Festram advierte por una crisis de financiamiento en municipios y comunas

La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia (Festram) advirtió que el consenso fiscal firmado por la Nación y la provincia tiene consecuencias graves que afectarán el funcionamiento de las administraciones locales y reclamó a los intendentes y jefes de comunas que asuman la responsabilidad de defender los recursos de sus pueblos y ciudades.

La organización que nuclea a los municipales santafesinos rechazó además las intenciones de la Nación de trasladar "el costo económico y político de sus arbitrariedades tarifarias a provincias y municipios", y demandó un acuerdo institucional entre la provincia y sus municipios para garantizar la sustentabilidad económica y financiera del sistema municipal y comunal en la provincia.

En un extenso documento, la entidad sindical afirma que "el consenso fiscal, avalado por la Legislatura santafesina tendrá graves consecuencias en las administraciones comunales si no hay garantías institucionales para que las pérdidas que este pacto genera en la economía provincial no se descargue con mayor peso sobre el sistema municipal santafesino".

En esta línea, el secretario general de la Festram, Claudio Leoni, expresó su preocupación por la actitud de los intendentes y jefes comunales: "No sé si no comprenden los efectos del pacto fiscal o si en realidad están dispuestos a hacerles pagar los costos a los ciudadanos de las 363 localidades de nuestra provincia. Si los intendentes no detienen este tren, los trabajadores no nos vamos a quedar haciendo dedo en la vía", advirtió.

Caída en la coparticipación

Festram afirmó que la caída de la coparticipación indirecta, producida en el primer trimestre de 2018, puso en alerta a los responsables de municipios y comunas, que vieron afectadas sus previsiones por este fenómeno, que ocasionó problemas financieros a corto plazo generando incertidumbre en el pago de salarios y proveedores.

Del muestreo realizado sobre 10 municipios provinciales, se afirma que "la variación intermensual de coparticipación de la segunda quincena de marzo respecto a la segunda quincena de febrero de 2018 decreció en términos totales en un 26 por ciento. Esta reducción deviene de la disminución de coparticipación de impuestos nacionales, que se redujo en un 39 por ciento para la segunda quincena de marzo, también en relación al mismo período del mes anterior. También tiene incidencia la disminución de la coparticipación de impuestos provinciales, como los ingresos brutos, los cuales decrecieron en un 9 por ciento en la segunda quincena de marzo", calculan .

La federación asegura que "parte de la caída de la coparticipación nacional destinada a las administraciones locales tiene un componente de reducciones, previas a la coparticipación a municipios y comunas, aplicada unilateralmente por el Estado provincial". Y agrega en su documento que "esta reducción estaría vinculada a la modificación en la distribución coparticipable del impuesto a las ganancias prevista en el consenso fiscal y la reforma tributaria, la cual efectúa una detracción de recursos perjudicando a municipios y comunas".

Discrecionalidad

Para la organización sindical, la provincia "se reservó la discrecionalidad para distribuir las compensaciones que existen en el nuevo esquema de coparticipación de impuestos surgidos del consenso fiscal —diferencias del impuesto al cheque con el impuesto a las ganancias—. Las transferencias de recursos que deberían garantizarse por ley en la provincia se regulan por normas que pueden modificarse a voluntad exclusiva del Ejecutivo de turno, como es el decreto 457/18. Además, esta disposición direcciona el uso de la coparticipación proveniente de la compensación nacional con destinos específicos, condicionando la autonomía política y financiera de los municipios", afirman desde la federación.

También se expresa que "otro de los problemas relevantes es el incumplimiento de la propia Nación con los acuerdos del pacto fiscal, especialmente el que se vincula con el pago de la deuda que mantiene con la provincia, de los cuales más de 7 mil millones de pesos corresponden a municipios y comunas que han sido marginados de la negociación. Este hecho impide al sector municipal y comunal redefinir su actual endeudamiento con el Estado provincial. El tratamiento específico de este tema imposibilita crear un mecanismo de compensación para permitir a las administraciones locales liberarse del peso de su endeudamiento generado por la acumulación de anticipos, adelantos de coparticipación y deudas previsionales, entre otros".