Dictan prisión preventiva a una imputada en la causa de los reemplazos truchos

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Pegassano, dictó la prisión preventiva de la mujer considerada como jefa de la asociación ilícita que habría perpetrado una defraudación al Estado provincial mediante el cobro de reemplazos docentes y no docentes ficticios en 41 escuelas del departamento La Capital.

A la vez, fueron excarceladas otras tres mujeres que habían sido detenidas esta semana, quienes quedaron imputadas de los mismos delitos y que continuarán el proceso en libertad. En esa misma situación se mantendrán también otras 10 personas involucradas que ya fueron notificadas de la imputación pero que no habían sido arrestadas.

Después de cinco horas de audiencia, el juez Pegassano, ordenó en las últimas horas del jueves la prisión preventiva de la mujer identificada como María de los Milagros M., de 48 años, quien ocuparía un cargo de secretaria en una escuela privada de la capital provincial, a partir de la cual comenzó a desatarse la madeja que llevó a descubrir una estafa que por el momento involucra un monto de 136 mil pesos defraudados al Estado.

Los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí hicieron las imputaciones por 274 casos de reemplazos cobrados pero que nunca fueron realizados, liquidados tras cargar las tareas ficticias en el sistema informático del Ministerio de Educación, y otros cien casos en grado de tentativa, detectados en otras 40 escuelas públicas del departamento La Capital.

La resolución judicial estableció que las otras tres imputadas que habían sido detenidas sean excarceladas, lo mismo que otros 10 que fueron imputados el miércoles.

Según reportó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) "la decisión del magistrado fue tomada el jueves en la correspondiente audiencia de medidas cautelares realizada en el subsuelo de los Tribunales de la ciudad de Santa Fe", y aclararon que "en relación a las otras tres mujeres que estaban detenidas por los mismos delitos, pero sólo en condición de organizadoras, se les concedió la libertad". En ese sentido, indicaron que "ofrecieron bienes muebles o inmuebles como caución real y deberán presentarse cada 15 días en la sede del MPA para acreditar que no se evadirán del proceso judicial".

Datos aportados

"Las tres mujeres que quedaron en libertad declararon en las audiencias. Si bien tenían algunas diferencias las versiones que ofrecieron, brindaron información que será puesta a consideración en la investigación", señalaron los fiscales. En tal sentido agregaron que "a diferencia de la mujer que quedó detenida, los datos aportados por estas tres mujeres son considerados como una colaboración para la investigación".

También dieron su testimonio el especialista de la sección Delitos Tecnológicos de la Policía de Investigación (PDI) de la provincia y un colaborador quienes trabajaron junto a los fiscales en la investigación. Ante el juez, "brindaron precisiones acerca de cuestiones técnicas e informáticas que fueron fundamentales para detectar las computadoras desde las que se habían hecho las modificaciones en el sistema del ministerio de Educación, y en cuanto a la modalidad de la maniobra", indicaron desde el MPA.

"Valoramos la decisión del magistrado", señalaron los fiscales Apullán y Martí, quienes añadieron: "Entendemos que el patrimonio del Estado debe ser protegido, sin importar si el perjuicio es de 1 peso, de 10 millones o de casi 137 mil como en este caso".

En relación a la investigación, Apullán y Martí reiteraron que "en total hay 14 personas involucradas: la jefa de la asociación ilícita que quedó detenida con prisión preventiva; las otras tres mujeres que quedaron en libertad y están imputadas como organizadoras; y 10 personas más —dos hombres y ocho mujeres— imputadas como miembros de la asociación ilícita".

Los funcionarios del MPA recordaron que "la asociación ilícita venía realizando la actividad delictiva desde mediados de 2015 y calcularon que el monto del perjuicio al erario público es de 136.755,82 pesos".

La maniobra consistía en cargar en el sistema informático que utiliza el ministerio de Educación, denominado SARH, horas cátedra de reemplazo que eran irreales o falsas. El ingreso de la información al sistema se llevaba a cabo utilizando el usuario y contraseña de las escuelas afectadas y de los destinatarios del dinero.

Los fiscales precisaron que "estas personas habían descubierto una "vulnerabilidad" del sistema informático, lo que les permitió conseguir que la cartera educativa provincial abonara los respectivos rubros por reemplazo falsas en las cuentas sueldo de cada uno de los beneficiarios".

Además, explicaron que "el sistema delictivo que utilizaron en las escuelas públicas del departamento La Capital ya había sido ejecutado en el ámbito de un colegio privado religioso ubicado en el microcentro de la capital provincial".