El clima en la comuna de Maciel se enrareció aun más esta semana luego de que los empleados protagonizaran sendos escraches frente a los domicilios del tesorero de la comisión comunal, Néstor Severo, y de la primera vocal, Cristina Gómez, en reclamo por la falta de pago de haberes, y con la clara amenaza de contar el martes la ruta 11 para visibilizar su descontento.
Mientras tanto, y luego de que la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia exigiera la "inmediata reunión de los miembros titulares" del gobierno comunal para "ratificar o rectificar las medidas adoptadas durante el tiempo en que no se realizaron las reuniones", trascendió que el jueves que viene los miembros de la comuna volverán a sentarse alrededor de la misma mesa, aunque hasta el viernes no había una convocatoria oficial.
Un grupo de trabajadores se apostó la mañana del viernes frente a la casa de Severo y, con quemas de neumáticos y residuos, exigieron al funcionario una respuesta al reclamo del pago de haberes. La protesta se traslado al mediodía al domicilio de Gómez. Ambos funcionarios quedaron inmersos en un fuerte conflicto institucional que desde hace tiempo calentó la atmósfera en el gobierno local.
Desde el gremio Adetram, que nuclea a los municipales de la comuna, anunciaron que a primera hora del martes realizarán un corte de ruta en los accesos a la localidad en pedido al pago de los salarios y con el agravante de la falta de la ART, tal cual lo consignó el diario digital Infomás Noticias. El presidente comunal, Pedro Tobozo, acusa a su tesorero de no firmar los sueldos del personal, un trámite que requiere de la rúbrica de Severo.
Los sindicalistas aducen que hay empleados que no cobraron, y que una permanece convaleciente en su casa luego de haber sido atropellada por un auto sin ninguna cobertura.
El gremio pide que la comuna pague a los trabajadores y que el resto de los problemas los resuelva en la Justicia.
El informe
Tal como lo publicó LaCapital en edición del 10 de este mes, la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas exigió la "inmediata reunión de los miembros titulares" de la comisión comunal para "ratificar o rectificar las medidas adoptadas durante el tiempo en que no se realizaron las reuniones y revisar sus compatibilidades para el desempeño de los cargos". El organismo le requiere a la comuna que apruebe el presupuesto y revise con urgencia la revisión de todos los procedimientos administrativos y contables.
Todo esto a partir de una inspección legal y contable que realizó la dependencia, que comenzó el 16 de junio tras el conflicto desatado en la comisión comunal, que terminó con el alejamiento de algunos.
Los funcionarios detectaron una serie de anomalías administrativas y funcionales, varias de ellas relacionadas justamente con la ausencia de reuniones de comisión, con la participación de personas ajenas al gobierno local y la ilegitimidad e ilegalidad de los documentos resultantes.
"Les vamos a dar unos días para ver si empiezan a regularizar la situación; si no lo hacen, no nos queda otro camino que poner el informe a disposición del fiscal de turno y ver si ordena intervenir. Hemos agotado todos los caminos, tendremos que recurrir a la Justicia", dijo entonces el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres.
El jefe comunal negó los cargos volcados en ese informe, pero esto, lejos de aquietar las aguas, parece haberlas vuelto más turbulentas. Según pudo saberse, Torres les dio a los integrantes de la comuna un plazo perentorio de cinco días para normalizar el funcionamiento institucional, algo que parece haber surtido efecto porque el organismo recibió como respuesta que la reunión se llevaría a cabo el jueves próximo, tal cual lo difundió el diario Información Regional, aunque el viernes los integrantes no habían sido formalmente notificados.
En el medio de esto, la crisis en la comuna inaugura una semana de nuevos conflictos, esta vez con el personal que reclama el pago de haberes.