El Poder Ejecutivo provincial resolvió tomarse un plazo de 180 días para recabar más argumentos que sostengan la decisión de rescindir "de común acuerdo" el contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe con la empresa Arssa. Así lo estableció mediante un decreto firmado esta semana en el cual acepta el pedido de mayor información que le hiciera el Tribunal de Cuentas respecto a los términos de la rescisión. Desde el gobierno aclararon que "en lo fáctico nada cambia" ya que se mantiene la validez del decreto de rescisión y también la marcha del proceso licitatorio en curso. En cambio, el diputado justicialista Roberto Mirabella interpretó esto como un paso atrás de la Casa Gris: "El gobernador Miguel Lifschitz nos dio la razón", aseveró, remarcando los cuestionamientos que se venían haciendo desde la oposición.
A través del decreto 1.017 firmado el 25 de abril pasado, el Poder Ejecutivo dispuso que se "someta a revisión el Convenio de extinción por mutuo acuerdo" del contrato de concesión de la autopista con la empresa Arssa. Allí también le encomienda al Ministerio de Infraestructura "en el lapso de 180 días la implementación de un proceso definitivo de análisis y determinación de la responsabilidad que le puede caber a las partes en la frustración del contrato".
En ese sentido, dispone "la intervención de especialistas o la realización de auditorías que conduzcan a determinar fehacientemente la causal de responsabilidad de rescisión". No obstante, aclara que la suspensión alcanza "únicamente en relación a la causal de extinción por mutuo acuerdo".
En diálogo con LaCapital, el ministro de Infraestructura, José Garibay, explicó que "este nuevo decreto tiene tres aspectos: primero, deja abierto a una evaluación a realizarse y definir en los próximos 180 días las causales que llevaron a la rescisión, nosotros habíamos avanzado con un acuerdo sin culpas de las partes para un adelantamiento de la finalización del contrato".
En segundo lugar, dijo que "atento al pedido de ampliación de información del Tribunal de Cuentas, y de la importancia de dejar bien claro el análisis, el gobierno decide dejar abierto por 180 días ese aspecto", pero "ratifica el proceso de finalización del contrato". Por último, afirmó que "queda habilitado el formato de concesión precaria con que estamos trabajando actualmente con Arssa".
Garibay indicó que esto "no afecta" el proceso licitatorio en marcha que prevé "la apertura de ofertas el 2 de mayo próximo, al igual que lo que tenemos previsto a través de Vialidad provincial sobre un plan de repavimentación". Y sentenció: "En lo fáctico no cambia nada. Lo que tenemos es que nos comprometemos a buscar mas documentación y elementos de análisis que sustenten nuestra posición".
La lectura de la oposición
Por su parte, el diputado justicialista Roberto Mirabella expresó que "a partir de los proyectos de comunicación presentados por el bloque Frente Justicialista para la Victoria, por las irregularidades en la extinción del contrato de la autopista Rosario-Santa Fe, el gobernador decretó suspender dicha rescisión y encomienda volver a estudiar el tema para analizar las responsabilidades de cada una de las partes".
"El gobernador Lifschitz nos dio la razón, firmó un decreto donde somete a revisión el convenio de extinción de contrato entre el Estado provincial y Arssa", interpretó.
Y agregó: "También teníamos razón en que no había intervenido Fiscalía de Estado y ahora sí consideraron necesaria dicha intervención; y la Fiscalía de Estado dice que no se logra justificar la solución a la cual se llegó, es decir de no ejecutar las garantías ni sancionar a las empresas, por lo que entonces sugiere una nueva instancia de análisis de las consecuencias económicas derivadas de la rescisión del contrato".
Mirabella planteó que "esto determinará si existe algún crédito por parte del Estado o de Arssa, con lo cual teníamos razón en todo: que no había intervenido Fiscalía de Estado y que estaba mal la rescisión del contrato por el incumplimiento de la empresa", y concluyó que "está claro que se actuó mal y que en esta actuación equivocada hubo un daño y un perjuicio contra la administración pública, con cual queremos saber qué va a hacer el gobernador frente a esto, quiénes son los responsables y cómo se los va a sancionar".
Por su parte, el diputado Héctor Cavallero sostuvo que "hay dos cuestiones que los legisladores vamos a seguir exigiendo: la sanción económica a Arssa por incumplimiento y que las firmas que la integran no se presenten en la nueva licitación".
