La Cámara de Senadores de la provincia dio media sanción al proyecto de creación de una Defensoría Provincial de Personas con Discapacidad, que procura que cuenten con una figura que se encargue de proteger y promover sus derechos. Impulsado por Armando Traferri, tendrá el objetivo de velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la legislación nacional e internacional.

De acuerdo con el texto que recibió el aval de los senadores santafesinos y que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados, el nuevo organismo funcionaría en la órbita de la Defensoría del Pueblo con el objetivo de “velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, leyes nacionales y provinciales y en el resto del ordenamiento jurídico”. Y deberá “asumir la defensa de los derechos de las personas con discapacidad ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del ordenamiento aplicable en el ámbito de la provincia”.

Traferri en su proyecto propone modificar la ley 10.396 de creación de la Defensoría del Pueblo y sumar a los adjuntos y defensores específicos existentes al defensor de las Personas con Discapacidad. Este sería propuesto, designado o removido del mismo modo que el defensor del pueblo y debería ser nombrado dentro de los 90 días de sancionada la norma.

“Estamos persuadidos de que el Estado, en todos sus niveles, tiene el deber indelegable y prioritario de garantizar la plena vigencia de los principios, derechos y garantías de las personas con discapacidad. Pero somos conscientes y observamos a diario la situación de alta vulnerabilidad y desprotección en que se encuentran muchas de ellas y sus familias,”, indicó el legislador al fundamentar su iniciativa. Y explicó: “Todo ello nos convence de la necesidad de procurar un abordaje estatal prioritario, oportuno y personalizado, con miras a brindar colaboración, asesoramiento y asistencia”.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a la normativa argentina a través de la ley nacional 26.378, establece que los Estados parte “se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna”.

“Creemos que esta nueva área de competencia específica resulta muy necesaria”, justificó Traferri, y evaluó que “estos tiempos, y la experiencia de la pandemia, han puesto en evidencia aspectos significativos que son necesarios de atender desde el Estado Provincial”.

El legislador sanlorencino agregó: “Son muchos los derechos y beneficios que las normas nacionales, provinciales y hasta municipales les otorgan a las personas con discapacidad. Es momento de centralizar y ordenar una asistencia de índole legal desde las estructuras que dispone el Estado para informar, orientar y acompañar a los discapacitados y a sus familias”.