.

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