La Región

Diputados intervienen por el caso de abuso ocurrido en la cárcel de Coronda

Una suboficial de la penitenciaría denunció abuso sexual de parte de dos superiores. Después de realizar la acusación fue cesanteada.

Viernes 08 de Noviembre de 2019

El caso dado a conocer días atrás sobre la denuncia de abuso sexual presentada por una penitenciaria de la cárcel de Coronda contra sus superiores vuelve a poner en primer plano la necesidad y la urgencia de contar con un espacio que brinde apoyo y asistencia a las mujeres policías y del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) víctimas de violencia de género en el ámbito laboral. La suboficial, que habría sufrido amenazas de parte de los agresores para que no revelara lo ocurrido, fue cesanteada por el Ministerio de Seguridad.

La diputada Alicia Gutiérrez, junto a las integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, se reunieron con la suboficial, su abogado y la Red de Mujeres Policías de Santa Fe con el fin de escuchar el testimonio de la denunciante y brindar su apoyo y asistencia.

Además, la legisladora presentó un proyecto por el cual la Cámara baja declara su preocupación ante estos gravísimos hechos y repudia los delitos cometidos contra la integridad sexual y múltiples tipos de violencia de género sufridos por esta trabajadora del SPP. Al tiempo que instó al Ejecutivo provincial a que tome las medidas precautorias y disciplinarias pertinentes con los probables autores de los delitos, active los mecanismos de acompañamiento y protección a la víctima e intervenga en forma debida para que quede sin efecto su cesantía, restituyéndola a su cargo.

Para la diputada, que es autora del proyecto de ley de creación del Centro Integral con Perspectiva de Género (Cipgen), lo sucedido en Coronda muestra las graves situaciones que padecen las trabajadoras cotidianamente en el ámbito laboral: "El Estado debía protegerla y la despidió. Por eso reclamamos la conformación del Cipgen, para evitar la revictimización de la mujer. Queremos que las mujeres policías y las penitenciarias puedan denunciar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se les ofrezca asesoramiento y acompañamiento", afirmó.

La presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías consideró que estos casos de discriminación y violencia de género son cotidianos en estas instituciones y, muchas veces, las trabajadoras no los denuncian por temor a represalias por parte de sus compañeros varones o superiores.

"En lugares tan verticalistas, donde aún persiste una cultura patriarcal muy fuerte, se naturalizan ciertas prácticas y las mujeres tienen miedo a la hora de dar a conocer lo que sucede. Por eso es necesario apoyar y asistir a quienes están alzando su voz para que no se sigan repitiendo y para que los responsables reciban su condena", explicó Gutiérrez.

Las denuncias van desde injusticias e inequidades a la hora de tomar licencias, acceder a ascensos, realizar las mismas funciones que sus compañeros varones, hasta gravísimas situaciones de acoso o abuso sexual como el que ahora investiga la justicia.

La suboficial del SPP denunció a dos superiores por violación y amenaza de muerte en la cárcel de Coronda, de donde fue despedida tras catorce años de servicio. "Parte de mi vida está destruida", aseguró la mujer, de 39 años. La denunciante, que esta semana se constituyó como querellante en la causa, contó que todo empezó en junio de 2017, cuando fue asignada a una garita apartada del resto del personal en condiciones insalubres, ya que no tenía luz, agua, baño ni teléfono. Luego de realizar los reclamos a sus superiores, quienes eran el director y el subdirector de la cárcel de Coronda abusaron sexualmente de la mujer, según consta en la denuncia.

"Abrieron la puerta de un empujón. Como eran mis superiores me puse de pie", narró. Dijo que ambos hombres, identificados como M. y S., la violaron en la garita y la amenazaron de muerte. "Me tiró del cuello de la campera y me la bajó hasta los brazos, me paralizó. El otro me arrancó el botón del pantalón y me rompió el cierre", recordó.

La denunciante aseguró que "Intentaba gritar pero no me salía la voz. Forcejeé para tirarme al piso. No tuve escapatoria, me agarraron del cuello, las piernas. Me dejaron tirada". Y afirmó que M. la agredió físicamente antes de que se retiraran.

La víctima los siguió. "Les dije que los iba a denunciar y M. me dijo que si denunciaba me iban a hacer desaparecer a mí y a mi familia. Me dijeron: «No te olvides que tu marido trabaja en la cocina, con presos y cuchillos». Cuando fui a contarle a la secretaria, ella me dijo: «Acá las cosas son así»", manifestó en su relato a Rosario 12.

Finalmente, dijo que días más tarde faltó al trabajo por una infección urinaria, para lo cual dio aviso telefónico y también llevó un certificado médico, pero la administración del Servicio Penitenciario le abrió un sumario administrativo por falta injustificada y horas más tarde la suspendieron. "La despidieron por decreto", aseguró el abogado de la víctima, Martín Mazzeo.

Esta semana la mujer se constituyó como querellante en la denuncia por abuso sexual con acceso carnal, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y amenazas coactivas.

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