Legislar contra el negacionismo parece ser una deuda de la democracia argentina. Y el debate se reabre en Santa Fe luego que dos funcionarias públicas se expresaran en favor del genocida Jorge Rafael Videla. El año pasado fue la intendenta de Sastre, María del Carmen Amero de Brunazzo (Frente Progresista Cívico y Social), quien escribió un texto en Facebook que cerró rápidamente aludiendo que la habían hackeado. Y esta semana, a poco de asumir, la presidenta comunal de Clason, Laura Ibars (Juntos por el Cambio), publicó un posteo del mismo tenor por el que ya el fiscal general de Rosario, Adolfo Villate presentó una denuncia penal.
"En Argentina hay proyectos de ley a nivel nacional, pero nada más. De todos modos, no estoy de acuerdo en que se sancione a cualquier ciudadano, pero sí a los funcionarios públicos: tendría que ser una obligación para ellos respetar la democracia porque además hay un plexo normativo y buena cantidad de tratados firmados por la Argentina que la obligan a denunciar a quienes ejercieron el terrorismo de Estado y resarcir a las víctimas", respondió la directora de Derechos Humanos del municipio, Alicia Gutiérrez.
La funcionaria se explayó al explicar su postura y dijo que "con algunos jóvenes hay que trabajar el tema, pero no desde la prohibición, porque transgredirla tiene cierta atracción: mejor apelar a la comprensión y, por otro lado, hay que saber que una ley que caiga a un ciudadano común sería resistida bajo el amparo del derecho individual y la coerción de la libertad de expresión".
Por otra parte, la abogada del organismo HIJOS de Rosario, que agrupa a hijos e hijas de desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar, Nadia Shujman, "el Derecho Penal no debe ser la respuesta a todo".
Con esta frase resaltó que en Europa no se logró detener el "negacionismo" por penarlo y añadió que hay que debatir todo, principalmente la palabra "negacionismo". Porque para quien fue querellante en los juicios de lesa humanidad que se llevaron adelante en Rosario y estuvo al frente de las condenas históricas a los genocidas de la última dictadura cívico, eclesial y militar, "una cosa es que se tenga una postura crítica, por ejemplo, contra la lucha armada, y otra decir que no hubo torturas y genocidio durante la dictadura".
Shujman propuso tratar estos los temas, sin simplificaciones y atendiendo las distintas miradas, sobre todo con los jóvenes.
"Nosotros desde HIJOS, en marzo, justamente organizamos un debate donde se discutieron las disputas sobre la memoria colectiva frente a los negacionismos". Se refirió así a un encuentro donde participaron junto a ella, el sociólogo especialista en las prácticas genocidas, Daniel Feierstein y la historiadora e integrante de la comisión provincial por la memoria de junto a ella Buenos Aires, Sandra Raggio.
De todos modos, ante los casos de las funcionarias santafesinas fue contundente: "Si alguien ocupa un cargo en alguno de los tres poderes, debe tener vedadas las expresiones contrarias a normas democrativas elementales y debe saber que manifestaciones así tienen consecuencias para su cargo".
También la diputada provincial del bloque Justicialista Matilde Bruera y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal, Norma López, tras las expresiones de Ibars propusieron inmediatamente sancionar una ley que pene el negacionismo para funcionarios de Estado. Y la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol, dijo que todos lo que tienen una responsabilidad pública deben manifestarse contra expresiones en contra de la democracia.
Proyectos que no prosperan
En 2017 se presentó un proyecto en Diputados de la Nación contra el negacionismo, de manos de Nilda Garré (Frente de Todos). En 2019, la iniciativa con el mismo tenor la presentó Horacio Pietragalla Corti(entre los santafesinos firmaron Josefina González y Agustín Rossi) y en 2021, el diputado Eduardo Fernández planteó avanzar con el proyecto.
La iniciativa incorpora al Código Penal los delitos de negacionismo, apología de genocidio y crímenes de lesa humanidad (otra iniciativa de la legisladora santafesina por el Frente de Todos Patricia Mounier hace eje en la misma clave).
Además, estos proyectos fijan penas de prisión leves y sanciones económicas, según los casos. Y establece obligaciones específicas para funcionarios y funcionarias públicas de todas las jerarquías y jurisdicciones (por su responsabilidad pública, se profundizan las sanciones e inhabilita a sus autores a ocupar cargos públicos durante el tiempo de la condena e incluso los conmina a la realización de una capacitación en materia de derechos humanos, regímenes autoritarios y crímenes de lesa humanidad).
En los considerandos, se describe cómo "un grupo minúsculo de personas" incluso "funcionarios públicos, niegan el terrorismo de Estado y hacen apología" de ese plan sistemático de tortura, desaparición de personas y de robo de bebés.
Unos ejemplos sirven para retratar a que refiere el proyecto cuando habla de esa negación.
El senador santafesino Lisandro Enrico (UCR) y el diputado nacional Gabriel Chumpitaz (PRO) postearon este año en referencia al Día de la Memoria: “Es una fecha para repudiar toda forma de violencia política, no solo la que se hizo desde el Estado, sino también la que se hizo desde fuera del Estado”, expresó Enrico. Mientras que Chumpitaz resumió: “Ni terrorismo de Estado. Ni terrorismo subversivo”.
El diputado libertario José Luis Espert dijo: "No soy ningún negacionista de la dictadura. A lo sumo estoy convencido de que hubo dos demonios. Sí niego que hayan sido 30 mil desaparecidos".
También en la semana de la Memoria, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, había reclamado una “memoria real” de lo sucedido durante el golpe de Estado que inició en 1976.
En tanto, los legisladores porteños que responden a Javier Milei se negaron a acompañar el repudio al terrorismo de Estado, mientras que intendentes de Córdoba y Mendoza salieron a declamar que no hay 30.000 desaparecidos. Y un vocero libertario tomó fotografías frente a la ex Esma posando en un falcón verde.
Penas por negar el Holocausto y genocidios
"Los ciudadanos que niegan la importancia o la mera realidad del Holocausto judío o del genocidio armenio pueden afrontar distintas situaciones penales según los Estados en los que residan: en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Gracia, República Checa y Suiza, entre otros países, negar el Holocausto se considera un delito", se lee en el proyecto que agrega que en Francia, la ley de Igualdad y Ciudadanía (Égalité et citoyenneté) prevé penas de hasta un año de prisión y una multa de hasta 45.000 euros para aquellos que nieguen públicamente genocidios reconocidos por el país.
En Alemania la norma contempla específicamente los crímenes cometidos por el régimen nazi. Si alguien llegara a negar el genocidio nacionalsocialista, la justicia alemana puede llegar sancionar con una multa o una pena privativa de hasta cinco años.
En Austria, la reformada ley de prohibición (Verbotsgesetz) prevé una pena máxima de 20 años de prisión para quien reconstituya el partido nazi o una organización similar, propague su ideología o niegue los crímenes nazis contra la humanidad, especialmente el holocausto judío. Asimismo, determina penas de 1 a 10 años de prisión para aquellos que difundan de forma impresa o por otros medios de comunicación expresiones negacionistas o que justifiquen o banalicen el genocidio nazi u otros crímenes nazis contra la humanidad.
En España y en Suiza la legislación señala como delito la negación de cualquier crimen contra la humanidad.
En Argentina solo rige el artículo 213 del Código Penal en que se considera apología de delito contra el orden público cuando una persona, públicamente, expone por cualquier medio ideas o doctrinas que ensalzan un delito o enaltecen a su autor.
