La Región

Confirman el procesamiento de 26 personas por estafas inmobiliarias

Las maniobras se realizaban sobre inmuebles de la capital provincial, Rincón y Sauce Viejo. Tres involucrados son escribanos.

Jueves 15 de Febrero de 2018

La detección —dicen que por casualidad—, de un escribano certificando la transferencia de una propiedad 14 años después de haber muerto, disparó primero la curiosidad, luego la discreta investigación interna y finalmente la pública denuncia—escándalo mediático incluido— del entonces ministro de Justicia, Roberto Vicente, y la directora general del Registro General Santa Fe, Nora Mauro, en los tribunales capitalinos, donde ahora se confirma el procesamiento de 26 involucrados entre escribanos y empleados del Registro de la Propiedad.

El juez de Instrucción, Darío Sánchez, quien dictó los procesamientos que se conocieron en las últimas horas, les ordenó un embargo a cada uno por cifras que varían entre los 50 y 100 mil pesos.

Los principales acusados procesados como presuntos coautores de los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público, estafa y asociación ilícita en concurso real entre sí", son tres escribanos de la capital provincial.

El resto de los acusados son otras 23 personas que pusieron su firma para lograr así la estafa denunciada, mediante la participación de empleados de la Dirección General de la Propiedad de Santa Fe.

En relación a éstos últimos, ayer el gremio ATE emitió un comunicado en el que recuerda que en relación con la llamada "mega estafa de las escrituras falsas", el pedido de investigación judicial "fue realizado desde la propia Dirección del Registro, estando a disposición de la Justicia desde el primer momento; así como el hecho de que al día de la fecha, en la totalidad de la causa, no existe ningún empleado de la repartición involucrado y mucho menos procesado judicialmente".

El gremio de estatales busca así llevar tranquilidad a los más de 120 trabajadores que conforman la institución, así como a sus familias y allegados pidiendo que "se deje de manifiesto esta situación y se aclare la absoluta carencia de responsabilidad de todos los compañeros de tareas".

Calificaciones jurídicas

El procesamiento dictado por el juez Sánchez determinó distintas calificaciones jurídicas para los 26 imputados. Como "partícipes primarios de falsedad ideológica de instrumentos público, coautores de estafa y asociación ilícita" a catorce integrantes: Ricardo Pedro A.; Jorge Horacio D. P.; Julio David D.; Miguel Angel D.; Alberto Luis E.; Abel G.; Raimundo L. B.; Eduardo M.; Gustavo O.; Raúl Arsenio M.; Tomás Rubén N.; Diego Marcelo P.; Urbano P.; y María Cristina M.

Por "partícipe primario de falsedad ideológica de instrumento público y asociación ilícita" fue procesada Miriam M. O. Asimismo, y, como coautores de los delitos de "estafa y asociación ilícita", Rolando Luis V., Jesús V. y Carmelo Antonio L.

En tanto, los escribanos incolucrados fueron procesados como coautores de los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público, estafa y asociación ilícita en concurso real entre sí" y a su vez, Daniel T. fue sindicado como partícipe principal de la "estafa, falsedad ideológica y por ser parte de una asociación ilícita". En la misma línea, quedaron también Elbio Rubén R., Miguel C., Cristina U. y Edelvis P. Todos seguirán en libertad.

Modus operandi

Según determinó la justicia, mediante el acceso a información calificada y privilegiada sobre la situación de determinados inmuebles o propietarios de Santa Fe, Rincón y Sauce Viejo, los estafadores lograban transferir la titularidad de los mismos a otros dueños (de buena o mala fe, también se determinará), sin que sus legítimos propietarios o sus respectivos herederos se hubieren anoticiado.

El acceso a la base de datos del Servicio de Catastro e Información Territorial, a los efectos tributarios fue fundamental para la comisión de los delitos.

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