La Fundación Todos los Chicos, con sede en Casilda y casi 25 años de trayectoria en el abordaje integral de la discapacidad, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. La institución, que nació con el objetivo de garantizar atención a todas las personas sin distinción económica, debió cerrar en el último tiempo su Centro Educativo Terapéutico, el Centro de Día y el servicio de apoyo a la integración escolar, dejando sin cobertura a unas 22 personas con discapacidad.

En la actualidad, intenta sostener su última prestación activa, las intervenciones asistidas con animales, especialmente con equinos, en un contexto económico y estructural que pone en jaque su continuidad.

La fundación se gestó a comienzos de los años 2000, a partir de un grupo de personas comprometidas con la temática de la discapacidad que impulsaron jornadas, espacios de formación y actividades abiertas a la comunidad. Desde su origen, la premisa fue clara: que ninguna persona quede sin atención por motivos económicos.

De allí su nombre: Todos los Chicos sintetiza una filosofía que, durante años, permitió sostener becas, ampliar servicios y consolidar un espacio de referencia regional. Por sus instalaciones pasaron familias de Casilda y de distintas localidades cercanas, en busca de tratamientos que muchas veces no encontraban en otros ámbitos.

Con el tiempo, la institución creció y estructuró servicios formales de atención: el Centro Educativo Terapéutico, el Centro de Día y el acompañamiento a la inclusión escolar, todos categorizados dentro del sistema de discapacidad.

A la par, esta entidad desarrolló propuestas innovadoras como las intervenciones asistidas con animales, articulando incluso con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario.

El deterioro del sistema

El proceso de deterioro no fue inmediato, pero sí sostenido. Según explican desde la institución, uno de los primeros golpes fuertes se produjo a partir de 2017, cuando comenzaron a registrarse demoras y deudas en los pagos del sistema de prestaciones, particularmente a través del programa Incluir Salud.

Esa situación se agravó con el paso del tiempo. La pandemia terminó de tensionar al máximo la estructura y, en los últimos años, la combinación de inflación, aranceles congelados y recortes en prestaciones terminó por desbordar la capacidad de sostenimiento.

“Los valores del nomenclador nacional no se actualizaron y eso hizo imposible cubrir costos básicos”, explican. A esto se suma el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada pero no implementada en la práctica.

Resultado inevitable

El resultado fue inevitable: el cierre progresivo de servicios fundamentales. Las consecuencias: personas sin atención y equipos desarmados.

Detrás de los números hay historias concretas. Al menos 22 personas con discapacidad quedaron sin atención directa tras el cierre de los espacios, lo que impacta también en sus familias y entornos.

La situación se vuelve más compleja aún porque otras instituciones atraviesan problemas similares, lo que reduce las posibilidades de reubicación.

Al mismo tiempo, el cierre de servicios implicó la pérdida de fuentes laborales para profesionales especializados, en un área donde la continuidad de los equipos resulta clave para el desarrollo de los tratamientos.

“Formar profesionales en discapacidad lleva años y el vínculo con cada paciente es fundamental. Cuando eso se rompe, el daño también es terapéutico”, abundaron.

Más que una alternativa

En este contexto, la fundación sostiene con enorme esfuerzo las intervenciones asistidas con animales, particularmente con equinos, una práctica que consideran central y no complementaria.

“El caballo genera un patrón de marcha muy similar al humano y eso estimula directamente el sistema nervioso. No es recreativo: es terapéutico”, detallan desde el equipo.

Estas intervenciones no solo trabajan aspectos físicos, sino también cognitivos, emocionales y sociales, en un abordaje interdisciplinario que involucra kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, profesores de educación física y veterinarios.

Además, el espacio funciona como ámbito de formación para estudiantes universitarios, fortaleciendo el vínculo entre salud, educación y comunidad.

El vacío legal y una ley integral

Uno de los puntos que la institución plantea con mayor énfasis es la falta de un marco normativo claro para las intervenciones asistidas con animales.

Actualmente, no existe una ley nacional que regule de manera integral esta práctica, lo que genera dificultades en su reconocimiento, financiamiento y control de calidad.

