En el marco de la megacausa en la que desde el 1º de agosto de 2019 se investigan posibles delitos económicos cometidos por el presidente de la Cooperativa de Trabajos Portuarios y secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), Herme Juárez —detenido en un espectacular operativo que incluyó 30 allanamientos—, hay empresas que vieron afectado su funcionamiento al ser puestas bajo el escrutinio judicial. Tal es el caso de la compañía DZ Seguridad, una de las proveedoras de la cooperativa y que —entre otras— resultó incluida dentro de las sospechas por lavado de activos.
Según relató el titular de la firma, Darío Zamora a La Capital “desde el día de los allanamientos comencé a vivir una penuria constante. La empresa de seguridad es mía, no soy testaferro de Juárez”. El empresario fue acusado de actuar como “prestanombres” de Juárez y permitir que a través de su firma —ahora en serios problemas de continuidad— se produjera el lavado de activos a favor del histórico dirigente portuario.
A partir del inicio de la megacausa la firma DZ fue inhibida, lo que imposibilitó el pago de salarios a sus empleados al no poder continuar prestando servicios a otros clientes que contaba, además de la cooperativa de portuarios.
Zamora en los últimos días decidió recurrir a los medios de prensa regionales para expresar su enojo con Juárez y la injusticia de la que, según afirma, es víctima. “Aquel primer día de agosto del año pasado empezó una dura tormenta que todavía no termina. Fue un tiempo difícil el que atravesamos porque la Intervención de la cooperativa no nos pagó y nos faltó el respeto”, aseguró y agregó: “Además, la Justicia no tuvo en cuenta nada y nos inhibió el Cuit quitándonos la posibilidad de seguir brindando servicios a otras firmas”.
En lo referente a los servicios que brindaba a la Cooperativa, detalló que eran 14 los objetivos donde se desplegaban sus agentes de seguridad: “El club, el centro operativo, el Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias, el Centro Médico 21 de diciembre, los Centros de Contrataciones y el domicilio particular de Juárez, entre otras reparticiones y oficinas”, afirmó.
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El empresario destacó que sus problemas empezaron desde la primera intervención de José Schaer y Gustavo Muñoz porque “a través de los gerentes -algunos de los cuales estaban procesados- influyeron para que me desplazaran de la cooperativa y colocaran otra empresa en reemplazo de DZ”. Desde entonces los interventores optaron por la firma “Esparta” perteneciente a Security Group de Daniel Alberto, en la que siguen trabajando la mayoría de los ex empleados de DZ.
“Fue una situación muy fea tanto para mí como gerente de la empresa como para los empleados quienes tuvieron que optar por renunciar y perder su antigüedad para comenzar otra vez en la nueva firma”, lamentó Zamora quien asimismo destacó que “la siguiente intervención tampoco mostró nunca predisposición para solucionar lo vinculado a nuestra situación”.
Actualmente Zamora es representado legalmente por el mediático abogado, Miguel Angel Pierri, quien lo asesora en un reclamo de “ resarcimiento económico por daños y perjuicios”. Además, el ex policía afirma que no sólo sus finanzas se vieron afectadas sino que la situación repercutió en su salud. “Estuve internado en el ICR por una arritmia cardíaca y en el Centro Adventista de Vida Sana Libertador San Martín, de Puiggari, Entre Ríos, por un cuadro de estrés, todo como consecuencia de esta penosa situación”, detalló.
Encadenado
Zamora dijo haber atravesado “momentos horribles”, como cuando “tuve que llegar al extremo de encadenarme dos veces: una en la ventana del juez federal de Campana Adrián González Charvay, para que desinhibiera el CUIT de mi empresa y para que les paguen a mis empleados; y otra vez en la Cooperativa para cobrar la facturación de julio de 2019 que me adeudaban. Ambas fueron situaciones límites que afectaron también a mi familia. Hace unos días falleció mi papá y se fue de este mundo preocupado por mi estado”, expresó.
“La gente que me conoce sabe que lo que pasó no fue mi culpa. Luché desde muy abajo para formar la agencia después de dejar la mejor imagen en la policía de la provincia en donde trabajé 30 años y me retiré como comisario inspector. Siempre tuve una excelente relación humana con mis empleados, pero hoy estoy muy resentido porque hay gente que me pagó muy mal”, expresó el titular de la empresa de seguridad.
Luego reiteró que “el anterior interventor, ni el actual (Roberto Pascualino) nunca tuvieron predisposición de solucionar las cosas, siempre pusieron trabas. Aunque nunca bajé los brazos, me hicieron un daño tremendo, es una gran injusticia la que me tocó vivir”.
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Dolor y gratitud
Emociones y sentimientos controvertidos atraviesan a Zamora a la hora de referirse al líder sindicalista, Herme Juárez. “A Juárez lo conocí en 2012 por medio de su nieto. Trabajé siete años para la cooperativa y para Juárez, a quien le cuidé su familia. Le estoy muy agradecido, pero al mismo tiempo me siento dolido, me gustaría que en algún momento exprese públicamente que la empresa DZ Seguridad no era suya como muchos creen, llegando incluso a señalarme como testaferro. Una gran mentira que me causó daño y dolor. La gente tiene que saber la verdad”.
De acuerdo con Zamora, a Juárez lo vio por última vez “cuando le sacaron la tobillera. En ese momento le remarqué que los proveedores estábamos muy mal y me aseguró que las cosas mejorarían, pero yo sigo sufriendo”.
“Estoy muy dolido y consternado por toda esta situación. Lo único que quiero es justicia y que se me resarza el daño económico que me causaron. Don Herme no me llamó nunca y la pasé muy mal. Hubo momentos en que no tenía ni para los medicamentos”, lamentó.
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Cobro de deuda y nueva demanda
Por su parte el abogado Miguel Ángel Pierri dijo que en lo que respecta al reclamo económico que realizó Zamora por las pérdidas y demoras en los pagos que se derivaron de la causa penal “hace unas semanas se logró el cobro de una suma importante en carácter de canon de prestación de servicios por contrato”. Sin embargo, aclaró que su defendido, “más allá del éxito obtenido en la parte económica, está muy afectado a nivel patrimonial y psíquico. Por esa razón, se analiza el inicio de una nueva demanda por daños y perjuicios por una suma millonaria”.
“Ahora reclamaré contra Juárez porque fue a partir de su detención que surgió todo el conflicto con los proveedores. También hay otras empresas de servicios con acreencias millonarias que tienen problemas similares”, señaló Zamora a este diario y remarcó: “está comprobado que la facturación de mi compañía fue correcta. No participamos de ningún lavado de activos y nos utilizaron de chivo expiatorio para justificar los millones en danza”.
El empresario explicó además que “mi empresa facturó casi 90 millones en ocho años. Pero hay que tener en cuenta que la empresa disponía de más de cuarenta empleados”.