La Región

Entre Ríos deberá indemnizar a una mujer a la que le negó el aborto legal

Ocurrió en 2011, cuando le impidieron la práctica no punible en el Hospital San Martín, pese a que su vida corría peligro. Tras la cesárea, sufrió un ACV.

Viernes 04 de Enero de 2019

El Estado entrerriano deberá indemnizar a una mujer a la que se le negó un aborto legal El caso ocurrió en 2011, cuando le impidieron la práctica, pese a que corría riesgo su vida. Luego de la cesárea sufrió un ACV en Buenos Aires 73415141 130 reales El Estado entrerriano deberá indemnizar a una mujer a quien se le negó un aborto no punible en 2011 en el hospital San Martín de Paraná. La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Paraná convalidó la sentencia de primera instancia donde se consideró que se violó el derecho humano a la salud y a decidir no tener más embarazos, de la mujer que actualmente reside en la zona rural de María Grande, a 65 kilómetros de la capital entrerriana.

En primera instancia, el juez civil y comercial Nº 7 de Paraná había considerado que los médicos fueron negligentes porque "al impedir la cirugía, no hicieron todo lo que debieron haber hecho para evitar el daño", y al suspender el aborto no punible la derivaron "sin contar con el consentimiento informado de la paciente, quien no pudo decidir libremente no continuar con su embarazo".

El caso, que fue resonante incluso mucho tiempo antes de que el debate por el aborto llegara a la opinión pública y a los medios, involucra a una mujer que entonces tenía 36 años. En una oportunidad había pedido se le ligaran las trompas pero no obtuvo resultado positivo en el hospital público. Su situación de salud era de tal gravedad (patología cardíaca congénita), que le ocasionaba un cuadro de deficiencia de oxígeno crónica, entre otras complicaciones. Su estado se agravó a partir de un embarazo que no debió continuar.

Así las cosas, el 4 de agosto se realizó un ateneo multidisciplinario donde se determinó que se le iba a practicar un aborto terapéutico. Antes había tenido cinco abortos espontáneos, producto de esta misma patología, aunque nunca recibió el tratamiento adecuado.

"La intervención del doctor César Pazo en el prequirófano obstaculizó su derecho. Sucedió antes del procedimiento que se iba a realizar con su consentimiento, y luego de un ateneo donde los profesionales habían acordado que era lo más recomendable; por el riesgo que tenía de continuar con el embarazo. Todo lo que vino después fue una cadena de eventos desfavorables", dijo la licenciada en Obstetricia e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Carolina Comaleras. La interrupción legal del embarazo se suspendió.

Ocurre que, antes de que la mujer ingresara al quirófano, llegó al lugar el cardiólogo antiabortista César Pazo y, a los gritos, exhortó a los profesionales a deponer la decisión de avanzar con la interrupción del embarazo porque, de realizarlo, estarían cometiendo un crimen. La paciente ya había sido evaluada por una cardióloga. Anteriormente lo había hecho un equipo interdisciplinario del hospital de niños. La mujer le mostró al excéntrico profesional que amenazó a sus pares el consentimiento firmado. Pero Pazo le dijo que eso no servía para nada.

A la semana fue trasladada de urgencia al hospital Posadas, en el conurbano bonaerense, donde le hicieron una cesárea, tuvo una niña y a los siete días sufrió un accidente cerebro vascular, que le provocó la parálisis de la parte izquierda del cuerpo.

El ACV le trajo enormes complicaciones, no solo físicas sino psicológicas, que la llevaron a demandar al Estado provincial, y un tribunal de alzada ratificó el fallo que obliga a otorgarle una reparación económica. "Ellos —la mujer y su pareja— no quieren reavivar nada, porque esto es algo superado", acotó la especialista.

Según se informó, el monto inicial de la demanda era de 500 mil pesos, "pero no es algo que le pague a ella lo que padeció por la obstaculización al derecho". Sobre la posible apelación del Estado ante el Superior Tribunal de Justicia, Comaleras reflexionó: "Sería vergonzoso que volviera a apelar, porque fue clarísimo lo que pasó. Incluso, con Silvia Primo pedimos una audiencia con el entonces ministro de Salud, Angel Giano, quien abrió a partir del conocimiento de los hechos una investigación sumaria, que es una previa al sumario. Se citaron a declarar a todos los involucrados en la situación: fue vergonzoso el resultado de la investigación sumaria".

Informe: Diario UNO Entre Ríos

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