Desvinculan del caso Perassi al ex jefe de la UR XVII de San Lorenzo

El juez Juan José Tutau no hizo lugar a la solicitud de detener e indagar al ex jefe policial de San Lorenzo, Marcelo Egido, en el marco de la investigación por la muerte y desaparición de Paula Perassi. El funcionario, quien se encontraba a cargo de la Unidad Regional XVII, fue relacionado con la causa luego de ser mencionado por la parte querellante como el primer responsable de que no se esclarezca la desaparición de la mujer sanlorencina, ocurrida el 18 de septiembre de 2011.

El magistrado consideró en su fallo que lo requerido por la querella, a lo que adhiere el fiscal en cuanto a la profundización de la investigación del accionar de Egido, "no tiene asidero alguno conforme a la prueba colectada" y al no poseer andamiaje para sostenerlo en la investigación "debe rechazarse por improcedente".

"No surgieron nuevos elementos de convicción que involucren al ex comisario con la investigación", explica el documento y añade que "todo es de conocimiento explícito de la parte querellante, la que consintió en forma tácita todo lo acontecido en el sumario, notificándose de todo lo actuado" hasta la fecha de emisión del fallo. En ese marco, también dispuso archivar las actuaciones que relacionan a Egido con la investigación.

Entre otras fundamentaciones, el magistrado sostiene que "el pedido de medidas procesales requeridas por la parte querellante, tan gravosas, sin base en sustento probatorio conforme a las constancias de la causa, con frases inconexas, fuera de contexto, que pueden inducir a error al instructor, no se ajusta a las obligaciones que deben respetar las partes".

La querella, encabezada por la familia de Paula Perassi, había solicitado a Tutau la declaración indagatoria y detención de Egido tras acusarlo de ser el primer eslabón del encubrimiento de la desaparición de la mujer. "Solicitamos la indagatoria y detención de Egido porque tuvo una participación igual o más importante que el resto de los policías acusados. Al ser el jefe, tiene el poder de parar la investigación; él la destruyó", enfatizó a LaCapital , Rodrigo Mazzuchini, uno de los abogados de los Perassi.

Si bien la querella hace tiempo viene manifestando su sospecha sobre el rol de Egido, determinó avanzar tras el alegato del abogado defensor de Gabriel Godoy —el sargento de la policía imputado de encubrimiento—, en la audiencia de fines de abril, en la que se analizó si los acusados esperaban el juicio en libertad o se les dictaba la prisión preventiva.

Godoy fue el primer investigador del caso, pero dos semanas después fue relevado de esa función por Egido, quien designó a otros dos policías. Ahora, Godoy y los oficiales Aldo Gómez y María José Galtelli están imputados de encubrimiento. La defensa de Godoy argumenta que fue alejado de la investigación por su superior, lo cual lo dejaría al margen de la supuesta maniobra.

Esclarecido. "En la audiencia referida surgió una expresión en el sentido de que Egido había apartado a un investigador (por Godoy), que al parecer había esclarecido el hecho, y armó una comisión especial con dos investigadores a quienes los puso en su oficina a trabajar", explicó a Mazzuchini.

"El abogado de Godoy dijo «después que nos fuimos nosotros no se encontraron más pruebas», y lo que nosotros entendemos es que Egido, que era el jefe, puso a otros policías para que no haya más pruebas. Esto era lo que nos faltaba para estar seguros: la expresión de agravios de uno de los procesados donde se dijo lo que hizo Egido", señaló entonces el abogado querellante, y añadió que "Egido era el máximo hombre de la policía en San Lorenzo, por lo que tuvo el poder para apartar al investigador y poner a dos que borraron las pruebas"

En una entrevista con este diario en mayo del año pasado, Godoy manifestó que en su breve paso por la investigación interrogó a Gabriel Strumia, el amante y supuesto padre del hijo que Paula esperaba, que hoy está imputado como uno de los responsables de su muerte. Dijo que en ese momento "Strumia, que se mostraba muy apagado, estuvo a punto de confesar. Estuve hablándolo durante horas; había momentos en que se quebraba", pero finalmente sostuvo su inocencia.

Mazzuchini recordó esa declaración periodística y lo alegado por Godoy, a través de su defensor. No obstante, para la querella esto no lo exime de responsabilidades porque "él se cayó la boca, dejó hacer y que lo saquen, y los otros dos policías jugaron a ser tontos". Indicó también que "Egido estaba mencionado en la causa y tuvo una «informativa», que es cuando una persona es sospechosa pero no hay elementos suficientes para indagar"; no obstante, ahora sí avanzaron a partir de lo dicho por la defensa de Godoy.

El abogado de los Perassi también cuestionó la figura delictiva. "La causa a los policías es más que un encubrimiento —delito del que están hoy imputados—, ya que aquí hay una persona desaparecida y en este caso el delito no cesa; toda persona que participa no encubre sino que participa" en su comisión, por eso "consideramos que, de acuerdo a lo que sucedió, la figura de encubrimiento no va".

Terminante. Respecto al fallo de Tutau, el abogado defensor de Egido, Gustavo Feldman, consideró que "lo dicho por el juez es terminante. Precisamente, cuanto más complejo y delicado es el asunto, más cuidadoso y serio debe ser el accionar de las partes y del Tribunal. El juez advirtió que Egido es ajeno a toda esta trama y además observó cierta mala fe en quienes pidieron la detención e indagatoria de Egido. No se si hubo o no mala fe, lo que si se es que lo que pedía la querella era un invento disparatado".

Paula desapareció el 18 de septiembre de 2011. Tenía 34 años y estaba embarazada de seis semanas. Salió de su vivienda del centro sanlorencino luego de recibir un llamado desde una cabina telefónica. Se despidió bajo el argumento de que iba a buscar la tarea escolar de uno de sus hijos, pero nunca regresó. Desde entonces comenzó a tejerse una trama de complicidades para impedir el avance de la investigación. Un velo de impunidad que con tenacidad la familia de Paula trata de correr para determinar quiénes son los responsables y hallar el cuerpo de Paula.

Por el caso, ocho personas están con prisión preventiva. Ellos son Gabriel Strumia; su esposa, Roxana Michl; Mirta Ruñisky, señalada como quien practicó el aborto, y el ex jefe de Cuerpos de la Unidad Regional XVII, Daniel Puyol. También están detenidos preventivamente, pero en sus domicilios, los policías Aldo Gómez, María José Galtelli, Jorge Enrique Krenz y Ramón Godoy. Los civiles están acusados por la desaparición seguida de muerte. La hipótesis más fuerte indica que Paula fue obligada a realizarse un aborto contra su voluntad, intervención en la que falleció. Mientras que se sospecha que los policías encubrieron y distorsionaron la investigación.