Luego de que el 29 de abril la provincia anunciara la licitación de obras para descomprimir la ruta provincial Nº 91, los vecinos de Villa La Ribera y la zona volvieron a encender las alarmas. Es que, en aquel momento, se adelantó que en un plazo aproximado de 60 días se haría el llamado para generar una suerte de by pass desde esa carretera provincial hasta los puertos de la región. La nueva ruta atravesaría zonas rurales y evitaría el tránsito por las localidades afectadas por el intenso tránsito pesado. La provincia aseguró que el proyecto se esta corrigiendo y que la licitación está en camino, aunque no hay una fecha específica.

Con la firma del abogado patrocinador Fernando Dimase, el grupo de vecinos envió una carta documento al gobernador Omar Perotti en la que le pide información -y que instruya a los funcionarios de las área correspondientes- respecto de las obras cuya licitación fuera anunciada el 29 de abril, algo que las autoridades estipularon que se haría en "aproximadamente 60 días". Pasado ampliamente este lapso, los habitantes de la zona vuelven a preguntarse en qué quedaron estos anuncios.

Desde la Gobernación dieron una respuesta a La Capital: "Después de la reunión del 29 de abril, el 15 de mayo hubo un encuentro en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad, donde se mostró a todos los actores involucrados el proyecto ejecutivo, que se está corrigiendo de acuerdo a sugerencias realizadas en esa oportunidad. Finalizado este proceso -aseguraron las fuentes consultadas- se "empezará a redactar el pliego para llamar a licitación, en principio, para la primera etapa de intervención de la ruta provincial N°91".

La notificación enviada por los vecinos al gobernador está fechada el 14 de julio, dos semanas después de la supuesta fecha -en rigor, tentativa- de licitación.

En efecto, la provincia se había comprometido el 29 de abril a licitar, en un plazo estimado de 60 días, la construcción de una nueva ruta alternativa que sortee las zonas urbanas y llegue al área de las terminales. La inversión se calculó en unos 3 mil millones de pesos, y el plazo de ejecución en 12 meses. Según lo estipulado en ese momento, los trabajos podrían estar concluidos en 2023.

Tal como lo publicó La Capital el mismo día del anuncio, el proyecto difundido consistía en una nueva carretera que partiría de la ruta 91 entre Pueblo Andino y Serodino y que llegaría hasta el puente Giardino (el que cruza la autopista y hoy está casi en desuso). Esta nueva ruta desviaría el tránsito por zonas rurales, sorteando las localidades involucradas, y se completaría con un puente sobre el ferrocarril, otro sobre la ruta 11 y uno más sobre el río Carcarañá, hasta llegar con pavimento de hormigón a los puertos del Paraná.

La propuesta se formalizó en una reunión que tuvo lugar en Puerto San Martín, donde estuvieron presentes el Ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, el administrador de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, entidades empresarias y gremiales, intendentes presidentes comunales de las localidades involucradas y representantes de los vecinos.

En la ocasión, Ceschi fue específico respecto de los trabajos a realizar, y aclaró que quedarían pendientes para otra etapa los rulos de acceso entre el puente y la autopista, para que "todos los que desvían hacia La Ribera puedan hacerlo por pasos alternativos".

El abogado que patrocina a los autoconvocados también es vecino de la zona y representó a los vecinos en un reclamo que se hizo, en junio del año pasado, ante la Defensoría del Pueblo, tanto de la provincia como de la Nación. Esto derivó en una mesa de diálogo multisectorial, convocada el 26 de septiembre, donde se discutió la situación y se hizo un reclamo, sintetizado en siete puntos.

Se dijo entonces que los intereses económicos "jamás pueden ser más importantes que la seguridad de las personas y su calidad de vida"; que son necesarias obras urgentes de infraestructura para toda la región, siendo Villa La Ribera la zona más damnificada al colectar- cual embudo sobre la Ruta 91- la mayor parte de los camiones que llegan a los puertos de Timbúes e incluso de Puerto San Martín y San Lorenzo". Y también se expresó que "los paliativos o «parches» ya no son suficientes dado el crecimiento del sector agro-exportador".