Desde la fundación sostienen que es necesario avanzar en una legislación que contemple todas las modalidades, terapéuticas, educativas y recreativas, y que incluya distintas especies, no solo equinos.

También advierten sobre la proliferación de certificaciones no oficiales y la necesidad de garantizar estándares profesionales, tanto para proteger a los pacientes como para asegurar el bienestar de los animales involucrados.

Aunque en 2014 se presentó un proyecto de ley nacional bien desarrollado que llegó a avanzar en comisión, nunca logró sanción definitiva y perdió estado parlamentario.

La resistencia

Hoy, la fundación se encuentra en una etapa de resistencia. Sin los recursos que antes provenían de sus servicios cerrados, el sostenimiento de la equinoterapia depende de la autogestión, el compromiso del equipo y eventuales colaboraciones.

Los profesionales continúan trabajando en condiciones precarias, muchas veces sin saber si podrán cobrar sus honorarios, mientras se organizan actividades para recaudar fondos y sostener la actividad.

En paralelo, se gestionan alternativas con el Estado provincial para generar talleres que permitan reinsertar a algunas de las personas que quedaron sin atención.

Pero el escenario es incierto. “El riesgo de cierre es real. Y no se trata solo de una institución, sino de un sistema que está dejando a las personas con discapacidad sin respuestas”, advierten.

En ese marco, el llamado es amplio: a la comunidad, a las empresas y al Estado, para sostener un espacio que durante más de dos décadas trabajó bajo una premisa simple y potente: que todos los chicos, sin excepción, tengan un lugar.

Un sistema en emergencia

La situación que atraviesa la Fundación Todos los Chicos no es un hecho aislado, sino la expresión local de una crisis más amplia que atraviesa al sistema de discapacidad en la Argentina. Desde hace años, prestadores, instituciones y familias advierten sobre el deterioro progresivo de un esquema que combina desfinanciamiento, burocracia y falta de actualización de los aranceles oficiales, en un contexto económico cada vez más adverso.

El congelamiento del nomenclador nacional de prestaciones, frente a una inflación sostenida, fue licuando la capacidad operativa de centros educativos, terapéuticos y de día en todo el país. A eso se suman demoras crónicas en los pagos por parte de obras sociales y programas estatales, lo que genera endeudamiento, interrupción de servicios y, en muchos casos, el cierre definitivo de instituciones que cumplen un rol social irremplazable.

Si bien en los últimos años se sancionaron normas orientadas a declarar la emergencia en discapacidad, desde el sector señalan que su implementación fue parcial o directamente inexistente. En la práctica, el peso del sostenimiento del sistema recayó cada vez más en las organizaciones, las familias y los propios profesionales, que debieron sostener prestaciones con recursos insuficientes o condiciones laborales cada vez más precarias.

La crisis estructural

En ese marco, el caso de Todos los Chicos refleja con claridad el impacto concreto de esa crisis estructural: servicios que dejan de funcionar, personas con discapacidad que pierden tratamientos esenciales y equipos interdisciplinarios que se desarman tras años de trabajo conjunto. La reducción de la red institucional también limita las posibilidades de continuidad terapéutica, especialmente en ciudades intermedias, donde la oferta es menor y las alternativas escasas.

Mientras tanto, la demanda no disminuye. Por el contrario, la complejidad de las situaciones atendidas exige abordajes integrales, estables y sostenidos en el tiempo, algo difícil de garantizar sin políticas públicas que respalden efectivamente al sistema. La experiencia de la fundación casildense muestra que, aun con compromiso, trayectoria y reconocimiento comunitario, la supervivencia de estos espacios resulta cada vez más frágil si no hay un acompañamiento estructural acorde.

Así, lo que hoy está en riesgo no es solo la continuidad de una institución con casi 25 años de historia y trayectoria, sino el derecho al acceso a la atención de las personas con discapacidad, un derecho que en la práctica depende cada vez más de esfuerzos excepcionales y menos de un sistema estatal que debe y está obligado a garantizarlo.

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