Tras la decisión del Tribunal Oral Federal de Santa Fe de suspender el inicio del juicio por la causa Laguna Paiva II, que generó el rechazo de las querellas y organismos de Derechos Humanos de Santa Fe, que denunciaron una maniobra dilatoria en un proceso considerado histórico en la provincia, el próximo martes 5 de mayo comenzaría el debate.

El inicio del juicio oral y público de la causa Laguna Paiva II que debería haber comenzado el 28 de abril, se postergó la semana pasada, luego de la renuncia del abogado defensor de uno de los imputados.

Se trata de un proceso judicial que tiene como objetivo juzgar por delitos de lesa humanidad el abandono de persona y las violaciones a los derechos humanos sufridas por 16 niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura militar y establecer las responsabilidades penales correspondientes a la vez de reparar un daño histórico.

La decisión de dilatar el comienzo del juicio fue adoptada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, y fue comunicada de manera informal a las organizaciones de derechos humanos querellantes, que recibieron como fecha tentativa de reprogramación el martes 5 de mayo.

Un juicio inédito en la provincia

La causa se instruyó para juzgar hechos ocurridos en febrero de 1980 y tenía como acusados al exjuez federal Víctor Brusa y a los expolicías Eduardo Riuli, Oscar Valdez y Antonio Parvelotti, señalados por su participación en operativos represivos que afectaron directamente a hijos y familiares de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Laguna Paiva.

Desde los organismos de derechos humanos, la postergación fue calificada como una maniobra dilatoria y ofrecieron una conferencia de prensa para exponer la situación. “Es una decisión que sorprende por vergonzosa. Entendemos que la renuncia a último momento no fue más que una estrategia para demorar un juicio trascendental”, expresó la abogada Julia Giordano, integrante del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Rosario, quien recordó que los defensores tenían “la obligación de continuar” hasta la designación de un reemplazo.

La letrada advirtió que la suspensión generó un perjuicio concreto a las víctimas, muchas de las cuales debían viajar desde otras provincias. “Poner una fecha, suspenderla y reprogramar como si fuera un trámite administrativo fue una afrenta al derecho de acceso a la justicia”, afirmó.

El antecedente y el impacto en las víctimas

La causa Laguna Paiva II se originó a partir de los testimonios brindados en el juicio conocido como Chartier o causa Laguna Paiva, realizado en plena pandemia, donde se juzgaron secuestros y torturas contra 11 trabajadores de Laguna Paiva vinculados con el PRT a través de la organización sindical “La lucha”. En ese proceso se evidenció el funcionamiento del Departamento de Informaciones Policiales y otros grupos represivos durante la última dictadura cívico militar en la provincia de Santa Fe.

Esos relatos permitieron reconstruir situaciones extremas sufridas por niños y adolescentes, como secuestros junto a sus padres, exposición a torturas, abusos y abandono forzado. “Hablamos de personas que eran menores de edad y quedaron solas, sin adultos responsables, por un accionar represivo del Estado”, sostuvo Luis Larpin, referente del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe.

Entre los casos se destacó el de la familia Páez, cuyos hijos quedaron semanas abandonados tras el secuestro de sus padres, o el de adolescentes que fueron interrogados bajo tormentos para obtener información sobre militantes perseguidos.

En julio de 2021 por la causa Laguna Paiva fueron condenados Germán Raúl Chartier, jefe de la División de Informaciones Policiales (D2), Eduardo Enrique Riuli y Rubén Oscar Insaurralde, de la misma división. También se condenó a Fernando Sebastián Mendoza, jefe de la Comisaría XIII de Laguna Paiva, y los oficiales Antonio Rubén González y Omar Epifanio Molina. Los seis represores fueron declarados culpables de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos.

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Abandono de persona y lesa humanidad

Giordano subrayó que el nuevo juicio tiene una relevancia singular porque reconoce a las personas no solo como testigos de los hechos de 1980, sino como víctimas directas. “Es la primera vez que el abandono de persona se analizará como delito de lesa humanidad en un juicio oral y público. El objetivo es que se haga justicia y que se reconozca a las infancias como sujetos de derechos vulnerados”, señaló.

Mientras las partes aguardaron una notificación formal sobre la nueva fecha, las expectativas permanecen intactas en torno a un proceso que busca ampliar la mirada sobre el terrorismo de Estado y sus consecuencias en las generaciones más jóvenes y que en ese sentido es considerado como “histórico” por las organizaciones de Derechos Humanos.

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