La denuncia lleva las firmas del secretario de Justicia, Javier Prono, y del director provincial del Registro General de Inmuebles, y fue ingresado en el Ministero Público de la Acusación el 19 de este mes.

Los funciniarios piden que investiguen la presunta responsabilidad en el ámbito de la administración pública y e la actuación de profesionales privados en la falsificación de instrumentos públicos en venta de inmuebles que se utilizaban para engañar a terceros y obtener ganancias ilícitas para su posterior blanqueo.