La Región

Denuncian una fumigación ilegal que afectó a la población en Bombal

El episodio se registró en un establecimiento rural cercano a la planta urbana. Los vecinos sufrieron afecciones respiratorias y en la piel.

Lunes 07 de Octubre de 2019

El impacto ambiental y los daños sanitarios que provocó en la población de Bombal una fumigación no autorizada en un establecimiento rural motorizó una investigación judicial a instancias de una denuncia impulsada por la Comuna.

La negligente acción registrada días atrás quedó al descubierto por "el fuerte olor a veneno" que percibieron vecinos de esta pequeña localidad del departamento Constitución que no tardaron en manifestar su malestar, especialmente a través de las redes sociales.

La presencia de agrotóxicos pululando en el ambiente se tornó irrespirable por la influencia del viento que agravó la situación y al cabo de un tiempo se tradujo en consecuencias indeseables.

Más de una decena de bombalenses sufrieron afecciones en las vías respiratorias, erupciones en la piel, entre otros síntomas de intoxicación causados por la fumigación realizada aparentemente con un peligroso herbicida conocido como 2,4 D.

Y sus efectos nocivos también habrían desembocado en la muerte de al menos un equino cuya propietaria hizo una presentación judicial que se suma a la causa que está en manos del fiscal de Melincué, Matías Merlo, quien ya dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales.

En tal sentido se tomaron muestras de tierra en distintas zonas del campo donde se desarrolló la aplicación a fin de identificar los agrotóxicos utilizados y el grado de peligrosidad para la salud de la población.

A ello se suma, entre otras actuaciones, que ya prestaron declaración testimonial casi una veintena de vecinos damnificados por el suceso que tuvo en vilo a la comunidad el pasado 13 de septiembre en horas de la noche cuando fue sorprendida por los embates de una fumigación clandestina registrada en una estancia ubicada a poca distancia del casco urbano.

La denuncia comunal apunta contra la propietaria del establecimiento, que reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dos hombres de Alcorta de los cuales uno es locatario y el otro titular del equipo aspersor (llamado mosquito) con el que realizó la aplicación sin contar con permiso del gobierno local y "violando las disposiciones legales que rigen en la materia"

La denuncia

Tal comportamiento trajo aparejado que la aspersión del liquido utilizado "llegue masivamente a nuestra localidad provocando daños y molestias al inhalar el fuerte olor del agroquímico", indicó el jefe comunal, Carlos Gabbi, en el escrito que presentó ante la Unidad Fiscal de Melincué.

En ese marco acusó a las "partes involucradas" de "incumplir con la obligación de presentar la receta de aplicación expedida por un ingeniero agrónomo del producto usado impidiendo por ende el control de la comuna de Bombal para enviar un veedor" a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente sobre el tema para prevenir problemas como los suscitados.

Y a ello se suma como ingrediente que los presuntos responsables de lo sucedido intentaron ocultar su accionar cuando un integrante de la Guardia Urbana se dirigió al campo tras un llamado de alerta dando cuenta de un "olor terrible a agroquímicos" en el poblado que vendría de una estancia cercana.

Al llegar al lugar indicado y "comprobar que estaban fumigando con un mosquito de gran porte" el agente comunal realizó insistentes señas de luces con el objetivo de que se acercase hacia el sector de ingreso donde detuvo el vehículo para observar lo ocurrido.

Luego de no obtener respuesta y advertir que seguía adelante con la aplicación optó por filmar la escena con su celular para documentar la situación al tiempo que se comunicó con la policía para que concurriese al lugar a frenar la fumigación ya que "el viento soplaba incesantemente" y ello podría acelerar el desplazamiento de los agrotóxicos hacia el pueblo, como lamentablemente ocurrió. Cuando el móvil policial arribó al sitio indicado el fumigador apago las luces para ocultarse en medio de la oscuridad y alejarse del sembradío donde estaba trabajando al margen de la ley.

La desaprensiva actitud, sumada a las consecuencias que generó, derivó en la denuncia que motivó la investigación judicial requerida por la comuna de Bombal que, en ese marco, solicitó que se impute a los acusados por el delito de contaminación ambiental dolosa invocando como antecedente un fallo judicial dictado en la provincia de Córdoba y ratificado por la Corte Suprema de la Nación por el cual se condenó a tres años de prisión a agricultores y fumigadores que infringieron la ley que regula el uso de agroquímicos con acciones similares a las registradas en Bombal.

La denuncia refiere a que la supuesta aplicación del "poderoso (herbicida) 2,4 D puede ser absorbido por vía oral cutánea o inhalación" además de hacer hincapié en la posibilidad de que haya contaminado "las reservas de agua potable" ya que una de las plantas de la cooperativa que presta el servicio se encuentra a pocos metros del lugar del hecho.

Asimismo plantea como argumento que "el Ministerio de la Producción estableció en su resolución Nº 135 un límite de más de mil metros de la planta urbana, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos y lagunas en curso así como pozo de extracción de agua para consumo, hecho que no fue tenido en cuenta por los infractores" que tampoco repararon en "el direccionamiento del viento", lo que influyó para agravar el problema en "detrimento" de los vecinos-

Y por tal motivo instó a la Justicia, con éxito, para que "allane el campo, se hagan los dosajes de la tierra y determinen los agro tóxicos y su peligrosidad para la población".

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario