No hay precisiones sobre el comienzo de la conducta de venta de terrenos de modo irregular, pero la primera denuncia "que destapó la olla" fue asentada en 2020 cuando un matrimonio adquirió terrenos en la localidad. Fue el inicio de una serie de presentaciones que se profundizó en la medida en que el caso fue adquiriendo notoriedad pública. Tras ello, sucedieron otras denuncias penales y en el fuero civil y comercial y ahora, tras una presentación en Diputados, intervendrán otros organismos del Estado para avanzar en el conflicto en el que se encuentra inmersa la administración comunal del departamento San Jerónimo.
Los primeros denunciantes se contactaron con la secretaria de la comuna y allí les dijeron que había lotes para la venta. "Cuando vinieron los atendió la presidenta comunal quien les aseguró que había cinco parcelas disponibles y que otros potenciales compradores estaban interesados", explicó a este diario el representante de los damnificados y también denunciante en otras causas, el abogado Sebastián Darrichón.
Después de que el matrimonio volvió a su ciudad les preguntaron a través de mensajes de texto si estaban decididos a comprar los terrenos porque había otros interesados y necesitaban cerrar la operación. En ese intercambio de negociaciones la secretaria de la comuna le pidió que hicieran una transferencia a la cuenta de la comuna de Gaboto, operación que se concretó en julio de 2020 cuando ingresaron a las arcas comunales 500.100 pesos.
Después, fueron a la comuna y la presidenta, Sandra Aguirre (asumió por el SI-Frente Progresista Cívico y Social y en las últimas elecciones fue por Lealtad y Dignidad-PJ) -quien comenzó su mandato en 2015 y actualmente transita su cuarto período- les firmó recibos por 800 mil pesos, les cedió derechos y acciones posesorios sobre distintos inmuebles que ya tenían propietarios. “Cuando esta gente tomó posesión se encontró con que los vecinos les dijeron que los terrenos no pertenecían a la comuna y que tenían dueños”, narró Darrichón.
Los frustrados propietarios llamaron a los auténticos dueños, éstos se hicieron presentes en el lugar y le exhibieron la documentación correspondiente con lo que los disuadieron de sus intenciones de tomar posesión. En ese punto fueron nuevamente a consultar a la comuna y allí les dijeron que los terrenos pertenecían a la comuna pero que estaban tramitando la escritura a nombre del órgano oficial y que realizarían la transferencia del dominio.
"Esta gente se quedó tranquila en primera instancia porque habían transferido a la cuenta comunal, los había recibido su presidenta y otros empleados y creyeron en la palabra de Aguirre. Pero cuando fueron a introducir mejoras en el terreno volvió el dueño con la documentación, consultaron a un abogado y se dieron cuenta que habían sido estafados", remarcó el abogado.
Cuando se lo plantearon a la presidenta comunal, les otorgaron otros cuatro terrenos a modo de compensación. En esta oportunidad volvieron a firmar documentación y cuando fueron a tomar posesión se repitió la historia: los nuevos vecinos les explicaron que no eran los primeros en llegar, que pasaron otros anteriormente y que, en realidad, esos lotes pertenecen a la sucesión de una familia de Maciel que nunca abandonó esas propiedades y que, incluso, tenían al día sus impuestos.
Cuando estas personas volvieron a reclamar a la comuna, comenzó el círculo nuevamente y tras otra afirmación de que los terrenos pertenecían a la comuna volvieron a los terrenos. Esta vez los propietarios concurrieron con un abogado que les exhibió los títulos de propiedad. En ese punto de la historia, los compradores engañados intentaron realizar nuevos reclamos, pero desde la comuna ya no les atendieron sus llamados telefónicos y no obtuvieron más respuestas.
"El año pasado se pidió una mediación prejudicial obligatoria, se citó a la presidenta de la comuna y a los miembros de la comisión comunal pero el trámite se cerró porque nunca comparecieron", explicó Darrichón. En consecuencia, iniciaron una acción por daños y perjuicios en el Juzgado Civil y Comercial de la 1ª Nominación de San Lorenzo y se trabó una medida cautelar que consiste en un embargo por más de un millón de pesos para cubrir los gastos del litigio. También se radicó la denuncia por estafa en el MPA en San Lorenzo.
Esta causa empezó a tramitar, tomó estado público y empezaron a aparecer otras personas como el caso de Reinaldo Pereyra, cuyos padres tenían posesión de una casa en Gaboto y estaban tramitando la escritura a través de un juicio de usucapión. Cuando sus padres murieron, Reinaldo alquiló la casa a una familia que luego de un tiempo, sorpresivamente dejó de pagarle el alquiler. Cuando el dueño fue a reclamar su pago los inquilinos le dijeron que habían comprado la propiedad a la comuna y le exhibieron documentación.
"No solo que la comuna le dio certificado de posesión como si lo hubiesen adquirido, sino que además dividieron el terreno y el hermano de quien era la tesorera de la comuna comenzó a construir allí una vivienda. Se radicó la denuncia y tras ese caso comenzaron a aparecer otros damnificados”, explicó Darrichón y añadió que "conocemos al menos 10 denuncias. La primera se asentó en 2016 cuando una señora de apellido Palermo denunció que la comuna había vendido los terrenos de la sucesión de su familia. En aquel momento no le habían dado demasiada importancia, pero ahora se acreditó la entidad del pago con los comprobantes de transferencias bancarias".
Según el abogado, esto además indicaría que "los balances de la comuna son apócrifos" porque en ninguno de ellos figuran ingresos por venta de terrenos y con eso derivan muchas otras cuestiones. Con estos casos se conformó el primer escándalo en torno a la venta de terrenos pero después sucedieron dos hechos más de suma gravedad que también fueron denunciados.
Cheques extraviados y renuncias
Más tarde la presidenta comunal denunció el extravío de 78 cheques por una suma de 9,5 millones de pesos. “Cuando revisamos la denuncia, descubrimos que había una bicicleta financiera. La comuna toma plata y otorga cheques en garantía y esa gente no puede después ejecutarlo judicialmente porque no tiene una causa legítima que le permita iniciar la acción cambiaria. Lo que hacen es impedir que los cobren y obligarlos a renegociar. A esto lo denuncié en el MPA, hice una presentación en el Banco Municipal de Rosario porque los 78 cheques no son correlativos, pertenecían a distintas chequeras y para que el banco informe por qué seguían actuando de esa manera cuando pedimos un listado de denuncias en el MPA de San Lorenzo y no es la primera vez que la comuna denuncia la pérdida de cheques, sino que hay al menos 10 o 12 presentaciones de este tipo.
Según contó Darrichón, el Banco Central informó que hay más de 14 millones de pesos en cheque rechazados en el último mes, una cifra que en la última semana creció a 16,3 millones.
Como consecuencia de la situación que, sobre todo en los últimos meses alcanzó ribetes de escándalo, fueron renunciando distintos miembros de la comisión comunal. La misma está compuesta por cuatro miembros por la mayoría y uno por la minoría y, en lo que va del 10 de diciembre hasta la actualidad renunciaron tres tesoreros y el vicepresidente.
"En la última asunción de un tesorero se hizo cargo una persona que no fue electa, lo que apunta una gravedad institucional tremenda y creo que no hay antecedentes en la región", explicó Darrichón y añadió que "también se hizo la denuncia por esa razón en el MPA, en el Tribunal Electoral y se trató el en Asuntos Comunales de Diputados.
En Diputados
En esta reunión el tema central fue la usurpación de títulos y honores y usurpación de autoridad prevista en el Código Penal por la asunción de una persona a una función pública sin haber sido electa y se decidió dar intervención al Ministerio de Gestión Pública y a la Subsecretaría de Comunas y a la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas para que verifiquen la situación. Se trató además, el tema de las estafas inmobiliarias y las denuncias por los cheques.
Las denuncias
Respecto a las exposiciones realizadas están tramitando actualmente en sede penal por la acusación de asociación ilícita, estafas inmobiliarias, denuncias falsas, la emisión de cheques sin fondo y la usurpación de autoridad. Por esta vía, varios damnificados solicitaron constituirse como querellantes. También se hicieron denuncias por malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario púbico, entre otras. En sede civil hay al menos tres acciones por daños y perjuicios en los cuales en uno de los casos ya se trabó un embargo a las cuentas de la comuna como medida cautelar.
El abogado Darrichón lleva adelante la causa penal respecto a varios compradores damnificados. En las estafas inmobiliarias solicitó presentar como querellante a un grupo de clientes. Respecto a las denuncias relacionadas con los cheques y a la usurpación de títulos y honores es denunciante a título personal. Además, hizo las presentaciones en la Cámara de Diputados.
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Según detalló, "las causas más avanzadas son las relacionadas a las estafas inmobiliarias por ser las que se presentaron en primer lugar. Por estos días están tomando entrevistas testimoniales, se solicitaron informes a bancos y otros organismos y se presentaron copias certificadas de recibos, cesión de derechos y movimientos de cuentas a la comuna, entre otra documentación que constituye un cúmulo de evidencias destinado a acreditar lo ocurrido. "La certificación de los depósitos a la cuenta comunal y la firma de la presidenta comunal estampada en los recibos y documentos de sesión de derecho son irrefutables", explicó Darrichón.
"Además se plantean cuestiones ilógicas. La comuna vende terrenos que dice que son propios y al mismo tiempo les cobra impuestos a los titulares registrales", se ofuscó el abogado y aclaró que de ese modo se generan acciones que son excluyentes: "generan expedientes de apremios fiscales para cobrarles la tasa comunal y al mismo tiempo le venden sus terrenos a otra gente".
"El tema de los terrenos era un secreto a voces. Todos sabían que en algún momento habría problemas. Incluso había punteros políticos que utilizaron este sistema como moneda de cambio para las distintas elecciones. Hasta llegaron a parcelar y entregar a la gente los terrenos que pertenecen al ferrocarril", dijo Darrichón y concluyó que: "actualmente en la comunidad hay un gran descreimiento sobre el accionar de la Justicia y las instituciones y una gran indignación por la banalización de la gestión pública".
