La Región

Detienen e imputan a una mujer por estafas contra taxistas y remiseros

Tras contactarlos con la excusa de un traslado por salud, pedía el CBU para que supuestamente una ART pague y usaba datos para acceder a créditos.

Lunes 17 de Diciembre de 2018

Una mujer acusada de estafar a taxistas y remiseros de Casilda por medio de un osado ardid que también usaba contra otras víctimas para apropiarse de dinero fue detenida e imputada y seguirá presa al menos hasta que expire la prisión preventiva, que fue dictada en su contra por 70 días.


Así lo dispuso el juez Carlos Pareto en el marco de una audiencia desarrollada en la sede judicial de esta ciudad cabecera del departamento Caseros al hacer lugar al planteo del fiscal que lleva adelante la causa, Emiliano Erhet.

A la incriminada, identificada como Miriam G., de 56 años, se le atribuye haber cometido, entre marzo pasado y los primeros días de este mes, 19 hechos de estafa a los que podrían sumarse otros casos que comprometerían aún más su situación procesal.

Su detención e imputación fueron posibles por el aporte de evidencias recogidas en el marco de la investigación surgida a partir de una serie de denuncias contra la presunta estafadora que se valía de una suerte de artilugio tan burdo como efectivo para terminar engañando a sus víctimas.

Aunque los afectados son en su mayoría trabajadores de compañías de taxis y remís locales también cayeron bajo sus garras otras personas de cuales con algunas tiene un vínculo de cercanía o ya conocía, lo que le posibilitó avanzar en su propósito con mayor facilidad.

Tacheros al acecho

Tras contactarlos con la excusa de que necesitaba ser traslada por cuestiones de salud desde Casilda a un hospital de Rosario, la embustera pasajera les pedía a los "tacheros" una clave bancaria (CBU) y datos personales para que una aseguradora de riesgo de trabajo que supuestamente cubría sus gastos médicos pueda transferirles el pago del servicio de los viajes.

Pero el argumento esgrimido no era más que una maniobra en busca de información para acceder a pequeños créditos que gestionaba a nombre de sus desprevenidas víctimas que, como sucedió en la mayoría de los casos, terminaban dándole el dinero a ella.

Es que cuando los damnificados descubrían transferencias bancarias por sumas superiores al costo del viaje la llamaban para consultar y la impostora sorteaba la situación explicando que debían entregarle también ese diferencia porque correspondía al importe que la ART había girado supuestamente para hacer frente a su prestación médica.

Claro que lo depositado no provenía de ninguna compañía aseguradora sino de casas prestamistas que habían transferido la plata a sus cuentas bancarias, situación de lo cual recién se percataron cuando desde las financieras se comunicaban para sorprenderlos con el inesperado aviso de que ya estaban depositado sus préstamos que, en realidad, nunca solicitaron pero deben devolver con intereses. Y la misma estrategia de usurpación de datos usó para hacer caer en la trampa a personas que se dedican a otras actividades.

Al tomar estado público lo sucedido fueron sumándose denuncias contra la mujer que también cometió hechos similares en Rosario.

A la casi veintena de estafas que se le achacan, se agregan al expediente denuncias presentadas recientemente y no descartan la posibilidad de que sigan aumentando.

Los prestamos que gestionó a nombre de otras personas para provecho propio son de bajo monto, entre mil y 12 mil pesos, pero en total ya superarían los 100 mil pesos sin contar los intereses y otros gastos exigidos a los damnificados.

La presunta estafadora logró avanzar en su fin gracias a la flexibilidad para acceder a este tipo de créditos vía on line donde no se exigen mayores requisitos pero resulta indispensable una cuenta bancario para que las financieras transfieran los préstamos y puedan debitar las pagos de las cuotas a un tasa de interés que suele ser mucho más elevada que el valor oficial de plaza.

La defensa pidió, sin éxito, la excarcelación y morigeración por presión domiciliaria ya que el juez consideró que existen elementos suficientes de prueba para sospechar sobre la culpabilidad de la incriminada que sigue presa.

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