Organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de la mujer acompañaron este martes por la mañana a familiares y amigos de Rocío Vera, a manifestar frente a la sede del Ministerio Público de la Acusación de Reconquista y de la Oficina de Gestión Judicial. La movilización fue el reflejo de la indignación que provocó el lunes la liberación de uno de los imputados por decisión del juez Mauricio Martelossi y sin oposición por parte del fiscal Aldo Gerosa. Rocío, una adolescente de 14 años de Reconquista, fue torturada, violada en manada y asesinada en un barrio de esa ciudad en la madrugada del 12 de julio último.
Por el caso fueron detenidos siete jóvenes (cinco mayores y dos menores) quienes habrían participado de la secuencia de delitos cometidos esa noche pero ahora, tras la declaración de dos testigos, el imputado Luis Alberto Quintana, alias “Chayanne”, quedó en libertad aunque, según la querella, tuvo participación activa en los hechos que concluyeron con el femicidio.
“Pretendemos que los femicidas no estén sueltos. Es un riego para la familia y además es un mensaje de poca credibilidad porque necesitamos confiar en la Justicia, porque las mujeres además de ser asesinadas por el hecho de ser mujeres sufrimos una doble discriminación. Si somos pobres, el acceso a la justicia es desigual y en el norte a esto se lo ve”, dijo indignada Mariana Mesa, referente de Mumalá Reconquista al portal digital Reconquista Hoy. La militante dijo además que las movilizaciones “son una muestra de solidaridad y de empatía con la familia y un pedido a la Justicia para que venga y nos de explicaciones por que una mujer es asesinada por día".
Mesa explicó que Quintana quedó en libertad en base a la declaración de dos testigos que aseguraron que no estuvo en el lugar del crimen. “Entendemos que en el marco de la causa hay testimonios de que él participó hasta de las torturas, por lo tanto hasta que no se resuelva en el marco del proceso, esperamos que todos los responsables esperen la condena o el debido proceso en la cárcel. No nos da seguridad que un femicida circule en el barrio en el que vive la familia de la víctima”, señaló.
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“Interpelamos a la Justicia de Santa Fe. Hace una semana asesinaron a Florencia Gómez en San Jorge y todavía no hay responsables. La Justicia nos tiene que dar respuestas, tienen que mirar desde la perspectiva de género, avanzar en la ley Micaela para que también se puedan formar los jueces y que no resuelvan este tipo de medidas que van en contra de las víctimas”, remarcó y agregó: “Estamos acá poniéndole voz al acompañamiento de la familia para decir que como organizaciones de mujeres y sociedad civil no vamos a permitir que un caso quede impune, que estamos alertas y en solidaridad con una familia que pretendemos que no se la discrimine por ser pobre y no tener recursos”.
La mirada oficial
Por su parte, desde el MPA se emitió un comunicado en el que se brindan las razones que llevaron a tomar esta decisión. El escrito explica que, en el marco de la investigación por la muerte de Rocío Magali Vera, el lunes se realizó una audiencia de revisión de morigeración de la prisión preventiva de Quintana. El Juez de la Investigación Penal Preparatoria, en función de los elementos aportados por la defensa y evidencias del legajo, “dispuso por el momento disponer la libertad de uno de los imputados, bajo restricciones”.
En base a las evidencias reunidas hasta el momento, el juez consideró que "tuvo una participación secundaria en los hechos” y que por esas razones se dispuso la morigeración de la prisión preventiva, medida que “no tuvo oposición de los querellantes”.
Además, señala que la investigación del fiscal se encuentra en la etapa final, se aportaron nuevas evidencias que permiten establecer con más precisión lo ocurrido, “y en especial estos nuevos elementos, al cotejarlos con los testimonios, permitieron establecer con más claridad la participación en el hecho de los imputados. Más allá de la medida dispuesta en la audiencia de morigeración realizada, Quintana sigue imputado en la causa por el abuso sexual perpetrado a la adolescente. Una vez reunida la totalidad de las evidencias, se realizará la acusación pertinente y llevará a juicio oral y público a los imputados”.
Para Gerosa, “la línea de investigación está acorde a la estrategia establecida desde el inicio y los aportes de diferentes testigos y evidencias instrumentales permiten establecer qué grado de participación tuvieron los imputados”. Aclaró además que “no varía la imputación de Quintana. Sólo, en función de elementos acompañados, se pudo traer algunas certezas sobre su participación en los hechos. Hay que aclarar que el MPA siempre estará junto a las víctimas, y una manera de honrar la memoria de Rocío Magali es, con pruebas, condenar a los responsables del hecho. Este accionar no implica apartarse del deber de objetividad, que implica actuar dentro del marco de la Constitucional nacional y de la provincial, los tratados internacionales y las leyes procesales vigentes”.
La querella
La abogada de la familia de la víctima, Carolina Walker, dijo que “dos testigos aseguraron haber estado con el imputado hasta las 2.30 del día del hecho y que estuvieron en la casa de uno de estos testigos porque habían estado trabajando”. Pero Walker resaltó que quien identifica a Quintana en el lugar del hecho es un adolescente menor de edad que participó del delito. “El adolescente da lujos de detalles, entre ellos, que quien llevó la picana con la que torturaron a Rocío fue Quintana”, explicó. La abogada advirtió que aún restan pruebas físicas para avanzar con la investigación, como la prueba de ADN de los imputados.
El caso
Según explicó el MPA, el crimen fue cometido entre la 1.30 y las 2.00 del domingo 12 de julio en un local abandonado, en el que antiguamente funcionó una despensa, ubicado sobre la calle Interbarrial. “La víctima fue convencida de concurrir al lugar y, cuando ingresó, los imputados –junto a dos adolescentes menores– le anunciaron que la iban a violar”, dijo el fiscal y agregó que “la niña se negó, comenzó a gritar e intentó resistirse, pero fue golpeada y forzada para concretar el ataque sexual”. “Mientras la adolescente era abusada continuaba siendo agredida físicamente”, sostuvo Gerosa y narró que “en un determinado momento intentó correr, pero fue golpeada con un palo por uno de los adolescentes, mientras que un imputado la agredió con un hierro o caño. A pesar de que estaba semi inconsciente, los imputados continuaron pegándole golpes de puño y sujetándola para que no escapara”.
