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Herme Juárez pide elecciones transparentes para ratificar su liderazgo entre los portuarios

El histórico dirigente del Supa hoy está en un escenario de desigualdad. Quiere que elijan los 660 afiliados y que se respete la decisión de la mayoría.

Jueves 11 de Junio de 2020

“No hay nada más oportuno que un proceso democrático para resolver este tipo de tensiones”, sentenció el líder portuario Herme Juárez para dar por tierra con las especulaciones que lo ubican como el socio déspota y opresor capaz de torcer la voluntad de los casi 700 afiliados de la filial Puerto San Martín del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa). El dato más relevante de la realidad ubica hoy al histórico dirigente en un escenario de desigualdad frente a un grupo de asociados que el jueves de la semana pasada no sólo le impidió el ingreso a la sede gremial, a pesar de que tenía en sus manos una orden judicial que lo habilitaba para ese fin, sino que además le manifestó la intención de no dejarlo participar en las próximas elecciones para elegir autoridades de la entidad gremial.

   La intención de la visita de “Vino Caliente” a la casa del Supa consistía en retirar su carné sindical pero se encontró con el grupo de opositores dispuestos a impedirle el ingreso a cualquier precio. Le gritaron y le anticiparon que no permitirán que presente listas en las elecciones, un proceso que echaría luz sobre la voluntad de la mayoría de los estibadores y sobre la campaña de descrédito, con raigambre en la era macrista, que lo tuvo como blanco de acusaciones que no fueron comprobadas.

   “Juárez quiere elecciones, democracia sindical, que elijan los 660 afiliados y que respeten la decisión de la mayoría”, lanzó su asesor legal, Javier Rabadé, quien luego destacó que las acusaciones del armado de causas para quedarse con las empresas durante el gobierno de Mauricio Macri, parecen convalidar la coartada del dirigente. “Mientras tanto, los contrarios a Juárez apelan a maniobras al filo de la ley y en el Cordón Industrial, reina la incertidumbre”, remarcó.

   En agosto de 2019 la comunidad no daba crédito a lo que veía por los medios televisivos nacionales: en un sensacional y efectista operativo de seguridad —que hasta incluía imágenes tomadas desde un dron—, Herme Juárez era detenido en su casa y trasladado esposado frente a las cámaras, hacia el penal de Ezeiza.

   Ya en aquel momento, Juárez se defendía alegando estar tranquilo, que todos sus bienes se encontraban perfectamente declarados ante la AFIP y que en la poderosa Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín (CTP) que presidía, “no faltaba un solo peso”.

“Este ataque a mi persona y a mi familia, es una maniobra del gobierno de Macri para quedarse con la Cooperativa”, acusó entonces ante La Capital.

Asimismo, el propio devenir de la causa en la que Juárez se encuentra procesado parece también avalar la teoría conspirativa enunciada por él al momento de su detención.

La CTP se encuentra intervenida por la justicia desde entonces y lo que comenzó siendo una medida excepcional se extendió en el tiempo, incluso con la participación de un nuevo interventor.

   Según denunciaron varios socios, la intervención solo generó dolores de cabeza. “Desde ese momento la CTP perdió un montón de trabajo. Nunca pasó una cosa así”, dijo uno de ellos a este diario bajo reserva de nombre. Otro agregó que no sólo son las pérdidas de ingresos lo que hay que contabilizar, sino también los gastos: “El interventor anterior, Juan Schaer le está reclamando al juez una regulación de honorarios de entre 113 y 226 millones de pesos, por un trabajo de seis meses que, además, fue un desastre”.

   Agregaron que a Herme Juárez le tendieron una trampa: “Investiguen cuál es la empresa que toma los trabajos que va perdiendo la Cooperativa. Acá todo el mundo sabe lo de Milisenda. Investiguen cómo se vio beneficiado con la salida de Juárez y la intervención de la Cooperativa y van a ver si no fue una cama lo que le hicieron”.

Lo inapelable, es que la CTP perdió terreno en su juego de distribuir trabajo entre los asociados y que la intervención no saldrá gratis.

   Actualmente, la causa en la que Juárez ha sido procesado se encuentra radicada ante la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que debe resolver si hace lugar a los distintos planteos de nulidad solicitados por los abogados defensores.

En el Supa

“Lo mismo pasa con la intervención del Supa” manifiestan los estibadores. Si bien la Justicia Federal de Campana —que lleva adelante la causa contra Juárez— dejó afuera de la investigación al Supa, a raíz de un pedido del Ministerio de Trabajo —por ese entonces a cargo de Lucas Aparicio— la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dispuso su intervención, dejando en manos del Ministerio el nombre del interventor. Fue entonces ungido el abogado Marcelo Urban, quien ya había ocupado un puesto similar en la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.

   “Lo único que hacía Urban era responder a los intereses de las empresas. Cerró una paritaria que da lástima. Y ni hablar de las cosas que hizo con la administración del Sindicato. Una vergüenza”, refirió uno de los trabajadores consultados. “Su táctica fue dividir para reinar —agregó su compañero—, juntó a un grupo de estibadores a los que les prometió el oro y el moro”.

   Si bien el plazo de la intervención dispuesto por la Cámara del Trabajo ya feneció, la interna desatada por Urban llegó a su punto máximo cuando el grupo que lo apoyó impidió el acceso de Juárez, en una jugada de dudosa legitimidad. El objetivo principal fue desconocer el carácter de secretario general de Juárez, a la vez de impulsar una campaña para evitar por todos los medios que se presente a elecciones, mientras buscan un líder que pueda representarlos.

Desconcierto

Por otra parte, los empresarios que operan en el puerto lamentan el actual estado de hostilidad e incertidumbre. “No te voy a mentir. Al principio, todos festejamos la salida de Juárez y aprovechamos la volteada, porque las empresas pasábamos a ganar más. Pero con el tiempo, tenemos que admitir que fue un error. Hubo una sola empresa que se llevó toda la torta y el resto quedamos prácticamente de espectadores. Juárez era un negociador duro, muy duro. Se plantaba y no había con qué darle. Pero era un conductor y de última, negociaba para los estibadores”.

   Al cierre de esta edición, la Cámara de Apelaciones del Trabajo no se había expedido sobre la continuidad de la intervención del Supa. Tampoco la Cámara Federal de San Martín, respecto de los planteos de nulidad efectuados por Herme Juárez.

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