Un inesperado episodio se produjo en Casilda cuando agentes de la policía provincial se acercaron para identificar y requerirles antecedentes a manifestantes que participaron de la marcha desarrollada en la Plaza de la Fuente en el marco de los las actos de repudio al fallo de la Corte que aplicó el 2x1 a un represor.
El confuso suceso fue interpretado por los organizadores de la actividad como una acción "intimidatoria de violencia institucional" y motivó la presentación de un pedido de informe en la Cámara de Diputados de la provincia para que el Ejecutivo explique a través de los organismos que correspondan las razones del cuestionado accionar protagonizado por integrantes de la fuerza de seguridad. Y también prevén denunciar lo ocurrido ante la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.
El hecho se registró la noche del miércoles al culminar la movilización convocada por el grupo Unidos por la Memoria y Ante el Olvido de Casilda (Umano) y de la que participaron diversas instituciones, organizaciones, y fuerzas políticas locales además de referentes de localidades vecinas.
En ese contexto personal policial interceptó a docentes, estudiantes y militantes políticos que ya se retiraban del predio a fin de requerirles bajo el argumento de que estaban realizando tareas "preventivas" datos personales además de consultar los motivos por los cuales se encontraban reunidos allí.
Los uniformados sorprendieron ante la inesperada requisitoria y tras recabar la poco información que pudieron ser retiraron del lugar en medio de un clima de desconcierto.
Un episodio similar se produjo en 2013 cuando también la policía interfirió en una actividad vinculada a la defensa de los derechos humanos llevada adelante por la agrupación Jóvenes para la Victoria y que consistía en pegar en distintos lugares de la vía pública calcomanias con la imagen de los pañuelos de las Madres de Plaza Mayo.
En esa oportunidad justificaron la acción al invocar una presunta contravención, lo que resultó tan frágil como el argumento utilizado ahora para presuntamente disimular "un amedrentamiento". "Evidentemente detrás de esta acción hay un claro acto de intimidación", dijo una de las integrantes del grupo Umano, Sandra Michelón, para sintetizar la gravedad de lo sucedido. Y similar postura manifestó la presidenta de la Juventud Peronista del departamento Caseros, Franca Bonifazi, al indicar que se trató de "un atropello que alarma y preocupa más aún porque el propio gobierno provincial declaró a través del Ministerio de Educación que la actividad de protesta contra el 2x1 sea tomada como una jornada de reflexión y debate, mientras por el otro lado la fuerza de seguridad realiza este tipo de amedrentamiento, lo que constituye al menos una contradicción que merece una explicación".
El proceder policial habría sumado como ingrediente la advertencia a los manifestantes de que no podían ocupar el espacio público sin contar con autorización, lo que contradice las normativas locales vigentes. Es que la ordenanza local N452/92 que regula la ocupación del dominio público excluye de reglamentación y tributación a aquellas actividades que no tengan ningún fin de lucro o empresarial, por lo que "el argumento esgrimido resulta inadecuada y debe investigarse al respecto", según se destaca entre los fundamente del proyecto presentado en Diputados para pedir información al Ejecutivo provincial sobre lo acontecido en esa ciudad.