La Región

Descontento: Casilda creó una junta evaluadora del servicio de gas

Se estableció por ordenanza y los estudios se volcarán en un informe final. El nuevo espacio tendrá facultad para proponer modificaciones.

Jueves 09 de Agosto de 2018

El malestar social ante los reiterados aumentos en las facturas de gas motorizó la decisión política de conformar en Casilda una junta evaluadora de los costos operativos que tiene la empresa prestataria a nivel local, así como la composición de las tarifas que pagan los usuarios.

El organismo creado a instancias de una ordenanza, además de llevar adelante el estudio cuyos resultados volcará en un informe final tendrá facultad para proponer modificaciones.

Claro que ello no le asegura a los casildenses pagar el gas natural más barato que ahora, pero al menos abre una puerta a evaluar tal posibilidad a partir del diagnóstico que surja. No obstante, todo indica que lo más probable es que ello no suceda, ya que la empresa "sigue siendo deficitaria pese a la suba de las tarifas", según aseguró ayer a La Capital su gerente, Carlos Testa.

En rigor, lo concreto es que con la puesta en funcionamiento de esa herramienta de control los vecinos ya no tendrán más dudas sobre el monto de las facturas del servicio que brinda la empresa Servicios Casidenses Sapem, cuyo paquete accionario mayoritario está en manos del Estado municipal.

Esa es la garantía que ofrece la flamante norma ante el desconcierto que general en la población por el alto costo que debe pagar por el gas, a lo que se suman las no menos onerosas boletas de energía eléctrica, que no sólo afecta la economía familiar, sino que pone en jaque la continuidad de establecimientos que están "asfixiados" por el tarifazo.

No pocos casildenses visibilizaron ayer su enojo al recibir las últimas facturas de gas con aumentos que para muchos se tornarán impagables. Aunque el valor del metro cúbico varía de acuerdo al rango de consumo, en general se trata de montos que no se compadecen, al menos, con el poder adquisitivo del ingreso promedio de los asalariados casildenses. "Hay familias a las que le llegó entre seis mil y ocho mil pesos a pesar de haber hecho, como sugieren, un uso responsable y racional del consumo", coincidieron en señalar ayer varios vecinos que se quejaron de la situación.

La junta evaluadora comenzará a funcionar en breve cuando se defina su composición de acuerdo a la ordenanza impulsada por el concejal Andrés Golosetti, que prevé la participación de vecinales, del municipio, el Concejo y la propia empresa.

Entre los fundamentos de lo resuelto se destaca que a "causa de la quita de subsidios" por parte del Estado nacional es "un problema para buena parte de la población afrontar el pago de las facturas", que crecieron "de manera exponencial, impactando en los golpeados bolsillos de los usuarios".

En relación al gas aclara que la prestadora del servicio a nivel local opera como subdistribuidora de Litoral Gas y que las tarifas que aplica "son fijadas para todo el territorio nacional por el Enargás, que se encarga de determinar el precio final que paga el usuario".

En ese marco explica que "la boleta que el usuario recibe comprende el costo total del servicio (que va) desde el valor del fluido, pasando por la carga impositiva y hasta el cargo por subdistribución que percibe nuestra empresa". Y aclara que "hay que distinguir lo que abona Servicios Casildenses a Litoral Gas con lo que percibe por la prestación".

Se trata de "un complejo entramado de dificultoso análisis que deja al usuario en una verdadera sensación de desamparo en la que no sabe bien qué es lo que está pagando", por lo que justifica la creación de esta junta evaluadora para "esclarecer dudas y establecer canales informativos claros que permitan al vecino tener mayores certezas".

Empresa deficitaria

El gerente de la subdistribuidora casildense de gas, Carlos Testa, se mostró a favor de lo resuelto al sostener que "es una buena decisión para que la gente conozca no sólo cómo se compone lo que paga, sino la realidad de la empresa, que es deficitaria pese a los aumentos de las tarifas que en realidad sólo benefician a las grandes distribuidoras de gas, que a cambio deberían hacer obras, lo cual en Casilda aún no sucedió. Los últimos trabajos —explicó— que se hicieron en la planta reguladora de gas para posibilitar nuevas conexiones domiciliarias se realizaron con plata que gestiono el municipio ante la provincia". Y finalmente admitió que los índices de morosidad volvieron a crecer al indicar que "del 20 por ciento de deudores ahora estamos en el 25 por ciento".

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