Durante una audiencia realizada en los Tribunales de San Jorge se imputó a cuatro personas vinculadas a la actividad de aspersión de agrotóxicos por violar las disposiciones judiciales preventivas que regían sobre la vivienda de una familia de la localidad de Piamonte, en el departamento San Martín. El caso comenzó con la denuncia de la vecina Vilma Córdoba en 2014 para poner fin a las diversas fuentes de contaminación ambiental que afectaban a su familia provocándoles diferentes dolencias como irritación en las vías respiratorias, broncoespasmos y erupciones en la piel.
Por ese conflicto, dos años después, la Justicia restringió la aplicación de agrotóxicos mediante una medida cautelar que fue transgredida en reiteradas oportunidades. Pero en 2018 la misma denunciante inicial filmó cómo un equipo de fumigación terrestre asperjaba agroquímicos dentro del área protegida, cercana a su vivienda. En ese momento asentó una nueva denuncia que derivó en las imputaciones realizadas recientemente y que cobran relevancia por someter a los responsables a los alcances de la ley nacional de residuos peligrosos (Nº 24051).
“No todos tienen la misma responsabilidad”, indicó el fiscal que investiga el caso, Carlos Zoppegni, y añadió que “si bien determinamos que había una persona que conducía el aplicador hicimos extensiva la imputación al dueño del terreno y a los empleadores del fumigador”.
El fiscal los imputó por desobedecer el alcance de las prohibiciones impuestas por el amparo asentado en la Justicia civil. “A su vez, incorporamos otro delito que está relacionado con la ley de residuos peligrosos. Aplicamos el artículo 56 a modo de culpa y no descartamos la figura dolosa para el chofer del aplicador, a los empleadores y dueños y al particular propietario del terreno que no pudo concurrir a sede judicial por razones de salud, pero está prevista la reprogramación de esa audiencia”, precisó.
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El artículo mencionado por el fiscal establece una pena de entre un mes y dos años al que envenene o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en forma imprudente, negligente o actúe con impericia o inobservancia de lo previsto en la normativa vigente. En el caso de que esa acción causara la enfermedad o muerte de alguna persona prevé penas que van de los seis meses a los tres años.
Están rodeados
El lugar que habitan los Córdoba, en el área urbana pero linderos con la zona rural, está rodeado de plantas de acopio de cereales, galpones, depósitos y sembrados. Sus quejas no lograron hacer menguar su padecimiento y por lo tanto Vilma se asesoró para impulsar una demanda por contaminación ambiental que dio sus frutos en septiembre de 2016, cuando el entonces titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 11 de San Jorge, Tristán Martínez, dio lugar a una acción de amparo que, entre otras restricciones, prohibía fumigar con todo tipo de agroquímicos a menos de 800 metros de la vivienda de la familia.
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La familia Córdoba registró en un video cuando se realizaba la aplicación de agroquímicos violando las restricciones impuestas por la Justicia.
También vedó en ese radio la circulación, tránsito, permanencia o cualquier otra actividad que implique la presencia de maquinaria agrícola, mosquitos (equipos aplicadores autopropulsados), pulverizadoras de arrastre y la guarda de agroquímicos.
Entre otras medidas de prueba aportadas a la causa se cuenta un estudio científico que determinó la existencia de daños genéticos en los integrantes de la familia atribuibles a la exposición a contaminantes ambientales.
En noviembre de 2018, la filmación casera de un “mosquito” realizando una aplicación de agroquímicos a metros de la vivienda de los Córdoba circuló por redes sociales y se renovaron los pedidos a la Fiscalía para que arbitre las medidas necesarias para detener la fumigación. Eso desembocó en una orden judicial impartida por Zoppegni, para secuestrar la maquinaria.
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En ese momento, desde la Fiscalía no se especificó sobre quiénes fueron los responsables involucrados en la desobediencia al dictamen del juez. “Se entiende que entre los responsables de incumplir la medida están los dueños del campo, quien lo explota y el personal encargado de la aplicación”, indicó entonces la abogada de la familia Córdoba, María Eugenia Boccio, quien ahora se excusó ante este diario y prefirió no emitir consideraciones sobre el caso.
A paso lento
Después del secuestro de la máquina aspersora de agroquímicos, el fiscal dijo que “se estaría configurando otro delito que es el de contaminación previsto en la ley nacional de residuos peligrosos”, la misma normativa que se aplicó en el juicio de barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba, que concluyó con la condena a tres años de prisión a un productor agropecuario y al aplicador.
A los 24 meses de aquel decomiso, la Justicia imputó al propietario de una máquina pulverizadora por circular en zona prohibida y ahora, a más de 30 meses, inculpó a los responsables de la aspersión que registraron en video los Córdoba, una familia que lleva años protagonizando una cruzada para lograr el respeto por el ambiente, el aire y la tierra en la que habitan.
