El senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, ingresó un proyecto de comunicación en la Cámara Alta provincial reiterando el pedido al Ejecutivo para que implemente la ley 14.010, que creó el Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles. El legislador, autor de la norma y que en dos ocasiones previas ya requirió su puesta en práctica, asegura que de esta manera se favorecerá la industria y se cuidará el ambiente.

“No teniendo respuestas hasta el momento, resulta preciso insistir en el reclamo dado lo importante que resultaría la aplicación efectiva de lo prescripto en la ley 14.010 del año 2020. La entrada en vigencia de la norma citada permitiría incrementar la producción del sector industrial y reemplazar combustibles fósiles por biodiésel en colectivos urbanos e interurbanos, parque automotor de los Estados provincial y municipal, y empresas privadas que acepten adherir a la ley”, enfatizó el senador Traferri en su pedido.

La ley 14.010 creó el Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles, cuyo objetivo es llegar a la utilización masiva de biocombustibles (biodiésel, bioetanol o los combustibles renovables que pudieran surgir) en estado puro o en el mayor nivel posible de mezclas con combustibles fósiles.

Apunta a todos los vehículos y maquinarias en la actividad agrícola y ganadera, así como los contratados para la realización de obra pública y prestación de servicios públicos; transporte de cargas; espectáculos públicos; empresas de logística; flotas de gobierno provincial, municipal y empresas del Estado; generación eléctrica; servicios de suministro de combustibles para buques.

La norma también indica la inclusión en pliegos licitatorios de la obligación de uso B100 en máquinas y vehículos (uso de 100% de biodiésel) si técnicamente es posible; incentiva el uso en el sector privado por medio de beneficios tributarios; y ordena el uso de B100 en todo el transporte público como condición para seguir recibiendo los subsidios vigentes por parte de la provincia.

Si bien en su artículo 12 la norma establecía un plazo de 90 días para la reglamentación, luego de haber transcurrido más de dos años de su sanción no se ha logrado la puesta en práctica. “Lamentablemente estos retrasos administrativos impiden la aplicación plena de una norma que favorece claramente a la industria y al medio ambiente”, insistió Traferri.