El Tribunal de Segunda Instancia de Vera confirmó la condena impuesta a dos funcionarios de la delegación Reconquista de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) como autores de una maniobra delictiva por la cual se usaron fondos públicos para comprar combustible al que no se le daba el destino que correspondía.
Los camaristas José Antonio Mántaras, Eduardo Alberto Bernacchia y Roberto Oscar Reyes ratificaron la sentencia a tres años de prisión de cumplimiento efectivo impuesta en 2017 al jefe de la Oficina de Combustible y Lubricantes de la DPV, Delfino Andrés Scarel, y al jefe de la Zona 1 Reconquista del mismo organismo, Osvaldo Sánchez.
El fallo en primera instancia había sido dispuesto por el juez Mauricio Martelossi en un juicio oral y público realizado en los Tribunales de Reconquista en junio de 2017 y donde también resolvió condenar a los funcionarios a inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Ello fue el colorario de una investigación encarada por el fiscal Rubén Martínez, quien también representó al Ministerio Publico de la Acusaciación (MPA) en la instancia de apelación.
Fraude
La confirmada condena a Scarel, quien tiene 67 años, fue en carácter de coautor del delito de fraude a la administración pública y como autor de los ilícitos de falsificación ideológica de documento y uso de documento falso o adulterado, todo en concurso ideal. En tanto que Sánchez (60) fue condenado como coautor de fraude a la administración pública y responsable del delito de uso de documento falso o adulterado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo en concurso ideal.
La sentencia del Tribunal de segunda instancia también confirmó la absolución que se había ordenado para un hombre de 61 años identificado como Aldo Juan Daniel Mian. Se trata de un delegado gremial a quien el fiscal había imputado como autor de encubrimiento de los delitos cometidos por los dos funcionarios de la DPV además de atribuirle haber coaccionado al padre del empleado que hizo la denuncia que motivó la investigación.
Confirmada
"Estamos ante un caso de corrupción; de ahí la importancia que tienen tanto la condena en primera instancia como esta confirmación en segunda instancia", sostuvo el fiscal Martínez para luego agregar que "si bien los camaristas rechazaron nuestras pretenciones en cuanto al monto de la pena, resolvieron confirmar los tres años de condena impuestos a cada uno".
La investigación del caso se inició por una denuncia realizada el 6 de abril de 2015 por Javier Ruiz Díaz —también empleado de DVP— en la Unidad Fiscal Reconquista, lo que permitió establecer a través de "las pruebas contables llevadas a cabo que se usaron fondos públicos para pagar combustibles que nunca llegaba efectivamente a los campamentos de Vialidad", detalló el fiscal del caso al tiempo que puntualizó que "se le daba otro destino, pero el pago se hacía con partidas oficiales asignadas" a esa repartición.
Asimismo señaló que "ante el conocimiento de que su maniobra había sido descubierta, el funcionario Scarel compró 1.300 litros de gas oil —la misma cantidad que la indicada en tres vales adulterados— con dinero propio y lo envió a los campamentos sin que éstos lo hubiera siquiera requerido".
En ese sentido, Martínez también detalló que "por el cargo que tenía en Vialidad, Scarel era quien realizaba los concursos de precios para la compra de combustible y desde 2006 ganó siempre la misma empresa".
Y sobre el jefe de la Zona 1, Sánchez dijo que "era quien autorizaba los pagos de las facturas por consumo de combustibles y firmaba los cheques" para finalmente explicar que "eran maniobras coordinadas destinadas a lograr un mismo objetivo: realizar fraude contra el Estado".
Hizo comprar la aeronave en Paraguay y le dijo a su contacto que el dinero no sería problema. Se preocupó hasta por el tiempo para subir al aparato. La meta de la violencia: hacer negocios.
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