La Región

Idas y venidas, contratos inclumplidos y un ensanche que no se hizo

Aunque la autopista Brigadier General Estanislao López se construyó entre los años 1964 y 1972 fue en 1993 cuando se aprobó la ley provincial 10.798 para la concesión del mantenimiento, mejora, ampliación, conservación y administración.

Viernes 17 de Marzo de 2017

Aunque la autopista Brigadier General Estanislao López se construyó entre los años 1964 y 1972 fue en 1993 cuando se aprobó la ley provincial 10.798 para la concesión del mantenimiento, mejora, ampliación, conservación y administración por peaje de la autopista Rosario-Santa Fe. Desde 1994 hasta 2010, la empresa AUFE fue la concesionaria de la autopista.

El 29 de junio de 2010 el gobierno provincial entregó la traza en forma precaria por 180 días a la unión transitoria de empresas (UTE) Consorcio Vial, integrada por Edeca y Supercemento, mientras se prepara la licitación para determinar la siguiente empresa concesionaria. La decisión, entonces considerada discrecional por los diputados del FPV, llevó a un pedido de interpelación de la Legislatura al ministro del área Antonio Ciancio.

La autopista provincial (AP) 01 Brigadier General Estanislao López quedó entonces en manos de Consorcio Vial SA, que se hizo cargo de "la remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la traza.

Tras este período se llevó a cabo la licitación, que culminó con la administración de Arssa. El pliego de condiciones de la misma fijaba una duración de la concesión de 10 años y preveía claramente la repavimentación completa de la autopista y la construcción de accesos a las ciudades de Capitán Bermúdez, San Lorenzo y Santo Tomé a través de un fondo de obras, así como readecuaciones hidráulicas en las intersecciones de la traza con distintos cursos de agua y obras de reforestación a lo largo de los 157 kilómetros.

En julio del 2016 el gobernador Lifschitz anuló la concesión de la autopista en manos de Arssa por graves incumplimientos por los que la traza se encuentra en estado deplorable, sin señalización y con la carpeta asfáltica destruida. La UTE Arssa está conformada por las empresas Milicic, Obring, Vial Agro, Laromet, Rovial y Pecam y debía haber repavimentado los 157 kilómetros durante los primeros cinco años de los diez que dura el convenio y solo lo hizo en un tercio del total, por lo que se solicitó al Ministerio de Transporte una auditoría técnica y a la Universidad del Litoral otra administrativa para determinar si hubo incumplimientos.

Y en cuanto al tercer carril, el arribo de las máquinas y el movimiento de suelo comenzó a principio de mayo de 2015, merced a un convenio con la concesionaria para consturirlo hasta San Lorenzo y repavimentar las calzadas restantes.

Esta obra, sin embargo, no avanzó, a pesar de los carteles instalados y las máquinas en el lugar, al punto que hubo más de un pedido de explicaciones al Ejecutivo. Uno de ellos surgió de la Cámara de Senadores de la provincia, que en octubre del año pasado elevó un pedido de informes sobre esta obra que no había llegado ni a su primera etapa.

Ahora, el gobierno de la provincia asume la responsabilidad de hacer las inversiones necesarias para mejorar la doble traza, y sobre todo la de construir ese tercer carril entre Rosario y San Lorenzo, en un tramo con especial circulación, no sólo de automóviles, sino también de tránsito pesado.

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